La industria de la ayuda humanitaria: corrupción, neoliberalismo y estafa

El negocio de la ayuda humanitaria se expande por el mundo digitado por el dinero invertido por las potencias occidentales.

El 80% de los fondos de las ONG proviene de gobiernos. Los tres donantes más grandes son Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Gran Bretaña. Esto les permite decidir cómo y dónde se invierte y no eligen a los países más pobres sino donde tienen una agenda política.

La industria humanitaria hace circular 150.000 millones de dólares al año, su motor principal es la pobreza y su maquinaria clave son las organizaciones no gubernamentales (ONG). Estas pueden compararse con las grandes corporaciones: tienen que vencer a la competencia asegurando la mayor cantidad de donaciones para arrebatarle mercados a otras organizaciones.

El 80 por ciento de los fondos de las ONG proviene de gobiernos. Los tres donantes más grandes del planeta son Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Gran Bretaña. Esto les permite decidir cómo y dónde se invierte, en consecuencia, no eligen a los países más pobres sino donde tienen una agenda política.

Estos fondos públicos transferidos a sectores privados no sólo sirven para industrializar la corrupción neoliberal, sino para potenciar mecanismos de intervención internacional que evadan a los estados-nación en favor de los juegos de poder desarrollados por sectores económicos transnacionales.

Sobre esto, a continuación mostramos tres casos emblemáticos.

El pozo sin fondo de las ONG en Haití

Más de 10.000 organizaciones de ayuda humanitaria arribaron al país caribeño después del fulminante terremoto de 7.0 grados que sacudió Puerto Príncipe el 12 de enero de 2010. Las donaciones superaron los 9.000 millones de dólares y muchas de esas organizaciones ejecutaron sus proyectos mediante empresas privadas y sin ningún tipo de contraloría del gobierno local.

En 2016, el huracán Matthew dejó cientos de muertos, 1,4 millones de damnificados sin agua ni alimentos, y varias localidades quedaron completamente destrozadas, sobre todo en el suroeste del país. A seis años del terremoto, más de 60.000 haitianos aún vivían en casas temporales, con acceso limitado o nulo a servicios sanitarios ni médicos. El llamado inmediato de la Organización de Naciones Unidas (ONU) fue pedir un aporte urgente de otros 120 millones de dólares para aliviar la emergencia en la nación más pobre del hemisferio occidental.

Una significativa parte de las ONG con sede en Puerto Príncipe, la capital haitiana, solicitaron contribuciones a través de sus sitios web, y helicópteros del gobierno estadounidense llegaron con cargamentos de agua y arroz, como en 2010.

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Más de 99 por ciento del dinero terminó en las cuentas bancarias de las ONGs; juntas tenían más dinero que el gobierno de Haití y las autoridades locales que apenas recibieron algo de esa ayuda. A pesar de los miles de millones de dólares donados desde el terremoto de 2010 cabe preguntarse por qué Haití no estaba mejor preparado para la tormenta que llegó seis años después.

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Un ejemplo entre muchos: la Fundación Clinton ayudó a sus donantes a beneficiarse del terremoto, la Fundación Bill y Melinda Gates y la USAID establecieron la Iniciativa de Teléfonos Móviles en Haití. En enero de 2011, la empresa Digicel, del multimillonario irlandés Denis O’Brien, recibió el primer premio de 2,5 millones de dólares para que los haitianos pudieran recibir dinero a través de una red de telefonía móvil. En 2012, sólo dos años después del terremoto, la operación de Digicel en Haití obtuvo un beneficio de 86 millones de dólares de los 439 millones de dólares en ingresos en 2012.

O’Brien donó entre cinco y diez millones de dólares a la Fundación Clinton. En octubre de 2010, dos meses antes de que Digicel recibiera el dinero para ayudar a Haití, la compañía patrocinó un evento en Jamaica donde a Bill Clinton le pagaron 225.000 dólares para dar un discurso.

En julio de 2017, el ex funcionario haitiano Klaus Eberwein se presentaría ante la Comisión de Ética y Anticorrupción del Senado estadounidense para declarar contra la Fundación Clinton por la supuesta apropiación de las donaciones internacionales, pero no pudo ni podrá, ya que en esos días apareció su cuerpo sin vida con un disparo en la cabeza en un motel de Miami.

