La salud en riesgo. Organizaciones de la salud alertan sobre un proyecto oficialista en el Senado

En un contexto regresivo del rol rector del Estado sobre la política en salud, el Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto que, tal como está planteado, implica profundizar el deterioro, la desatención y el desfinanciamiento del sistema de salud. Varias organizaciones del campo de la salud piden participar del debate en el Congreso.

En un comunicado conjunto, las Organizaciones de la salud y profesionales científicos advierten sobre el Proyecto del Ejecutivo Nacional que desde el oficialismo denominaron De creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud.

EL COMUNICADO COMPLETO:

El 3 de septiembre el Gobierno Nacional anunció la eliminación del Ministerio de Salud y su integración como Secretaría de Estado al Ministerio de Desarrollo Social. La degradación del Ministerio de Salud, la primera que sucede en un gobierno democrático, además de ser elocuente desde lo simbólico, traerá aparejada una pérdida del poder de rectoría de la política sanitaria nacional, hasta entonces ejercido, a pesar de innumerables dificultades, por dicho Ministerio. Este cambio, viene a sustanciar la reforma del sistema sanitario argentino que desde 2016 se pretende llevar adelante.

En agosto de 2016 el Gobierno Nacional dio a conocer la creación de la Cobertura Universal de Salud (CUS) con el objetivo de brindar cobertura a los 16 millones de personas que se atienden en el sector público. La CUS se implementará a través de una “canasta de prestaciones básicas” cubiertas por el sistema de salud público, cuestión que se opone al criterio de universalidad en el acceso. Vale recordar que la Argentina, a diferencia de otros países, cuenta con un sistema de salud público universal y gratuito.

Para ponerla en funcionamiento (hasta el momento es de aplicación piloto en la provincia de Mendoza), la CUS requiere la creación de una Agencia específica que determine qué prestaciones cubrirá y cuáles no. Se trata de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), actualmente en discusión en el Senado (Proyecto de ley 1379/18).

El proyecto de la AGNET, impulsado por el Poder Ejecutivo, tiene la finalidad de evaluar de acuerdo “con criterios de calidad, efectividad, eficiencia, equidad y teniendo en cuenta su valorización ética, médica, económica y social” las prestaciones de salud que serán de cobertura obligatoria, es decir, aquellas que se incorporen o se excluyan del Plan
Médico Obligatorio (PMO) de obras sociales, de medicina pre paga y del sistema público. Se entiende por “tecnologías” medicamentos, productos médicos, instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos
y de cualquier otra naturaleza que sean utilizadas para prevenir, tratar o rehabilitar la salud.

La discusión sobre la creación de una Agencia de estas características no puede ser aislada del modelo sanitario que tiene por detrás. Por eso, y en consideración de las características restrictivas de la Cobertura Universal de Salud, queremos señalar algunos aspectos preocupantes del proyecto de Ley de creación de la AGNET en tratamiento en la
Comisión de Salud del Senado.

1. Injustificadamente, el presidente del Directorio de la AGNET sería designado por el Ejecutivo, sin concurso público, procesos de impugnación ni participación alguna del Congreso Nacional. En otros lugares del mundo, Agencias como éstas dependen del Poder Legislativo y no del Ejecutivo. Del mismo modo, no se prevé requisitos técnicos y de idoneidad para los miembros de la Comisión Técnica Consultativa.

2. Si se va a crear una Agencia, se deben prever mecanismos idóneos, participativos, transparentes y plurales para la integración de su Directorio, con estrictas reglas que prevengan conflictos de interés. El proyecto no prevé una estructura interna de la AGNET que garantice personal técnico y especializado capaz de llevar adelante los complejos procesos de evaluación de tecnologías en todas las áreas relevantes, ni tampoco cuenta con información presupuestaria suficiente. Sí, en cambio, prevé la posibilidad de “recabar información y opinión de instituciones públicas o privadas”, lo que habilitaría, la tercerización de las tareas de evaluación con los riesgos que conlleva.

Las tareas encomendadas a la AGNET en el proyecto son de una importancia y magnitud tal que requieren la asignación de presupuesto específico y una estructura de personal adecuada y competente.

3. La AGNET funcionaría como órgano de consulta obligatorio del Poder Judicial, en todos aquellos casos que los usuarios reclamen por la vía judicial. Esta exigencia limitaría las funciones autónomas de los tribunales, así como las condiciones de acceso a la justicia de las personas que recurren a la Justicia para la tutela de su derecho a la salud. Estas limitaciones cobran relevancia si se atiende el hecho de que, desde comienzos de 2017 hasta la actualidad las consultas por presentaciones judiciales por reducción de cobertura en prestaciones y medicamentos se duplicó en un 50% por cada semestre.1

4. A su vez, la AGNET determinará los bienes de la salud incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), cuestión en la que actualmente el Poder Legislativo también participa. Es importante mantener la deliberación parlamentaria en torno a la satisfacción del derecho a la salud integral y las obligaciones del Estado y los prestadores sociales y privados.

5. Además, el proyecto no prevé qué consecuencias tendrán las decisiones de la AGNET en la comercialización de las tecnologías evaluadas. Así, tecnologías que son aprobadas por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), pero no cubiertas por los prestadores de salud (público, privado y social) por decisión de la AGNET, quedan sujetas al libre mercado y, en definitiva, financiadas por el bolsillo de las
personas, desnaturalizando la responsabilidad Estatal de garantía y satisfacción del derecho a la salud.

6. El proyecto no contempla criterios epidemiológicos que tengan en cuenta los determinantes del proceso Salud – Enfermedad. Una agencia de estas características debe estar vinculada con los problemas de salud emergentes de cambiantes escenarios demográficos y ambientales, con la creciente complejidad de las innovaciones en salud disponibles para las mayorías sin restricción y con garantía de universalidad de acceso.

El conjunto de organizaciones y personalidades del campo de la salud y los derechos humanos que firmamos este comunicado expresamos nuestra preocupación por el deterioro creciente del sistema de salud argentino a través de acciones tendientes a su desfinanciamiento y abandono progresivo.

Atendida la relevancia de una Agencia como la proyectada para el sistema de salud argentino, invitamos a los legisladores y legisladoras a propiciar un debate profundo y plural, con una participación amplia de todos los actores
involucrados, para la elaboración de un proyecto de Agencia que responda a un modelo sanitario de equidad e inclusión social.-

Nota:

1 Datos obtenidos de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos UBA – CELS

COMUNICADO CONJUNTO DE: