Juicio a la Corte. D’Alessandro faltó y sería llevado por la fuerza pública

La Comisión de Juicio Político pidió sancionar «por falso testimonio» a Silvio Robles, mano derecha del juez Horario Rosatti.

Este martes se reunió nuevamente la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este martes debía presentarse Marcelo D´Alessandro -exministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño- que no asistió a la citación.

Por ello, la Comisión resolvió volver a citar al exministro Marcelo D’Alessandro y advirtió que si no se presenta nuevamente pedirá la intervención de un juez para garantizar su presencia.

La Comisión también pidió este martes a la Corte Suprema de Justicia que evalúe sancionar «por falso testimonio» a Silvio Robles -mano derecha y asesor del presidente de la Corte Suprema, el juez Horario Rosatti-.

En este sentido, al iniciarse la reunión, la diputada Carolina Gaillard -titular de la Comisión- leyó la nota que también fue aprobada donde expresaba la intención de iniciar acciones disciplinarias sobre el testigo Silvio Robles debido a “la reticencia automática y permanente a cada una de las preguntas que le formularon al testigo”, detalló Gaillard.

Además, se anticipó que D´Alessandro avisó que «no podía asistir por razones personales» y propuso que se adopte «la misma tesitura que tomamos con los otros testigos, citándolo nuevamente para la próxima reunión bajo apercibimiento de darle conocimiento al juez competente», debido a que se trata de la segunda vez que no concurre.

De esta manera, Gaillard hizo referencia a Aldo Tonón -exdirector de la obra social de los trabajadores judiciales- quien compareció ante ese cuerpo en mayo pasado luego de que un juez le notificó que debía presentarse a declarar tras haber sido citado tres veces ante la negativa a concurrir porque está imputado en tres causas penales relacionadas con presuntas irregularidades en su gestión.

Asimismo, la diputada oficialista anunció que el camarista porteño Juan Ignacio Mahiques también pidió reprogramar su visita a la comisión «por razones personales»; así como el procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriel María Astarloa; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte; que también solicitaron ir otro día.

En tanto, los legisladores avalaron citar para la próxima reunión a Juan Bautista Mahiques -fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires- a exponer como testigo.

Por último, Gaillard informó que “se remitirá a la Justicia donde haya causas vinculadas a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, las cuales mencionó el diputado Rodolfo Tailhade (FdT), copia del informe preliminar donde consta los cargos, la prueba y la valoración”.

Dichas exposiciones iban a estar referidas a la causa Coparticipación, en el marco del juicio político a los Integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti por las causales previstas en el Art. 53 de la Constitución Nacional.

Los chats de WhatsApp

Por su parte, el diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) pidió sumar la citación del fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, «sin dejar sin efecto» la concurrencia del juez Juan Ignacio Mahiques, al sostener que «la persona que festejó su cumpleaños (en el hotel Four Seasons), al que habrían llegado juntos Robles y D’Alessandro, no sería Ignacio sino Juan Bautista».

Para el oficialismo, D’Alessandro es sospechoso de haber intercambiado chats a través de Whatsapp con Robles en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

El exministro porteño estaba convocado inicialmente para el martes pasado pero, a través de una carta enviada a la comisión, avisó que no podía concurrir por «motivos personales» y solicitó una reprogramación de la cita; al igual que la prevista para este martes.

«Por existir situaciones en el plano personal que me impiden concurrir a la convocatoria prevista, vengo a solicitar tengan a bien disponer una nueva fecha para cumplir en debida forma con la requisitoria de esa Comisión», había señalado D’Alessandro en la nota dirigida a Gaillard.

Las posibles sanciones a Robles

Robles, el principal asesor no letrado de Rosatti, que concurrió el martes pasado a la comisión, se negó a contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como «reticente a aportar información» y ahora pide que se lo sancione por esa actitud.

El testigo se amparó permanentemente en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8B del Reglamento de la Justicia Nacional para evitar contestar los requerimientos de los diputados del Frente de Todos (FdT).

En esa oportunidad, los legisladores del oficialismo aprobaron la realización de un careo entre Robles y el exadministrador de la Corte Héctor Marchi, quien en su momento afirmó que fue desplazado de su cargo porque se «negó a encubrir» al asesor de Rosatti.

Por su parte, desde Juntos por el Cambio (JxC) cuestionaron la utilización de los supuestos chats filtrados como elemento para interrogar a los testigos, más allá de la prueba de la huella de voz solicitada por el FdT como elemento para apuntalar la identidad de quiénes interactuaron en esas conversaciones de Whatsapp.

En el marco de la reunión, y respecto al fallo sobre coparticipación, Gaillard justificó el mal desempeño de los integrantes de la Corte en esa causa y leyó un escrito de la comisión en el que los legisladores sostienen que se trata de «una resolución arbitraria que contiene vicios jurídicos», donde se omitió -entre otras cuestiones- la intervención de las provincias y la ausencia de pautas objetivas en la determinación del porcentaje.

El expediente que analiza la comisión de Juicio Político está basado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso el pasado 21 de diciembre que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.-

 

Fuente: Congreso