/ Los programas estatales que promueven proyectos de autoempleo se desprestigian. La falta de evaluación, acompañamiento y asistencia de las ONGs que deben monitorear las experiencias, ponen en peligro los ejes de la economía social que busca el acceso de sectores al mundo del trabajo y generar relaciones distintas a las del mercado /
Por D.A.
El programa Manos a la Obra, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es uno de ellos. Destinado a financiar emprendimientos productivos, de servicios o comerciales, contempla la asistencia técnica necesaria para fortalecer el funcionamiento de los proyectos. Justamente allí, juegan un rol clave las ONGs: son las encargadas de centralizar los proyectos individuales o asociativos, evaluarlos, garantizar la capacitación y seguimiento e, incluso, la de transferir a los emprendedores el dinero que el Estado destina a los proyectos seleccionados.
Un informe de auditoría publicado el pasado 17 de septiembre resulta lapidario para las expectativas que los economistas sociales poseen sobre este tipo de prácticas. En el informe en cuestión, la ONG auditada fue la Fundación Ayuda a los Hermanos Argentinos (FUNDAYAR), que en el año 2010 había suscripto un Convenio (Resolución Nº 238/2010 de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación), por el cual el ministerio a cargo de Alicia Kirchner le otorgó un subsidio que debía garantizar el financiamiento y la asistencia técnica para tres emprendimientos. El monto total del subsidio fue de $127.782,97, y en tanto la transferencia del dinero estaba prevista en dos etapas, el trabajo de los auditores recayó sobre el primer desembolso, que fue de $82.444,59. Los beneficiarios eran un Vivero de Árboles y Plantas Nativas de la localidad de La Caldera, al que se le asignó $36.863,20; el Gimnasio Aero GYM, que funciona en el Centro Vecinal del Bº José V. Sola, y al que correspondían $25.446,39; y un taller de artesanías ubicado en el Bº 23 de Agosto, al que tocaban otros $20.135,00.
Déficit y descontrol
Todos los emprendimientos fueron visitados por los auditores. Y en todos, las complicaciones fueron varias. En el vivero, por ejemplo, el titular del derecho (la persona física que de modo individual o asociado solicitó y accedió a la financiación de su proyecto productivo), declaró a los auditores que fue FUNDAYAR la encargada de administrar todos los fondos, mientras esta presentó recibos que probaban, en principio, que el 18 de agosto de 2010 el titular había recibido $30.000. Sostenía además, que ese monto sirvió para la construcción y montaje de un invernadero de 300 m2 y un tinglado metálico de 6m x 8m, presupuestado en $23.900; la compra de herramientas, como carretillas, palas, escardillas, asadas, picos, mochilas y equipos de riego localizado, valuados en $3.438, y la materia prima e insumos por un valor de $ 2.661,30. Nadie explicó, aún, lo ocurrido con los $6.800 que faltaban para llegar al total declarado en un principio. Eso no fue todo. Los auditores enfatizaron también que no se puso a disposición de ellos los comprobantes de la rendición efectuada por el titular del vivero y que tampoco se había presentado el Proyecto de Inversión. Así las cosas, el presente y futuro del emprendimiento es fácil de adivinar: inviable comercial y económicamente. No podía ser de otra manera. La producción del mismo tiene como único destinatario a la municipalidad, que utiliza los árboles para la forestación de las plazas y veredas del vecindario. A cambio de ellos, la municipalidad no desembolsa un peso, porque provee al vivero de dos personas para las tareas de labranza, riego y demás actividades de mantenimiento. De allí también que, cuando los auditores observaron que de los dos invernaderos del vivero, especificara que uno trabaja en un 75%, mientras el restante se encuentra en estado de abandono. Indagado el titular sobre la situación, este respondió que los costos de la mano de obra y de los insumos imposibilitan la viabilidad del mismo y el mantenimiento de las inversiones.
