Juicio Político a la Corte. Debate por la coparticipación

Presidida por la diputada Carolina Gaillard (FdT), la Comisión de Juicio Político a la Corte Suprema inició hoy el análisis del fallo con el que los Jueces supremos favorecieron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los fondos de coparticipación en perjuicios de las provincias.

“Hay posibles causales de mal desempeño y vamos a determinar si ocurrieron o no”, indicó Gaillard en relación al conflicto entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por los recursos de Coparticipación.

Ante la Comisión expuso el subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Diez, quien en calidad de testigo se refirió al fallo desde la óptica del Estado nacional: “La postura nacional frente a los decretos que le asignaron un 3.75% y, posteriormente, un 3.50% de coparticipación a la Ciudad fue dejarlos sin efecto en función de su ilegitimidad”.

Además, el funcionario indicó que “los vicios se relacionan con que la CABA tenía asignada una coparticipación del 1.4% y en el Convenio de traspaso de las fuerzas de seguridad “no fue estimado el costo que podía representar la ejecución y el cumplimiento de esos servicios ni se estableció ningún mecanismo para establecerlo”.

Ante consultas sobre el cumplimiento del fallo de la Corte, dijo que “la procuración no fue consultada formalmente acerca del curso de acción a seguir en lo relativo al cumplimiento o no de esa sentencia cautelar” y aclaró que se “interpuso un recurso al que entendemos corresponde aplicarle un efecto suspensivo, conforme la ley de medidas cautelares porque la cautelar suspende una ley”.

“Hasta donde tengo conocimiento el Gobierno nacional informó que se ponía a disposición de la Ciudad, lo que tenía en sus manos disponible en ese momento eran Títulos. Es una situación financiera que me excede pero fue para demostrar a la Corte que se actuaba de buena fe”, agregó el testigo.

Durante la reunión, el diputado Rodolfo Tailhade propuso una ampliación de pruebas con la incorporación de algunos testimonios y la “recepción de huellas de voz” del ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’ Alessandro, con el fin de “analizar su relación con el colaborador de la Corte Suprema Silvio Robles”. La votación de la propuesta del diputado resultó favorable.

En la misma línea, se aprobó la iniciativa del diputado Marcelo Casaretto para citar, tras las elecciones, al ex ministro del Interior: Rogelio Frigerio.

El diputado opositor, Juan Manuel López (de la Coalición Cívica -JxC-), aseveró que “todos sabemos que las pruebas de los chats son ilegales y por eso consideramos su inadmisibilidad” dijo en referencia a los escandalosos chats filtrados que prueban la connivencia entre funcionarios del poder ejecutivo de la Ciudad y funcionarios de la Corte.

Al comienzo de la reunión, la titular de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, informó que “hoy estaba citado el juez Juan Carlos Maqueda” pero aclaró: “no ha asistido ni ha presentado un informe por escrito”.

Además, la diputada explicó: “Vamos a avanzar con la creación de una subcomisión interna para continuar con la investigación sobre las irregularidades de la Obra Social judicial, conformada por tres miembros del oficialismo y dos miembros de la oposición”.

La Comisión continúa el martes 11 de julio a las 13:00 horas, reunión en la que se presentarán como testigos: Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación (BNA) y ex secretaria de provincias; Gabriel Astarloa, procurador del Tesoro de la Ciudad;  Alejandro Rodríguez, secretario de Juicios Originarios de la CSJN; y fiscales federales de Estado de las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja y Santa Cruz.-