La reacción mediática e ideológica pide alineamiento del nuevo gobierno con EEUU

Existe consenso ideológico sobre el ajuste y las reaccionarias reformas. Hay necesidad de confrontarlo

La presión mediática, política e intelectual es fuerte para sostener el dogma del pago de la deuda y la buena letra con el mando detrás del FMI: el gobierno de EEUU.

Por Julio Gambina, economista

Parte importante de la propaganda del poder insiste en que las autoridades prontas a asumir no deben confrontar con Trump, quien se ofrece como mediador ante el Fondo, al tiempo que apoya y saluda el golpe en Bolivia y la represión en Chile. En realidad, critican la posición pública de Alberto Fernández con relación al golpe de Estado contra Evo y las gestiones realizadas para el exilio mexicano del presidente y vice del Estado Plurinacional de Bolivia.

La reacción mediática e ideológica solicita alineamiento del nuevo gobierno con la política exterior de injerencia estadounidense en la región para lograr apoyo financiero y de esa manera intentan intervenir con sugerencias de que política y que gabinete debe conformarse. En rigor, lo que se precisa es autonomía e independencia para resolver las asignaturas pendientes en el país y así mejor contribuir a modificar una lógica de patio trasero con la que el poder piensa a Nuestramérica desde Washington.

No hay que subordinarse a la lógica estadounidense ni fondomonetarista, sino crecer en autonomía e independencia, aunque ello signifique problemas en el corto plazo. El condicionante del acuerdo con el organismo internacional se impone como si fuera un dato insoslayable e ineludible, sin discutir la posibilidad de confrontarlo e impugnarlo.

Más que nunca se requiere investigar la deuda, la nueva durante la gestión de Macri y la vieja acumulada desde tiempos de la genocida dictadura.

No debe descontarse la legalidad de los créditos, ni el privilegio a su cancelación. La investigación de la deuda es un imperativo para indagar en el uso de los recursos, y mientras ello ocurre debe operar la suspensión de los pagos, como parte constitutiva de una estrategia para el inicio de un nuevo tiempo constitucional desde el 10 de diciembre próximo en Argentina.

Combate al hambre o cancelación de la deuda

Acaba de difundirse la estrategia en torno a un Consejo Federal contra el Hambre, convocado por Alberto Fernández, el Presidente electo, rodeado por personalidades y organismos de derechos humanos, sindicales, sociales, empresariales y religiosos, en un arco muy diverso, señalando la prioridad temática para la próxima gestión.

No son compatibles ambas cuestiones. No se puede compartir el objetivo de cumplir con los acreedores “externos” y con los “internos” relativos a las necesidades de alimentación, salud, o educación, entre otros muchos aspectos. El hambre está primero y hasta no resolver el problema no debe considerarse otra prioridad.

El pago de la deuda supone el ajuste fiscal comprometido con el FMI, lo que supone achicar aún más el gasto social, cuando en paralelo crecen los intereses del endeudamiento público.

Al mismo tiempo, el privilegio al condicionante de la deuda establece el consenso para generar divisas para la cancelación de las acreencias. Esas divisas se obtienen de promover y exacerbar el modelo productivo sustentado en las exportaciones derivadas del agro negocio o la nueva vedette en los hidrocarburos no convencionales, fractura hidráulica y contaminación mediante.

El discurso hegemónico del poder asume el crecimiento de las exportaciones para generar excedentes con destino al pago de la deuda pública y consolidar el poder del capital extranjero asociado a la cúpula burguesa local.

Hay consenso entonces en sostener el modelo productivo de inserción subordinada y generar divisas vía exportaciones. Es el camino, sostienen, para cancelar una deuda que enfatizamos: es incobrable.

La deuda augura una recurrente y gravosa hipoteca para el conjunto de la sociedad. Se necesita salir de la trampa de la deuda y la especulación, con el chantaje proveniente del sector financiero que amenaza con desfinanciar al país, como si el actual financiamiento hubiese servido para resolver necesidades de la población. De hecho, ha sido un mecanismo de fuga de capitales.

