Las principales modificaciones que se sancionaron con la ley de ART

AYER, EN SESION EXTRAORDINARIA, EL MACRISMO CON ALIADOS DEL FRENTE RENOVADOR Y PARTE DEL JUSTICIALISMO CONSIGUIERON LA APROBACION.

El oficialismo consiguió convertir en ley el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica al sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Las principales modificaciones se basan en:

• Comisiones médicas jurisdiccionales: serán las responsables de determinar si se trata de una enfermedad laboral, cuál es el grado de discapacidad y la indemnización. Los médicos de las comisiones pertenecerán a las ART. Ahora el trabajador deberá asistir de manera obligatoria a estas comisiones, previo a iniciar un juicio. Tendrán un plazo de 60 días para expedirse, que podrá prorrogarse.

• Comisión médica Central: si el trabajador no está conforme con la decisión de la comisión médica podrá apelar a la Comisión médica Central. Una vez agotadas estas instancias, recién el trabajador podrá iniciar un juicio. Es decir, el Gobierno agrega dos instancias administrativas, extendiendo los plazos, hasta que se pueda recurrir a la justicia.

• Ubicación de las comisiones médicas: sólo hay 35 en todo el país y en 16 provincias sólo funciona una oficina. Es decir, que el trabajador que padece una enfermedad o está incapacitado producto de las jornadas laborales deberá trasladarse hasta las comisiones médicas.

• Indemnizaciones: en el proyecto oficial original no se establecía un criterio. Luego se introdujo, que la indemnización se estime con el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), para que no se desactualice por la inflación.

• Autoseguro Público Provincial: se creará el “Autoseguro Público Provincial” para que las provincias y sus municipios y la Ciudad de Buenos Aires puedan “autoasegurar los riesgos del trabajo, respecto de los respectivos regímenes de empleo público local, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo”.

• Ley de Protección y Prevención Laboral: la Superintendencia de Riesgos de Trabajo enviará dentro de tres meses al Consejo Tripartito Consultivo (integrado por representantes del Gobierno, los trabajadores y las aseguradoras), un anteproyecto de Ley de Protección y Prevención Laboral. Es decir en tres meses, recién se creará un proyecto de prevención laboral, pero ya aprueban extender los pasos para ir a juicio. No hay cambios concretos en lo que respecta a las jornadas laborales, ni establece comisiones de seguridad e higiene para que sean los mismos trabajadores los que controlen la producción, con el fin de mejorar la calidad de salud y seguridad.

 

NCN

NOTA RELACIONADA:

Cambiemos logró aprobar la reforma de las ART

En una votacion al borde del fracaso, Cambiemos consiguió aprobar, con 88 votos a favor y 44 en contra, el proyecto de ley que modifica el régimen de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), que finalmente no contó con respaldo de la oposición “dialoguista”, encabezada por el Frente Renovador y el bloque Justicialista.

La iniciativa había sido presentada por el Poder Ejecutivo y aprobada en el Senado, aunque con importantes modificaciones forzadas por la CGT, que finalmente había dado su aval. Pero el debate estuvo plagado de cuestionamientos, sobre todo del Frente para la Victoria-PJ, la izquierda y el progresismo.

El centro de las críticas y las sospechas de inconstitucionalidad recayeron en el artículo primero, que dispone que el trabajador deberá recurrir de manera obligatoria a las comisiones médicas jurisdiccionales como “instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención” en caso de un accidente laboral.

La oposición también cuestionó que las modificaciones no se centren en la prevención de accidentes, aunque dentro de los tres meses de vigencia de la reforma, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo deberá remitir al Comité Consultivo Permanente un anteproyecto de ley de prevención laboral.

“Es el camino adecuado para frenar la catarata de juicios que se están llevando puestos a los trabajadores y a las pymes”, destacó el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Alberto Roberti, al abrir el debate, que se retrasó por abundantes planteos previos e inició pasadas las 5 de la tarde.

El diputado del bloque Justicialista remarcó que “no importa si la idea arrancó en el Poder Ejecutivo si es que tiene acompañamiento de los trabajadores”, en alusión a la CGT tripartita, si bien las dos CTA, de Hugo Yasky y Pablo Micheli, se oponen de plano a la reforma.