El caso del gimnasio no ha resultado mejor. Los auditores no encontraron un titular de emprendimiento que los acompañe en sus recorridos. Tampoco pudieron, los auditores, identificar las máquinas, bancos y demás elementos adquiridos con los poco más de $25.000 destinados al proyecto. Lo que sí se sabe es que las facturas que prueban esa adquisición se presentaron al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Las mismas tienen la fecha del 20 de agosto de ese año y en ellas consta la compra de máquinas, bancos, poleas, mancuernas y discos varios para el entrenamiento físico. Tres días después, la fundación entregó los elementos a la titular del derecho, cuya identidad cambió en varias oportunidades. Igualmente certero resultó que el gimnasio en cuestión funciona con equipos provistos por distintos actores, y que los elementos no cuentan con ninguna identificación que permita saber de dónde provienen los mismos. Por las dudas, los auditores dejaron sentado en un acta del 4 de enero de este año esa particularidad.
Al que le ha ido mucho mejor es al titular del taller de artesanías, que recibió un subsidio de $20.135. Emplazado en una ampliación efectuada en una vivienda del Bº 23 de Agosto, el emprendimiento fabrica artículos de madera (portarretratos, cajas para té, marcos para cuadros, posabotellas, etc.). Los motivos del éxito parecen asentarse en el hecho de que la provincia es destino turístico de miles de argentinos y de la habilidad de los emprendedores para comercializar los productos, también, a revendedores de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El secreto del éxito, sin embargo, parece obedecer en mucho a algo que los auditores piden que se corrija: utiliza mano de obra (tres personas) contratada ilegalmente, que reciben una retribución por hora de producción. Si esto estaba contemplado en el proyecto original, es algo que los auditores y nosotros no sabemos, por la sencilla razón de que el proyecto presentado no aparece. El titular dijo que lo entregó a la Fundación y no guarda copia del mismo, mientras la Fundación no ha logrado presentar una copia de aquel. Sea como fuere, la situación contradice el espíritu de programas de este tipo, desde el cual promueve la inscripción de los emprendedores en el Monotributo Social, lo que les permite emitir facturas, mejorar sus ventas, acceder a una obra social y realizar aportes jubilatorios.
Apunten a la Fundación
Consideradas como un actor clave en el desarrollo de este tipo de emprendimientos, las fundaciones ejecutoras siempre estuvieron rodeadas de un manto de sospecha. No son pocos los que aventuran la tesis de que las lógicas del clientelismo seguían intactas en estos casos, aunque cambiando al típico puntero territorial por el trajeado presidente de una fundación que, aportando financiamiento a un emprendimiento, convertía luego ese derecho en un mecanismo de dependencia política entre los beneficiarios y determinadas organizaciones partidarias o personalidades de la política. Si FUNDAYAR es parte de ese mecanismo, no lo sabemos. Entre otras cosas, porque comunicarse con las autoridades de la fundación es un imposible. Las voces que atendieron todos nuestros llamados respondieron siempre con un rotundo «No…equivocado», cuando precisamos que la web informa que en ese número, de esa dirección, se informaba que había una sede de la fundación. Sólo las precisiones presentes en el informe en torno a la vigencia de la personería jurídica, nos hicieron desistir de la sospecha de encontrarnos ante una fundación fantasma.
Lo que sí puede informarse es sobre aquello que los auditores enfatizaron con claridad: la Fundación no lleva contabilidad organizada argumentando falta de recursos para contar con un profesional y en muchos casos ni siquiera ha presentado a los auditores los proyectos referidos a la auditoría realizada. Puede que ello explique, incluso, las malas experiencias salteñas en lo que a prácticas de economía social se refiere. Malas experiencias que pueden llegar a convertir en letra muerta lo que José Luis Coraggio, experto en la materia, esperaba de este tipo de emprendimientos: superar las lógicas de una economía de mercado radical que reduce toda racionalidad económica a la pura acumulación produciendo miles de excluidos, para aportar a emprendimientos económicos de otro tipo que garanticen la «reproducción de la vida humana en sociedad y, en consecuencia, por la prioridad de asegurar un sustrato material suficiente y una distribución adecuada y socialmente justa» (Coraggio, J.L.: Economía Social, acción pública y política. Hay vida después del neoliberalismo, Edic. Ciccus, 2008, p. 84).-
Publicado por Cuarto Poder