La mentira del narcomenudeo en Salta, Bs As, Chaco, La Pampa, Córdoba y Entre Ríos

La ley de narcomenudeo multiplica el narcotráfico. Aplicarla significa hacerle el juego a los dueños del sistema.

En un artículo del periodista Carlos del Frade, de APE, expone los fracasos de la política del narcomenudeo aplicadas en Salta, Buenos Aires, Córdoba, Chaco, La Pampa y en Entre Ríos. La crítica viene a oponerse a que, este mismo fracaso en la denominada lucha contra el narcotráfico, se aplique para Santa Fe.

El Artículo:

La mentira del narcomenudeo

«Cambian los jugadores pero el juego sigue siendo el mismo». La frase es atribuida a Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, uno de los narcotraficantes más notorios de las últimas dos décadas.

Cuarenta años tienen las rutas de la cocaína y la marihuana en la Argentina.

Cambiaron los administradores de los peajes, pero el tránsito es el mismo.

La ley del narcomenudeo multiplica el narcotráfico, tal como lo prueban las experiencias vividas y registradas en otras provincias argentinas.

Desde el año 2005, la ley 26.052 tiene vigencia en Buenos Aires, Córdoba, Chaco, La Pampa, Salta y en Entre Ríos, desde esta semana.

Los resultados son la respuesta: se duplicó el tráfico de cocaína, se triplicó el de las metanfetaminas y aumentó en un cincuenta por ciento el de marihuana, según cifras del mismísimo Ministerio de Seguridad de la Nación.

En forma paralela hubo alrededor de 100 mil detenidos. Mujeres y pibes menores de treinta años. Solamente el 2 por ciento fue condenado por venta de estupefacientes.

«La población en prisión por delitos relacionados con drogas se ha duplicado en los últimos años: en 2002 había 3.271 personas en esa situación y en 2013 llegaron a ser a 6.979. Este crecimiento, del 113%, es muy superior al de la población general, que solo fue del 39% en el mismo período. Así, este tipo de delitos pasó a representar más del 10% de las personas en todas las prisiones del país. Ese aumento coincide con la implementación de la reforma conocida como ’desfederalización’, vigente en la provincia de Buenos Aires a partir de 2005», dice el excelente estudio: «La estrategia fallida. Encarcelamientos por delitos relacionados con estupefacientes en la Argentina», de Alejandro Korda, presentado en marzo de 2016.

Los presos son los empobrecidos de siempre.

Los que quedan libres, entonces, los delincuentes de guante blanco, los titireteros. Los que invierten y luego lavan el dinero en el centro de la ciudad.

Más detenidos y más narcotráfico.

Control social, no seguridad.

El plan impuesto por Estados Unidos desde los años ochenta.

En esa dirección quiere marchar el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz: «Por eso creo que ha llegado el momento de habilitar a la Justicia Provincial, al Ministerio Público de la Acusación y a los jueces de la provincia de Santa Fe para poder investigar y perseguir penalmente a quienes trafican drogas en el escalón que habitualmente llamamos narcomenudeo», sostuvo el 1º de mayo pasado.

Desde 2014 al presente, el entonces senador nacional Rubén Giustiniani, la actual diputada nacional Elisa Carrió y el senador Miguel Pichetto, presentaron diferentes proyectos para derogar la ley 26.052, la denominada ley de desfederalización del delito del narcotráfico o narcomenudeo.

Santa Fe avanza, entonces, a contramano.

Santa Fe atrasa.

Pero el proyecto del gobernador Lifschitz empalma con el decreto 228 del Poder Ejecutivo nacional.

El 21 de enero de 2016, la presidenta en ejercicio del Poder Ejecutivo de la Argentina, Gabriela Michetti, firmaba el decreto de necesidad y urgencia 228 que declaraba la emergencia nacional en seguridad. Por eso no es casualidad que a casi un año, el gobierno nacional impulse la hipócrita, cínica e inútil medida de castigar a las chicas y los chicos entre catorce y dieciséis años como si fueran los causantes de los males argentinos.