Desde el Pro, Daniel Lipovetzky explicó: “Mantenemos la doble vía, pero tratamos de que el trabajador que quiera cobrar su indemnización de forma expedita y evitar un juicio, pueda tomar el camino de las comisiones médicas, y ese camino lo hemos mejorado con este proyecto, a partir de la posibilidad de que el trabajador concurra con su abogado”.

Su par Luis Petri (UCR) detalló que se registran “120 mil juicios al año que tienen una duración promedio de tres años”, y a partir de ese dato retrucó: “Nos meten el miedo de la inconstitucionalidad, pero es inmoral que sostengamos el status quo”.

El abogado laboralista Héctor Recalde defendió la propuesta alternativa del Frente para la Victoria-PJ, que otorga carácter optativo –no obligatorio- a la instancia previa administrativa de las comisiones médicas. Y el exministro de Economía Axel Kicillof se refirió al proyecto oficial de manera terminante: “Es el primer paso de una flexibilización laboral más amplia”.

Los dardos también llegaron de parte de la líder del GEN, Margarita Stolbizer, quien pronosticó que la norma no sólo será declarada inconstitucional, sino que tendrá un “efecto contrario” al buscado por el Gobierno.

“Se habla de la necesidad de bajar los juicios y lo que tiene que terminar haciendo un trabajador, frente al cercenamiento de sus derechos, es otra vez ir a golpear las puertas de los tribunales para plantear una inconstitucionalidad, y entonces tendremos juicios más largos y más caros”, razonó la diputada.

Stolbizer se distanció así de su aliado parlamentario y posible socio electoral Sergio Massa, quien, como es su costumbre, arribó al recinto a última hora de la tarde, y votó a favor del proyecto del Ejecutivo.

Dentro del massismo, Facundo Moyano y José Ignacio De Mendiguren coincidieron en la necesidad de prevenir los accidentes laborales, pero se pronunciaron de manera contraria: mientras que el sindicalista de los peajes mantuvo su postura en contra, el extitular de la UIA se pronunció a favor.

Néstor Pitrola llevó la voz cantante de la izquierda y habló de las “ART de la muerte”. “Esta es una reforma que atenta contra la vida y la salud de 10 millones de trabajadores que están en el circuito formal de la economía, y agrava la condición de aquellos que no tienen la protección de estar en blanco”, lamentó el diputado del Partido Obrero.

Al cierre del debate, el triunviro de la CGT Héctor Daer recordó que la central obrera consiguió importantes cambios al proyecto original en el Senado: se estableció un plazo para trabajar en una ley preventiva de riesgos laborales, y se fijó que los honorarios de los abogados sean afrontados por las ART y no por el trabajador.

“Hubiéramos querido que este proyecto comenzara por la prevención. Desde la CGT fuimos convocados al Senado y aclaramos que este no era nuestro proyecto”, recordó, pero reconoció que “lo que tenemos es nada”, y puso un ejemplo “grosero”: “Hoy un trabajador para ir a un pedicuro por un mal calzado que le dio la empresa, tiene que hacer un juicio”.

Con la jornada de este miércoles, el oficialismo puso punto final a un derrotero que inició con el tratamiento del proyecto en el Senado y siguió con un cuestionado Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Ante la evasión del trámite parlamentario, la oposición alzó la voz y obligó al presidente a dar marcha atrás con una convocatoria a sesiones extraordinarias.

La sesión inició con más de 30 cuestiones de privilegio de la oposición por distintos temas; el más urticante fue, tal como se esperaba, el acuerdo por la condonación millonaria de la deuda al Correo Argentino, propiedad del empresario Franco Macri, padre del presidente.

La ley

En el artículo primero, el proyecto dispone que “la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo”.

Se establece luego que “una vez agotada” esta instancia, “las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central”.

Así, “el trabajador tendrá opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la comisión médica jurisdiccional ante la Justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, según corresponda al domicilio de la comisión médica que intervino”.

“El recurso interpuesto por el trabajador atraerá al que eventualmente interponga la Aseguradora de Riesgos del Trabajo ante la Comisión Médica Central y la sentencia que se dicte en instancia laboral resultará vinculante para todas las partes”, dice el texto.