Lesa Humanidad. Un militar se involucró en las muertes de 4 jóvenes militantes

El mayor Virtom Modesto Mendíaz reconoció ayer haber participado del operativo en el que fueron asesinados los militantes del Frente Revolucionario Peronista (FRP) Alfredo Mattioli, Liendro Estopiñán, Marcos Estopiñán y Ricardo Tapia, el 20 de abril de 1975 en una casa de Villa Merced, en la localidad de Rosario de Lerma.

De esta manera se auto incriminó en este hecho, objeto del megajuicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en esta ciudad pero que no contaba al Mayor entre los acusados.

Mendíaz reconoció su participación en este operativo al responder al querellante Matías Duarte. El militar dijo que llegó en el momento en que se estaba desarrollando el operativo; que los policías “fueron recibidos a balazos, (que) hubo un tiroteo”. “No sé por qué me dice supuesto enfrentamiento, porque yo ví los tiros”, recriminó.

Contó que la Policía se enteró por vecinos de la existencia de personas vinculadas a la subversión y el jefe de Policía, el también militar Miguel Gentil, ordenó el operativo del que participó también el jefe de Seguridad, Joaquín Guil, y otros jefes policiales cuyos nombres dijo no recordar.

 “El jefe de Policía va a tocar a la puerta (…), preguntan quién es, la Policía (dijo Gentil), lo que le contestaron fue un balazo y ahí comenzó el tiroteo”, sintetizó.

Como su versión dista de las constancias del sumario policial, que afirma haber dado con el paradero de Mattioli (buscado por “actividades extremistas”) y los Estopiñán, por la declaración de Tapia, al que detuvieron en Chicoana, el fiscal Ricardo Toranzos le hizo notar esas diferencias.

El sumario afirma también que cuando se acercaban a la casa, Tapia escapó y corrió alertando a los otros tres, lo que dio inicio al tiroteo. Pero Mendíaz se mantuvo en las suyas: “Yo estaba en las cercanías y vi los tiros que salían de la casa, no sé cómo no lo mataron a Gentil”, sostuvo. El fiscal le recordó que un informe de Criminalística señala que no hay tiros en la pared ni en la puerta, el militar trastabilló pero insistió en que “la balacera fue muy grande”.

El examen de los cuerpos demuestra que hubo muchos disparos, en promedio cada víctima tenía 20 tiros, y por la espalda, además de fracturas. Pero esto no le llamó la atención a Mendíaz que tras el tiroteo entró a la casa con los otros jefes policiales y vio muchas armas y estandartes, pero no recordó los cuerpos. “El sumario dice que los cuerpos estaban en el fondo, con una sola mancha de sangre”, le recordó el fiscal. Mendíaz dijo que no sabe “esos detalles”.

El mayor llegó a este juicio acusado por un homicidio (Martín Cobos) y cuatro desapariciones (de Silvia Aramayo, Carlos Figueroa Rojas, Gemma Fernández y Héctor Gamboa) cometidas en la ciudad de Salta entre el 24 y 25 de septiembre de 1976, cuando él era jefe de la Policía provincial. Ahora se descuenta que también se lo acusará por la matanza de Rosario de Lerma, por la que vienen siendo juzgados Gentil y Guil.

Las indagatorias en este juicio demuestran que hay avances en el esclarecimiento del aparato criminal establecido por el terrorismo de Estado en la década del 70 y que el pacto de silencio entre los represores muestra grietas, señaló el querellante David Leiva.

Convertido en el quinto acusado en hablar en el juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad, el mayor Virtom Mendíaz reconoció ayer que en la década del 70 había una “lucha contra la subversión”, pero aseguró que la acción de la Policía de Salta se limitó al “control operacional” en lugares estratégicos con el fin de obstaculizar la comunicación de “organizaciones revolucionarias que operaban clandestinamente”, entre las que mencionó al “PRT-ERP” (Partido Revolucionario de los Trabajadores, cuyo brazo armado era el ERP), a Montoneros y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

El ex jefe de la Policía salteña entre septiembre y diciembre de 1976 aseguró que este control se practicó “en el marco de la ley. Hubo detenidos pero nunca se mató a nadie ni se torturó”. Trató de mostrar a la Policía como testigo de un enfrentamiento entre sectores antagónicos, la guerrilla y “grupos especiales que operaban al más alto nivel a través del secreto y la oportunidad”.

Mendíaz también reconoció que en esos años “había una central de inteligencia, la cual distribuyó agencias”. Reconoció la existencia de una comunidad informativa integrada por miembros de las fuerzas. Dijo que la Policía de Salta “actuaba (en esa comunidad) mediante reunión de información”.

Y si bien negó que la Policía tuviera infiltrados en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), dijo que “deducía que había infiltrados”. Contó que el comisario Abel Vicente Murúa, jefe del Departamento de Informaciones, que asistía a las reuniones de la comunidad informativa, le comentó una vez que “los que más pasaban información era la misma gente de la UNSa” porque “no todos eran montoneros”, “había una especie de antagonismo” y en ese marco algunos  pasaban información a la Policía.

El comisario Julio Oscar Correa se declaró ayer inocente en relación a los secuestros y desapariciones de las hermanas Carmen y Francisca Torres, y los jóvenes Norberto Guerrero y Felipe Pizarro Gallardo, cometidos en 1976 en la ciudad de General Güemes.

“Yo no tengo nada que ver con ninguna de las acusaciones”, reiteró. Dijo que la acusación “fue inventada”, aunque reconoció que tras el golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, detuvo a varias personas que estaban en una lista. “Obren en consecuencia, de acuerdo a la ley, a la Constitución, a los derechos humanos, porque ahora a mí también me están afectando mis derechos”, les pidió a los jueces.

Sostuvo que la acusación busca perjudicarlo, precisamente porque no era hombre de confianza de quienes detentaron el poder después de la caída del gobierno de Miguel Ragone y que esto puede probarse: “Los antecedentes de animosidad en contra mía están escritos”, afirmó tras recordar que en 1981 lo sometieron a una junta médica y fue obligado a retirarse. Y se negó a responder preguntas: “Creo que dije lo justo, lo suficiente”, explicó.

El 21, a las 12, el presidente del Tribunal Oral, Carlos Jiménez Montilla, escuchará el testimonio de Brunilda Rojas, madre de la docente desaparecida Silvia Benjamina Aramayo. La testimonial se tomará en el domicilio de Rojas, afectada por una enfermedad.

Ese mismo día habrá una inspección ocular en la casa de donde fueron secuestrados Gemma Fernández Arcieri y su marido, Héctor Gamboa; también se inspeccionará el lugar donde fue dejada la hija de ambos, Mariana Gamboa, todavía bebita entonces, y se observará la distancia entre la vivienda del matrimonio Gamboa y la casa del comisario Ulloa, donde la noche del secuestro había dos policías que dijeron haber visto el hecho.

La próxima audiencia será el 4 de noviembre. Seguirán las indagatorias, ya se sabe que declararán Juan Manuel Ovalle y Joaquín Cornejo Alemán. —