La elección de Fiscales que hizo Urtubey es una «infracción al deber ético republicano»

Así no, Juanma

/ El Colegio de Abogados emitió un comunicado en el que se refirió a la designación de los nuevos fiscales penales. El documento califica la elección de la terna como una «infracción al deber ético republicano», ya que no se tuvieron en cuenta los puntajes obtenidos por los candidatos /

Tras la polémica suscitada por la elección de Maximiliano Troyano como uno de los cuatro nuevos fiscales penales de la provincia; las críticas comenzaron a llover sobre Juan Manuel Urtubey; quien no tuvo en cuenta las calificaciones obtenidas por los candidatos en los exámenes tomados por el Consejo de la Magistratura, y eligió a dedo, amparándose en sus facultades.

El Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia emitió en las últimas horas un comunicado en el que hace referencia a las designaciones. El comunicado hace hincapié en la decisión de Urtubey de no tener en cuenta las calificaciones emitidas por el Consejo. «Es deber de la abogacía salteña señalar el peligro que entraña para una república y sus instituciones, poner en tan baja consideración pública a los magistrados cuya única obediencia debiera ser a la Constitución y la Ley», expresa el texto, y se agrega que el gobernador recayó en una «infracción al deber ético republicano de explicitar de manera pública y fundada las razones que lo asistieron para realizar tal elección, dejando de lado a postulantes que obtuvieron un mejor puntaje».

El comunicado completo, a continuación:

Designación de nuevos fiscales penales

Pronunciamiento Institucional

En razón de haber tomado estado público la cuestión suscitada por la remisión de los pliegos de cuatro abogados por el Poder Ejecutivo Provincial al Senado para cubrir los cargos de fiscales, el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta se dirige a sus matriculados, la comunidad y a las autoridades públicas a fin de hacer conocer su opinión institucional respecto de este tema.

Cuando aviesamente en los medios de prensa pretende instalarse la idea en la sociedad de que lo aludido precedentemente no se trata más que de una lucha de poder, utilizando a jueces y fiscales (de allí la expresión bastarda de «Jueces de Romero» y «Fiscales de Urtubey»), es deber de la abogacía salteña señalar el peligro que entraña para una república y sus instituciones, poner en tan baja consideración pública a los magistrados cuya única obediencia debiera ser a la Constitución y la Ley.

En este sentido entendemos que no corresponde que el eje central de la discusión pública sea la elección de un postulante en particular, elegido de una terna para el cargo de fiscal, ya que su idoneidad en el concurso ha sido examinada en su paso por el tamiz del procedimiento ante el Consejo de la Magistratura, más allá de la incorrección política y técnica de algunas de sus expresiones en el desempeño de la función pública. Si bien creemos que el titular del Poder Ejecutivo Provincial goza de facultades discrecionales en la selección de los candidatos cuya terna ha sido puesta a su consideración, corresponde señalar como única crítica, la infracción al deber ético republicano de explicitar de manera pública y fundada las razones que lo asistieron para realizar tal elección, dejando de lado a postulantes que obtuvieron un mejor puntaje.

Instalar socialmente que los fiscales no son independientes del poder político, ni de la jerarquía funcional yadministrativa de la Procuración General de la Provincia, es una pretensión que vulnera gravemente los principios republicanos. Aquí nuestra Institución debe reclamar sin concesiones, la plena vigencia de la autonomía funcional de los fiscales como una de las garantías más importantes de un régimen punitivo que proteja al débil y haga temer al poderoso ante el peso de la ley. Que puedan establecerse criterios generales de persecución penal en modo alguno pone a estos funcionarios bajo el mando de nadie, sino al servicio del pueblo. No hay mandatos particulares ni ordenes directas que pongan en entredicho esa independencia de criterio de los magistrados, para conveniencia de algunos y en perjuicio de otros.

El Colegio de Abogados y Procuradores de Salta advierte que innecesariamente se puso en duda la transparencia eimparcialidad del procedimiento de selección de los ternados, dado que concursaron y luego fueron elegidos los dependientes directos y funcionarios de la estricta confianza del Procurador General, quién debió excusarse como lo hacen los representantes de la matrícula ante el Consejo de la Magistratura en situaciones similares, conforme lo previsto en la ley 7016 que sanciona con la remoción en el cargo a quienes incurran en esta inconducta. Es importante dejar sentado que no dudamos de la solvencia técnica jurídica de los distinguidos al cargo, atento haber superado satisfactoriamente el examen evaluativo como refiriéramos precedentemente.

Ante lo expuesto, instamos a perfeccionar el sistema que posibilite el acceso a la magistratura a quienes gocen de independencia política, sectorial o grupal, siendo ajenos a toda subordinación funcional o temor reverencial, sumada a la necesaria idoneidad técnica, excelencia profesional y compromiso con la democracia y derechos humanos, en orden a desterrar el deterioro y retroceso institucional que implican estas prácticas de antaño. Es imperativo resaltar nuevamente que los jueces y fiscales no son magistrados de nadie sino de la Constitución. Allí reside su legitimidad y la tranquilidad de la sociedad ante el inmenso poder asignado a tales funcionarios.

Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta

Publicado por Cuarto Poder