Los fusilados de Rosario y Santa Fe

 

A 15 AÑOS.

Para que fueran posibles las muertes de diciembre de 2001, una orden bajó desde lo alto del poder político de la administración de Carlos Reutemann: reprimir los intentos de saqueos sin dejar huellas.

Por Carlos del Frade / APE

Eso es lo que se desprende de los nueve primeros cuerpos judiciales que contienen los testimonios de familiares y vecinos de los ocho asesinados de ese diciembre, siete en el Gran Rosario y uno en Santa Fe; y las palabras de suboficiales y oficiales de La Santafesina SA. Cuatro fusilados encontraron la sentencia de muerte mucho antes que el Poder Ejecutivo Nacional dispusiera el estado de sitio.

La capacidad de fuego de La Santafesina SA superó largamente los promedios históricos en enfrentamientos con supuestos delincuentes: siete muertos sobre 5.710 personas movilizadas en la zona sur de la provincia, más de una víctima fatal por cada mil habitantes involucrados.

Un registro que solamente puede encontrarse en la historia política colombiana de los últimos cincuenta años.

El dato es significativo si además se lo contrasta con la cantidad de armas de fuego secuestradas durante los saqueos: solamente nueve y hubo, se recuerda, ocho muertes en el Gran Rosario.

Actuaron las Tropas de Operaciones Especiales, la Dirección de Drogas Peligrosas y todas las reparticiones de la fuerza, inequívoco indicio de que la orden provino de la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por Enrique Alvarez, dependiente del Ministerio de Gobierno, por aquellos días en manos del doctor Lorenzo Domínguez, y con los vicios y mañas operativos del entonces jefe de La Santafesina SA, José Storani.

Se usó munición de guerra y antitumulto, y parte de los proyectiles iba a ser provisto por algunos empresarios supermercadistas rosarinos, según se desprende del expediente.

Quince años después, con excepción del matador de Claudio “Pocho” Lepratti, el “ángel de la bicicleta” como lo describiera León Gieco, existe una flagrante impunidad y los familiares de las víctimas, habitantes del subsuelo social de una de las provincias más ricas de Sudamérica, insisten en un reconocimiento que todavía no llega.

Así fueron esos fusilamientos todavía impunes.

“Me quema…”

Eso fue lo que dijo Yanina García cuando intentaba meterse en su casa luego de rescatar a su sobrina de la balacera que se había producido en Pasco al 4500, en Rosario.

Era el miércoles 19 de diciembre, entre las cuatro y media y las cinco de la tarde, dos horas y media antes del estado de sitio declarado por el ex gobierno de Fernando De la Rúa.

“Herida contusa, orificio de entrada de proyectil de arma de fuego en el borde inferior del reborde infracostal izquierdo. Perforación 9 milímetros del lóbulo inferior del pulmón izquierdo… El deceso se produjo por hemorragia masiva de tórax y abdomen por proyectil de arma de fuego, de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha”, decía el informe de la necropsia practicada en el Instituto Médico Legal. Eso era lo que le quemaba a Yanina que por entonces tenía 18 años. Le quemaba una munición de guerra reglamentaria de La Santafesina SA, una 9 milímetros.

 Mi nieta Brenda salió a la calle y Yanina salió a buscarla y medio metro antes de llegar al umbral de la puerta con la nena, es que de golpe se inclinó y dijo “ay, me pegaron y me duele” -declaró Jesús Algañaraz, suegro de Yanina.

 Había más de cinco móviles y tiraron tiros al aire con escopeta. La gente comenzó a correr para el lado de mi casa…pasaban con bolsos, pero no llegaron a saquear. Se seguían escuchando tiros de las escopetas y en ese momento salimos. Yanina se agacha, se agarra la cintura y cae. Pensé que era una bala de goma, pero comenzó a salir mucha sangre de su pecho del lado izquierdo…-siguió diciendo Algañaraz.