El hambre es la prioridad y hacia ese objetivo debe concentrarse toda la energía de la política pública, lo que supone definir políticas específicas de promoción de la distribución del ingreso, el empleo y la recuperación del mercado interno. Es la lógica que encadena el conjunto de la política económica.

¿Qué hacer entonces con la deuda, el FMI y el modelo productivo?

Hay que denunciar lo realizado por el gobierno Macri y la complicidad institucional en estos años, lo que requiere de un profundo debate en el conjunto de la sociedad.

Por eso se debe confrontar el consenso del poder y transitar una batalla de ideas para ganar un consenso alternativo, para desarmar la lógica especulativa que viene de las reformas financieras y de inversiones externas desde tiempos de la dictadura.

Se trata de un debate a fondo sobre qué es lo que produce el país y que debe producir, tanto como quienes son los beneficiarios y principales organizadores de ese orden económico.

La información relativa a la estructura productiva en la Argentina, propiciada por el INDEC con fuentes provistas por la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, señala que la producción primaria (agropecuaria, minería, extractiva en general) ronda el 17% de la actividad económica. El sector secundario, industria y construcción apenas supera el 19%, con lo que entre ambos sectores se procesa un tercio de la capacidad productiva del país, sin mencionar el complejo propietario dominado por el capital transnacional. El resto son servicios en torno al 49% e impuestos netos de subsidios por encima del 15%.

Esta estructura de producción de bienes y servicios debe ser cuestionada, sin perjuicio de analizar en profundidad que tipo de producto (PBI) es el que se genera en nuestro país.

Además, se debe cuestionar la propiedad concentrada de ese aparato de producción de bienes y servicios, tanto como los beneficiarios de la política tributaria.

¿Se trata de una producción pensada en satisfacer necesidades o es un mecanismo para resolver ganancias y un proceso subordinado de acumulación de capitales y dominación social?

Reestructurar el aparato productivo del país y discutir la propiedad de los medios de producción requieren de un debate que está muy alejado de la discusión pública contemporánea.

En principio se debe pensar y actuar con lógica de soberanía popular para atender necesidades sociales insatisfechas. En ese sentido se requiere cuestionar el destino de la producción, que reconoce un escaso 13% de inversión, con mínima capacidad reproductiva en una lógica de superación de la dependencia derivada de la importación de medios de producción: maquinarias y herramientas.

Por su parte, el consumo es una variable necesaria para el debate, ya que se trata de un guarismo elevado en la ecuación macroeconómica, que alcanza al 78%, un 64% el privado y un 14% el público.

Hace falta discutir la composición del consumo privado, y del público, para privilegiar la satisfacción de las imperiosas necesidades de los sectores más vulnerables.

¿Cómo financiar un proyecto alternativo y soberano?

La recaudación tributaria se asienta en un 50% en el IVA, que afecta a los sectores más desprotegidos; un 30% en Ganancias y el 20% restante en varios impuestos de baja recaudación.

Es un régimen de recaudación regresivo, que debe ser sustituido. No alcanza con la reciente eliminación del IVA para algunos bienes de la canasta. Hace falta bajar la alícuota y modificar el sentido con merma en la participación general de la recaudación total.

Por su parte en el impuesto a las Ganancias se debe eliminar la imposición a trabajadores activos y pasivos, al tiempo que centralizar la percepción en las empresas más concentradas, diversificando los porcentuales en beneficio de las más chicas.

Según la AFIP, más de 200.000 empleadores solo ocupan un/a trabajador/a y son el 36% de los empleadores en el país, lo que si se extiende a 3 trabajadores suman más de 300.000 empleadores, que alcanzan a 411.000 con hasta 5 trabajadoras/es. Con más de 500 trabajadoras/es son apenas un poco más de 1000 empleadores, la cúpula empresarial en la Argentina, sobre quienes debe recaer lo principal de la imposición sobre Ganancias.

El impuesto a los bienes personales es apenas marginal, por debajo de medio punto porcentual.

Lo que proponemos es discutir el modelo productivo y la estructura productiva y de propiedad, al tiempo que se requiere considerar quien debe financiar el Estado y su política económica en una perspectiva de emancipación y liberación.-