Piden Juicio Político para Alperovich por no revelar el nombre del asesino de la joven estudiante Paulina Lebbos

«Alperovich declaró públicamente que conocía el nombre del asesino de Paulina (Lebbos), y que en pocas horas lo revelaría. Nunca lo hizo. El gravísimo incumplimiento de su deber de revelar a la Justicia el nombre del o de los asesinos es suficiente cargo para decidir su procesamiento político y destitución».

 

Juicio político a Alperovich por ocultar el nombre del asesino de Paulina

El abogado constitucionalista Luis Iriarte presentó ayer un pedido de juicio político en contra del gobernador José Alperovich. 

Publicado por La Gaceta

El ex legislador entiende que el mandatario provincial debe ser destituido por haber incumplido los deberes de su cargo, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Iriarte detalla en su presentación una serie de causales que, a su entender, contienen el sustento legal para que el titular del PE sea sometido a juicio político por la Legislatura. Entre estos puntos, el letrado afirmó que el gobernador omitió actos esenciales de su oficio.

«Alperovich declaró públicamente que conocía el nombre del asesino de Paulina (Lebbos), y que en pocas horas lo revelaría. Nunca lo hizo. El gravísimo incumplimiento de su deber de revelar a la Justicia el nombre del o de los asesinos es suficiente cargo para decidir su procesamiento político y destitución», expresa Iriarte en la presentación.

El abogado detalla otras causales, tales como «abuso de autoridad», «incumplimiento del deber constitucional de afirmar la autonomía provincial», e «incumplimiento de sentencias judiciales sobre el pago del 82 % móvil», entre otros cuestionamientos.-

 

 

El caso Lebbos, un crimen que incomoda a Alperovich

 Publicado por La Nación

Paulina Lebbos apareció asesinada hace casi siete años; su padre denunció irregularidades en la causa y responsabiliza al gobierno tucumano.

Un fiscal desplazado de la causa luego de ser pescado in fraganti saliendo de la casa del gobernador, dos testigos que declararon ante la Justicia que fueron obligados a mentir en el acta policial y la destrucción de pruebas de la escena del crimen. Son sólo algunas de las razones que llevan a Alberto Lebbos a clamar por «verdad y justicia» y a acusar a José Alperovich de estar protegiendo a quienes hace casi siete años asesinaron a su hija.

Paulina Alejandra Lebbos tenía 23 años y era madre de un niño de cinco años cuando desapareció, en la mañana del 26 de febrero de 2006. Había salido de su casa a bailar la noche anterior y lo último que se supo de ella fue que, a eso de las 6.30 de la mañana y a bordo de un remís, dejó a una amiga en su casa y siguió viaje hacia la de su novio. Su cadáver fue hallado dos semanas después, el 11 de marzo, al costado de una ruta en las inmediaciones de Raco.

Para el padre de la víctima, el caso excede lo policial. «Esto es claramente político, porque fue Alperovich el que tomó la decisión de encubrir este crimen, que fue cometido por alguien poderoso», dijo a LA NACION, al denunciar un crimen con implicancias políticas y similitudes con el que en 1990 terminó con la vida de María Soledad Morales, en Catamarca, y con el régimen de los Saadi.

El dedo acusador de Lebbos no encuentra respuesta alguna en el poder tucumano. Todos los funcionarios contactados por LA NACION declinaron hacer declaraciones sobre la causa. La última mención que del caso se hizo desde el poder data de abril de 2006, cuando Alperovich anunció por los medios que ya se sabía el nombre del asesino y que su captura era cuestión de horas. Esto nunca ocurrió. Desde entonces, el gobernador se mantiene en silencio.

Las sospechas de Lebbos son alimentadas por las declaraciones de Gustavo González, uno de los jefes de la barra brava de Atlético de Tucumán, que estuvo investigado por un testimonio de la causa que decía que Paulina se había subido a un auto de un color parecido a su Peugeot 405 bordó.

«La sociedad sabe la verdad de lo que pasó esa noche, en la que estuvieron los hijos del poder», declaró González a LA NACION. «Si Dios no estuviera conmigo yo estaría preso en el caso Lebbos», agregó. Las declaraciones del barra coinciden con las del padre de la víctima, quien denunció que el gobierno de Alperovich intentó acusar del crimen a «un perejil» sólo para que se tranqulizara.

Las hipótesis sobre las circunstancias de la muerte de Paulina que circulan de manera extraoficial son, al menos, dos. Una sostiene que murió de manera accidental por un golpe en la cabeza. La otra, que fue estrangulada en el marco de una fiesta con exceso de alcohol y drogas. Ambas teorías coinciden en un punto: la participación de «hijos del poder» que, aterrorizados, decidieron deshacerse del cadáver.

La causa lleva varios años sin novedades. El primer fiscal del caso, Alejandro Noguera, fue apartado luego de que fue fotografiado saliendo de una reunión en la casa de Alperovich, dejando al descubierto la subordinación de la Justicia al poder político en Tucumán. Desde entonces, la acusación la impulsa el fiscal Carlos Albaca, a quien LA NACION intento contactar sin suerte por encontrarse de feria judicial.

Lebbos también sostiene que la causa fue «manoseada desde el principio» con el único fin de proteger a los responsables de la muerte de su hija. Asegura que fueron destruidas pruebas en el lugar del hallazgo. También menciona a los hermanos Marcelo y Sergio Goitea, que en el acta policial aparecen dando la pista que permitió a la policía realizar el rastrillaje que encontró el cadáver. Sin embargo, en sede judicial ambos dijeron que fueron ellos quienes hallaron el cuerpo y que no hubo rastrillaje. «El comisario nos decía que declaremos que no habíamos visto nada, que sólo habíamos sentido un fuerte olor y que avisamos; que declaremos así, si no íbamos a tener problemas y nos iban a hacer un allanamiento en la casa», declaró Marcelo Goitea, en medio de frases de arrepentimiento por haber mentido.

ENCUBRIMIENTO

Esto provocó la apertura de una segunda causa judicial por falsificación de documento público, en la que hay tres policías acusados. Aquí surge otro dato curioso: el hecho de estar imputados no impidió que todos tuvieran una carrera ascendente. Así, Enrique García, comisario de Raco que intervino en el hallazgo, ahora es comisario principal a cargo del Departamento Logística. Héctor Brito, entonces jefe de zona, llegó a comisario general y se retiró como jefe de bomberos. El jefe de Región Hugo Sánchez llegó a jefe de la policía de Tucumán. Lebbos suma a su lista de «encubridores» a Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguridad de la provincia. «Es uno de los principales responsables del encubrimiento», lo acusa.

La causa parece marchar por vía muerta rumbo a la prescripción del delito. «Estamos ante la inminente consumación de la impunidad absoluta», sostuvo Alberto Lebbos.-