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Salta había flexibilizado los requicitos para autorizar desmontes y debió retroceder con la medida.
Tras el rechazo de Greenpeace, comunidades indígenas, organizaciones sociales, académicos y el Ministerio de Ambiente de la Nación, el gobierno de Salta dio marcha atrás con las flexibilizaciones que recientemente había establecido para poder desmontar, y volvió a declarar obligatorias la realización de audiencias públicas y la presentación de Estudios de Impacto Ambiental y Social.
“Es un paso importante, ya que se evita un retroceso en los requisitos que se deben cumplir para deforestar legalmente. Sin embargo, es completamente inadmisible que, frente a la emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos sufriendo, se siga deforestando. Los gobiernos no pueden seguir siendo cómplices de este ecocidio y deben ponerle un freno a la ambición destructiva de algunos empresarios agropecuarios”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El 20 de octubre pasado, la organización ecologista envió una carta al gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, y al Ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, advirtiendo que la reducción de requisitos para autorizar desmontes “representa una grave violación a las leyes nacionales 26.331 y 25.675”. (1)
Ahora, mediante la resolución 411/2020, la Secretaría de Ambiente de Salta modificó la resolución 333/2020 y estableció que “para los Planes de Cambio de Uso de Suelo (PCUS) los proponentes deberán presentar Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAyS) y celebrar la correspondiente audiencia pública”.
Según datos oficiales, Salta es una de las provincias con más deforestación de las dos últimas décadas: entre 1998 y 2018 perdió 1.425.493 hectáreas de bosques nativos. La principal causa es el avance de la frontera agropecuaria (ganadería y soja).
“Más desmonte significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Destruir bosques es un crimen que debe prohibirse y penalizarse”, declaró Giardini.–
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