El impuesto a trabajadores y jubilados es el conflicto tributario más prolongado que ha tenido un gobierno en Argentina.
Por Guillermo LoCane
Durante años, técnicos de ese organismo plantearon que en la Argentina, uno de los problemas fiscales, era la baja cantidad de personas que pagaban el impuesto. Obligando a sucesivos gobiernos, al compromiso de “ampliar” la base del gravamen.
Poco éxito había tenido en ese propósito hasta que, insólitamente, un gobierno que reniega de sus recetas económicas le dió el gusto en materia tributaria, ampliando la base del impuesto a las ganancias, para alcanzar, si no a todos los rentistas, por lo menos a cientos de miles de trabajadores activos y jubilados.
El requerimiento del FMI, planteado en innumerables ocasiones (ver Historia Fiscal de la Argentina, de Vito Tanzi -Director del Departamento de Asuntos Fiscales de ese organismo-, ed. Edicom), fue en su momento refutado por técnicos argentinos ya que, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, en nuestro país el ingreso del trabajo ya está gravado con fuertes aportes patronales y personales al sistema previsional y de seguridad social y existe, además, un Impuesto al Valor Agregado generalizado, con tasas de las más elevadas del mundo, que incide fuertemente sobre el presupuesto de la familia trabajadora, que destina casi todo su ingreso al consumo.
Pero, más allá de ello, es evidente que desde 1998 a la fecha, poco a poco, la presión del impuesto a las Ganancias sobre el salario bruto promedio se fue incrementando hasta llegar multiplicarse por seis, según el instituto Ieral. A valores constantes, para un asalariado sin cargas de familia, el nuevo mínimo no imponible que entrará a regir en marzo próximo es un 36% más bajo que el que regía en 1998 y un 20% inferior al del 2001, según el mismo estudio de esa fundación mediterránea.
El primer intento técnico para ampliar la base imponible del impuesto lo hizo el ministro Machinea con su famosa “tablita” en el año 2000, mantenida hasta fines del 2008 por los sucesivos gobiernos. Los monto de la escala progresiva de cálculo del impuesto (artículo 90° de la ley) también fueron establecidos en aquel año, permaneciendo inalterados hasta hoy, lo cual es claramente un aumento indirecto del gravamen.
Ahora, tras dos años sin correcciones, según se anunció, en marzo de este año, los trabajadores en relación de dependencia y los jubilados sin cargas de familia que, después de los descuentos de jubilación y salud, ganen más de $6.939 están alcanzados por Ganancias, cuando para tener el mismo valor que en 1998 debería ser de $10.909. Y para un casado con 2 hijos, en lugar de tributar a partir de $9.597 mensuales, debería estar alcanzado si gana más de $ 13.206. A los autónomos, el impuesto los alcanza a partir de $ 2.592 y $ 5.472, mensuales, respectivamente.
En el año 2001 pagaban impuesto a las Ganancias el 10% de los empleados en relación de dependencia. En 2010, llegó al 18%. Y antes de las correciones de marzo y durante todo el 2011/2012, superó el 24%.
Por otra parte, cada vez que en los ultimos años se anunció un aumento del mínimo no imponible, salvo la deducción de empleada doméstica, o las que son variables según el nivel de salario, el resto de las deducciones legales no se ajustaron, siendo en el caso de los autónomos el perjuicio mucho más gravoso, por la discriminación negativa que, desde hace muchos años, practica el gobierno en la deducción especial que les corresponde.
En defintiva todos mecanismos para, sin modificar el texto de la ley, ampliar la recaudación, aunque no siempre entre los más ecumbrados en la pirámide social, en concordancia con lo que siempre exigió el denostado FMI. ¿Quién lo entiende?-
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