Los derechos humanos en las Américas en 2019

El año pasado surgieron movimientos de protesta, con frecuencia liderados por jóvenes, en países como Venezuela, Honduras, Puerto Rico, Ecuador, Bolivia, Haití, Chile y Colombia, pero las autoridades respondieron por regla general con tácticas represivas y a menudo cada vez más militarizadas, en lugar de establecer mecanismos para promover el diálogo y abordar los motivos de preocupación de quienes se manifestaban.

La represión en Venezuela fue especialmente severa, y las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro cometieron crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. En Chile, el ejército y la policía también hirieron deliberadamente a manifestantes para desalentar la disidencia; mataron al menos a cuatro personas e hirieron de gravedad a miles más.

En total, al menos 210 personas murieron violentamente en el contexto de protestas en las Américas: 83 en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, 31 en Chile, ocho en Ecuador y seis en Honduras.

El número de hombres, mujeres, niños y niñas que han huido de la crisis de derechos humanos en Venezuela en los últimos años ascendió a casi 4,8 millones —una cifra sin precedentes en las Américas-, pero Perú, Ecuador y Chile respondieron imponiendo nuevos y restrictivos requisitos de entrada y devolviendo ilícitamente a personas venezolanas necesitadas de protección internacional.

Hasta fines de 2019, más de 180.000 personas venezolanas ingresaron a Argentina e iniciado sus trámites de regularización. El rol nuestro país como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU representa la oportunidad y responsabilidad de seguir impulsando la implementación de mecanismos para frenar la impunidad y permitir que las víctimas de violaciones puedan aspirar a obtener verdad, memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La preocupación por el medioambiente siguió aumentando en las Américas, mientras la administración Trump anunciaba formalmente su intención de retirarse del acuerdo de París y mientras graves crisis medioambientales en la Amazonía afectaban a pueblos indígenas de Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador. Brasil se vio especialmente afectado, pues las políticas contra el medioambiente del presidente Bolsonaro alimentaron devastadores incendios forestales en la Amazonía y dejaron a los pueblos indígenas desprotegidos frente a la extracción maderera ilegal y la cría de ganado tras confiscaciones de tierras.

Sin embargo, el año pasado también trajo consigo noticias positivas. Al terminar 2019, 22 países (incluido el nuestro) habían firmado el Acuerdo de Escazú, un tratado regional pionero sobre los derechos medioambientales. En febrero de 2020, Ecuador se ha convertido en el octavo país en ratificar el Acuerdo, lo que significa que sólo hace falta que lo ratifiquen otros tres más para que entre en vigor.

“Ahora que entramos en una nueva década, no podemos permitirnos que los gobiernos de las Américas sigan repitiendo los errores del pasado. En lugar de restringir los derechos por los que tanto se ha luchado, los gobiernos deben utilizarlos como base y trabajar para crear una región en la que todas las personas puedan vivir libres y seguras”, concluyó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.-