Somalia: piratería, hambruna y desvío

En 2010, un informe de la ONU alertaba cómo al menos la mitad de la ayuda humanitaria a esta nación del cuerno africano estaba siendo desviada. Sus destinatarios eran contratistas corruptos que la vendían al mejor postor, grupos sectarios islamistas y hasta los propios cooperantes de Naciones Unidas. El documento aseguraba además que el gobierno somalí colaboraba con los piratas y les proporcionaba visados para viajar a Europa.

Dicho informe recomendaba al secretario general de la ONU Ban Ki Moon la apertura de una investigación interna inmediata para aclarar lo ocurrido. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) no sale bien parado como responsable del reparto de la ayuda humanitaria en Somalia. Dicho organismo de la ONU, al que se destinaban 485 millones de dólares para paliar el hambruna de 2,5 millones de personas, aparecía como responsable del saqueo y la colaboración con carteles corruptos de distribuidores en todo el país.

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El PMA fue calificado como un organismo descompuesto según el documento: “Algunos recursos humanitarios, sobre todo comida, han sido destinados a los militares” y “un puñado de contratistas somalíes han organizado un cartel que se ha convertido en traficantes de poder (algunos de ellos canalizan sus beneficios o la ayuda en sí a grupos y milicias opuestas al gobierno)”.

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Allí se acusa también al gobierno somalí de enviar piratas a Europa en comitivas oficiales del gobierno. “Ministros somalíes, miembros del Parlamento, diplomáticos y agentes freelance han convertido el acceso a los visados en un negocio en alza, al que sólo puede tener alcance los piratas ”, dice una parte del texto, en el que se afirma que los pasaportes habrían costado entre 10.000 y 15.000  dólares.

Tanto el gobierno somalí como el PMA negaron la información, mientras los constantes rumores sobre el reparto de la ayuda humanitaria en Somalia provocaban situaciones como el retraso de nuevos cargamentos por parte de Estados Unidos.

Curiosamente, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos en 2010 era Hillary Clinton, sin embargo, años más tarde, específicamente en 2015, junto a K’naan Warsame, un artista de hip-hop y defensor de los piratas somalíes, participó en la conferencia de Clinton Global Initiative en Marruecos. “A mucha gente no le agrado por decir esto, pero yo apoyo a los piratas”, dijo K’naan en una entrevista de radio en 2009, argumentando que la piratería “realmente nos ayudó a limpiar nuestro medioambiente” al sostener barcos para rescate, incluidos algunos que arrojan desechos tóxicos fuera de la costa somalí.

Danza de dólares y sobreprecios en Siria

La Resolución 2165 del Consejo de Seguridad de la ONU en julio de 2014 permitió explícitamente a las agencias de la ONU entregar ayuda a través de las fronteras internacionales de Siria. Sin embargo, las ONG internacionales han estado trabajando de esta manera desde al menos 2012.

La mayoría de la ayuda en las áreas controladas por la oposición de Siria se envía a través de las fronteras desde Turquía, Jordania y ocasionalmente Líbano. El valor de la ayuda transfronteriza formal de los principales donantes es de al menos 500 millones de dólares por año.

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La cadena de suministro involucrada es un gran negocio. Los bienes y servicios adquiridos por el sistema de la ONU en Turquía aumentaron a medida que la guerra de Siria se alargaba: compró bienes por valor de 339 millones de dólares a Turquía en 2014, por encima de los 196,7 millones de 2013 y 90 millones de 2012.

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En 2016 se suspendieron temporalmente millones de dólares para las principales organizaciones de “ayuda humanitaria” que trabajan en Siria tras revelaciones de corrupción sistémica. Una investigación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) reveló planes de manipulación de licitaciones y de sobornos que involucraban a 14 organizaciones e individuos con sedes en las vecinas Turquía y Jordania.

La Oficina del Inspector General de la USAID anunció además que el dinero para algunos grupos de ayuda se habría suspendido. Se trataba de una red de vendedores comerciales y empleados de ONG que se confabularon para participar en la manipulación de licitaciones y múltiples planes de sobornos relacionados con los subsidios de ayuda humanitaria siria.

