Investigación por enriquecimiento ilícito contra el Ministro de Salud de la Nación

La instrucción de la causa que procura determinar si Juan Manzur, vicegobernador (con licencia) y ministro de Salud de la Nación, se enriqueció ilícitamente abordará la posible relación entre ese funcionario público y dos fideicomisos inmobiliarios. La ampliación fue decidida durante la segunda semana de este mes por Daniel Bejas, juez federal N°1, y director de la pesquisa iniciada en 2010, a partir de una denuncia de Oscar López, letrado y peronista disidente.

Como consecuencia de esa determinación, el magistrado autorizó el envío de oficios a la empresa Atrio SA para que esta detalle quiénes integran el fideicomiso Ibirá, que, según el denunciante, pretende construir un complejo de torres en la esquina de la avenida Salta y la calle Marcos Paz de esta capital. López sospecha que Manzur forma parte de ese emprendimiento (involucraría una superficie de 7.000 metros cuadrados). A posteriori, el juez dio el visto bueno a la propuesta de solicitar la nómina de consorcistas del edificio ubicado en la calle San Juan 433, que fue levantado por el fideicomiso Manos, también con la participación de la empresa Atrio SA. «He recibido documentación probatoria que desconozco si existe o no en la causa, de las propiedades que posee Manzur aparentemente como integrante de Manos», expresó López en el pedido de ampliación de la denuncia.

El fideicomiso Manos aparece en las dos primeras declaraciones juradas (ddjj) que el médico tucumano entregó a la Oficina Anticorrupción (OA) del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación en su carácter de ministro del gabinete de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la relación que confeccionó en julio de 2009, cuando accedió al cargo, consignó que debía $ 450.000 a Manos; seis meses después, en la ddjj 2009 (anual), apuntó que esa deuda ascendía a $ 390.000.

En 2007, cuando asumió como vicegobernador de Tucumán, Manzur habría declarado asimismo la propiedad de siete departamentos en el edificio de San Juan 433. Esa ddjj (al igual que la de 2003, correspondiente al ingreso del profesional al equipo del gobernador José Alperovich), tiene carácter secreto, según la Ley provincial N° 3.981, de 1973. Manzur habría expresado que el conjunto de las siete unidades mencionadas entraron a su patrimonio por un valor de $ 630.000. En la ddjj 2011, el funcionario consignó que había percibido $ 2.401.252 por la venta de siete departamentos en el centro de la capital tucumana (el formulario de la OA no exige precisar el domicilio).

Bejas accedió a ampliar la instrucción tras la intervención de Carlos Brito, fiscal federal N°1 (también a cargo de la Fiscalía Federal N°2). En una resolución del 28 de noviembre, el magistrado había desestimado el pedido de López (respecto del fideicomiso Ibirá) con el argumento de que no era viable la tramitación de constantes ampliaciones de la denuncia original (en total, el peronista disidente aportó datos nuevos a la pesquisa en cinco oportunidades, la última vez, a partir de tres informes publicados en este diario).

Contra esa decisión, Brito planteó un recurso de reposición y consiguió una respuesta favorable del juez. Entre otras razones, el fiscal planteó: «con la investigación del hecho a que hace referencia la ampliación… se estaría dando respuesta a los intereses generales de la sociedad».-