Entre sus fundamentos el decreto sostenía que «son los sectores más vulnerables del pueblo argentino en quienes impacta de lleno la inseguridad social y la espiral creciente del delito, por lo que resulta imperioso que el Estado Nacional haga valer el poder de policía de seguridad del que lo inviste la Constitución Nacional».

Agregaba que «la droga arruina la vida de familias enteras y no podemos resignarnos ni aceptar esta realidad como algo natural. Que la problemática del narcotráfico no sólo afecta a la salud y la seguridad ciudadana, sino que importa una violación a la soberanía nacional en tanto se trata de un crimen cuya naturaleza es claramente transnacional. Que tales circunstancias ameritan adoptar las medidas que permitan extremar el uso de los recursos del Estado Nacional en orden a enfrentar los flagelos señalados», decían algunos de sus principios rectores.

En el artículo 12, según publicó el Boletín Oficial de la República Argentina, apuntaba a la intervención de fuerzas federales en los territorios provinciales.

«Actuación conjunta de las jurisdicciones locales y federal. Los Gobernadores de Provincia, en su carácter de agentes naturales del Gobierno Federal, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y de las medidas tomadas en el Consejo de Seguridad Interior, facilitarán y prestarán, coordinadamente con las fuerzas policiales y de seguridad federales, todo el apoyo y logística que se les solicite en sus respectivas jurisdicciones a los efectos del cumplimiento y éxito de las operaciones que se emprendan en la lucha contra el delito complejo y el crimen organizado».

«Las Provincias y el Gobierno de la Ciudad enviarán sus respectivas estadísticas criminales actualizadas al Ministerio de Seguridad, mientras que aquella información relativa a denuncias, investigaciones y hechos flagrantes vinculados al tráfico de estupefacientes, lo harán al Registro Unico de Análisis de Narcotráfico (RUAN) creado por la Resolución del ex Ministerio del Interior N° 788/07», decía el texto.

El decreto 228, entonces, fue la llave legal que le permitió y permitirá al gobierno nacional actuar en las jurisdicciones donde más se perciba el mayor impacto de la inseguridad, en «los sectores más vulnerables».

Más que seguridad, parece ser una reglamentación del control social.

Pero la suerte del sujeto a controlar ya estuvo echada a partir de aquel decreto 228, versión argentina del Plan Colombia, cuyos resultados fueron miles de pibas y pibes muertos y desaparecidos y afianzamiento del negocio narco a partir de bandas criminales que, por decenas, reemplazaron a los dos carteles que alcanzaron dimensiones casi mitológicas como el Medellín y Cali.

La idea es el control social, poner la lupa y la represión contra la pibada menor de treinta años con la excusa de combatir los «peligros colectivos» como se dice en el texto del decreto 228.

Cada vez es más claro el mensaje del gobierno, bajo el pretexto de luchar contra la inseguridad, las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales con el futuro aporte de las fuerzas armadas, mostrarán que las causas de todos los males son los saqueados de siempre, los empobrecidos de la Argentina en cuyo trono de la vida cotidiana se puede ver a la innoble desigualdad.

Por eso quieren bajar la edad de imputabilidad, porque creen en la filosofía política del decreto 228, en lo que generó el Plan Colombia en 2002, es decir, la lógica del imperio que ya no admite nunca más el surgimiento de generaciones revolucionarias como en los años sesenta y setenta.

Como en Colombia, México y Brasil, el combate al narcomenudeo en Argentina tuvo el mismo resultado: cárcel para los desesperados, libertad absoluta para los titiriteros del narcotráfico, los grandes empresarios.

Control social, no seguridad.

La ley de narcomenudeo, entonces, multiplica el narcotráfico. Aplicarla en Santa Fe significa hacerle el juego a los dueños del sistema.-