La clave del esquema delicuencial giraba en torno al sobrepago de bienes comprados en Turquía. Se encontró que las personas que trabajaban para las ONG pagaban precios elevados por productos de baja calidad. Estos bienes incluían elementos esenciales como mantas destinadas a civiles en Siria. La investigación encontró que los miembros del personal de las ONG eran participantes activos en el esquema de pago en exceso, recibiendo sobornos de los vendedores que vendían los productos.

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Las tres ONG involucradas crecieron rápidamente desde el comienzo de la guerra en Siria, impulsada en parte por fondos para la ayuda transfronteriza de los Estados Unidos y el Reino Unido. Los ingresos de Cuerpo Médico Internacional (IMC, por sus siglas en inglés, con base en Estados Unidos) aumentaron más del doble, a 232 millones de dólares, entre el año fiscal 2011-2012 y 2014-2015. Los ingresos de GOAL (irlandesa) aumentaron un 94 por ciento solo entre 2013 y 2014. El Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés), el más grande de los tres en términos de ingresos, llegó a administrar más de 500 millones de dólares en fondos anuales.

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Un ejemplo: dos miembros del IRC aceptaron sobornos de los vendedores a cambio de subcontratos del grupo de ayuda. En otro caso, una organización obtuvo un beneficio de 106.000 dólares mediante la manipulación de los contenidos de más de 55.000 canastas de alimentos que distribuyó. La organización no identificada acordó no cobrar por el dinero perdido por USAID y el vendedor fue suspendido.

Las investigaciones llevaron a 239 millones de dólares en fondos suspendidos del programa, 35 decisiones de suspensión o inhabilitación de la agencia y 19 renuncias, rescisiones o suspensiones de personal. En un caso, una terminación parcial de un programa llevado a cabo por un “grupo sin nombre” significó que casi un millón de dólares en productos farmacéuticos no se compraran. El medio IRIN entiende que al menos 800 personas involucradas en contratos de IMC en Turquía fueron despedidas debido a la suspensión de USAID.

La industria humanitaria ha venido alistando su esquema desfalcador para incluir a Venezuela dentro de su lógica de diagnóstico e intervención , mientras en el ámbito geopolítico se crea y dinamiza la crisis mediante ataque a la moneda y bloqueo financiero. Por otro lado, se busca la intervención a través de programas y canales humanitarios que evaden el control estatal.

En el caso venezolano han circulado hacia Colombia y Brasil cantidades ingentes de dólares, así lo anunció el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en el marco de una reunión con voceros del antichavismo , quienes evidentemente poseen injerencia sobre dichos fondos y ya se pelean por el manejo de los mismos.

En medio del dispositivo mediático sobre la migración venezolana una portavoz del ACNUR anunciaba en mayo que tenían “una drástica falta de fondos” mientras solicitaban a los Estados 46 millones de dólares, ya que solo contaban con un financiamiento del siete por ciento. Sin embargo, 35,1 millones de euros fueron prometidos por la UE para atender los casos de venezolanos autoexiliados a países vecinos.

En julio pasado, Martha Youth, directora del Buró de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado norteamericano, detalló que en 2017 Washington contribuyó con más de 30 millones de dólares para asistir a los refugiados venezolanos , y que hasta esa fecha la asistencia fue superior a los 20 millones de dólares. De esa cifra, 12 fueron destinados a través de ACNUR y 8,1 a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Sostuvo que se trata del “desplazamiento más grande de la región”, obviando las mismas cifras de ACNUR sobre el desplazamiento en Colombia.

No se tienen detalles de dónde y cómo se distribuyen esos fondos, ya que en el ámbito global las ONG vinculadas a estas actividades carecen de mecanismos claros de contraloría o fiscalización, lo cual ha sido reconocido por muchas de ellas y por una en particular: Transparencia Internacional.

En 2012, el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirmaba que el 30 por ciento de la ayuda al desarrollo no logró llegar a “su destino final” debido a la corrupción. No sería extraño que eso esté ocurriendo en torno al asedio que se viene estableciendo contra Venezuela, donde el río revuelto pudiera estar generando jugosas ganancias para franquicias humanitarias.

Misión Verdad / La Tinta