Agregó que aunque no vio ni “a la policía ni a ninguna de las personas que querían saquear con armas de fuego disparando”, si vio “a la policía tirar con escopetas” pero no pudo precisar cuántos eran ni tampoco reconocer los números de los móviles.

 Desconozco quién pudo haber disparado, pero vino del lado del super y a los únicos que vi con armas fue a la policía con escopetas. Silvia Flores, suegra de Yanina, informó que “llegaron patrulleros, un montón, y bajaron con escopetas y comenzaron a disparar. La gente tiraba piedras. No vi ninguna persona herida, salvo a Yanina”.

El comisario principal de la seccional 13ª, Héctor Daniel Santana, sostuvo que el personal contaba con “escopetas Ithaka calibre 12,70 con cartucho antitumulto. No se utilizaron por parte del personal de esta comisaría armas de puño reglamentarias”.

Acusó a un supuesto y difuso “masculino de identidad ignorada” que “efectuaba disparos con arma larga desde el extremo oeste hacia el personal policial”. Sin embargo algo falló en la coartada de Santana. “No se produjo ningún arresto” y además se confirmaron los dichos de los familiares de Yanina, porque “hubo personal policial y móviles afectados con arma de fuego”.

Empresarios

En esta causa en la que aparece una curiosa relación entre integrantes de La Santafesina SA y algunos empresarios.

“Un grupo de personas que intentaba ingresar en mi local le quitó el arma al personal de los bomberos zapadores…apenas vino la policía, cerca de las 16, lo mando a mi padre a buscar balas de goma antitumulto, por recomendación de algunos agentes a Cafferata y Marcos Paz, pero no tenían en todo Rosario. La policía se retiró cerca de las 17.10 y no volvió”, declaró Angel Mariani, dueño de Supermárquez, de Pasco y Gutenberg.

Cuando le tomaron declaración indagatoria al cabo primero Ismael Hernández, al agente Juan Strechmel, al sargento Juan Bilbao, al cabo primero Jorge Erosa, al oficial Elbio Sanmartino, al agente Juan Cabañas, al cabo primero Angel Encina, al agente Gustavo Godoy y nuevamente al comisario principal Santana, todos repitieron el libreto aprendido con anterioridad.

“Que llegaron al lugar porque había denuncias de saqueo del super de Pasco y Gutenberg, que nos tiraron con todo; incluso hubo un herido con bala de fuego. Que respondimos la agresión con bala de goma. Que en ningún momento utilizamos cartuchos de propósito general, de plomo. Que las armas se solicitaron y se devolvieron, como de costumbre a la armería correspondiente (pistolas, ametralladoras, escopetas y cartuchos). Que allí queda asentado el retiro con el número correspondiente. Que nunca se firma nada. Que no había nadie a cargo del operativo. Que recibían información por la radio del móvil, que estaba saturada. Que había personas armadas, pero que no se pudo identificar ni detener a nadie. Que no se requirieron municiones antitumultos al propietario del super”, fue el relato en común.

Sin embargo hay dos puertas abiertas a la oscuridad de las responsabilidades políticas, al lugar exacto desde donde partieron las órdenes de represión.

El agente Gustavo Godoy dijo que “generalmente las órdenes las da el oficial presente o el suboficial de mayor rango de todos los presentes”.

Pero es el cabo primero Ismael Hernández el que grafica la situación: “Estábamos a la mano de Dios, porque estaba en riesgo hasta la vida nuestra”. Si el personal estuvo librado a “la mano de Dios” es porque existió una clara intencionalidad de parte de la oficialidad para que así suceda.

Si esa era la sensación de la tropa queda claro que estaba admitido cualquier tipo de acción para responder ante situaciones que ponían “en riesgo hasta la vida” de los subordinados.

“La mano de Dios” puede ser una concreta demostración de que existió una orden de libertad en los procedimientos y que en las zonas en donde se produjeran supuestos enfrentamientos las mismas se liberaban. Todo esto mucho antes que la declaración del estado de sitio.