Procesaron por defraudación al Estado a la diputada nacional Aída Ayala que no renunciará

CORRUPCIÓN 

La justicia la investigó por direccionamiento y pago de sobreprecios en contrataciones realizadas por el municipio chaqueño de Quitilipi cuando Ayala se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, función que ejerció desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, durante dos años.

La Justicia Federal de Resistencia, Chaco, procesó sin prisión preventiva a la diputada nacional de Cambiemos, Aída Ayala, y le trabó un embargo por un millón de pesos por el presunto delito de «fraude en perjuicio de la administración pública».

Se trata de un expediente en el que la legisladora nacional de origen radical es investigada por el supuesto direccionamiento y el presunto pago de sobreprecios en contrataciones realizadas por el municipio chaqueño de Quitilipi, cuando se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, función que ejerció desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, durante dos años.

En este sentido, la jueza federal Zunilda Niremperger entendió, a partir de las pruebas recolectadas en la causa y las declaraciones y testimonios, que se trató de una contratación «completamente viciada».

En este marco, el fiscal federal Patricio Sabadini, quien interviene en la causa, afirmó esta mañana, en declaraciones formuladas a la señal de cable C5N, que, en su condición de secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, lo que hizo Ayala fue «bajar un programa con la condición de que las compras se hicieran en un polirrubro y con excesivos sobreprecios».

Así fue que, según pudo determinar la investigación, a través de este programa, la Municipalidad de Quitilipi adquirió «desmalezadoras y herramientas que en el mercado tenían un costo de 400 mil pesos, por un valor cercano al millón de pesos, es decir de más del doble», según detalló el representante del Ministerio Público Fiscal en sus declaraciones periodísticas.

Además, detalló que cuando efectivos de Gendarmería Nacional fueron a constatar qué había en el domicilio en el que figuraba la empresa a la que se le realizaban las compras, se encontraron «con un taller de reparación de aires acondicionados».

«Existen sobrados elementos que acreditan el modo irregular en que se habrían afectado los fondos aportados por la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación una vez transferidos a la Municipalidad de Quitilipi», argumentó la jueza Niremperger en el auto de procesamiento.

En este punto, entendió que, si se conjuga la «falta de realización del procedimiento correspondiente para efectuar la contratación, en este caso, una licitación pública», con las «diferencias significativas entre los precios de mercado y los importes efectivamente abonados», y otras pruebas, «no resulta excesivo afirmar que nos encontraríamos ante una contratación completamente viciada».

Además de la diputada nacional Aída Ayala, también fueron procesados -en todos los casos sin prisión preventiva- sus colaboradores Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, y el empresario Claudio Tolosa.

Ayala dejó en diciembre de 2017 su cargo de secretaria de Asuntos Municipales de la Nación para pasar a desempeñarse como diputada nacional por Chaco, función para la que había sido electa en las legislativas de ese año, cuando compitió por el radicalismo dentro del marco de Cambiemos.

El pedido de desafuero de la diputada solicitado por la Justicia en el marco de este expediente, nunca llegó a ser tratado en la Cámara baja.

Ayala confirmó que no renunciará a su banca

La diputada radical  nuevamente procesada,  acusó  que quien la denunció sería es un intendente “que estuvo preso por violencia de género”.

Aída Ayala (UCR) dijo haberse enterado  “por los medios” de la medida dictada por la jueza federal Zunilda Niremperger, y acusó  que las causas en las que está acusada “son armadas”.  En el mismo sentido dejó muy claro  «que no renunciará a su banca».

La legisladora expresó  que fue llamada a indagatoria “por un tema realmente descabellado”, y nuevamente confirmó  que la “acusa un intendente que estuvo preso por violencia de género”, este sería Carlos Casalboni, jefe comunal de la localidad de Quitilipi.

Según Ayala, la denuncia es del 2018, pero esto vendría desde el 2016. “Un intendente hizo una denuncia en 2018 porque en 2016 compró con sobreprecios” señaló; además “todo es raro”, remarcó.

Cuestionó  no haber sido “notificada de ningún procesamiento” y aclaró   estar “sorprendida” porque ni siquiera su abogada estaba enterada.

Ayala recordó que a partir de que ganó en 2017 las elecciones legislativas en Chaco, se presentaron «anónimos a denunciarla»  e hizo alusión a la investigación por presunto lavado de dinero en la que se había pedido su desafuero y prisión preventiva.

“Yo ya no soy más opositora. Desaparecí. A mí públicamente me destruyeron. Y no solo la imagen pública, sino la salud”, manifestó la referente y legisladora  de Juntos por el Cambio, que además resaltó que tiene la proscripción en el futuro por parte de la UCR y Cambiemos.

Según dichos de la chaqueña, la jueza la procesó “sin tener pruebas” y reiteró: “Es una una causa armada y no le decidan suficiente tiempo para leer el expediente. Es injusto. Algún día se va a saber la verdad. En juicio oral van a tener que tener los elementos”.

La diputada dijo estar “a derecho” pero “no me dejan ni irme de vacaciones y a la vicepresidenta (Cristina Kirchner), que tiene no sé cuántos procesamientos y pedidos de prisión, sale del país cuando quiere”.

Para finalizar concluyó: “Ya me han destruido la carrera política y han destruido mi familia”.-

 

Fuente: Congreso