La iniciativa del gobierno de la Nación, propone la creación de un Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores y un Fondo Fiduciario Público.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores para la innovación. El proyecto que ingresó el pasado 23 de diciembre por la Cámara de Diputados, estaría listo para tratarse en el período de sesiones extraordinarias.
El mismo había sido presentado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, durante un acto en Casa Rosada en septiembre pasado.
El proyecto propone la modificación de la actual Ley 27.437, sancionada en 2018, de la cual aseguraron que «tiene grandes limitaciones para que el Estado pueda utilizar su poder de compra como herramienta para el desarrollo».
Tal proyecto busca sustituir importaciones y ahorrar divisas por 500 millones de dólares anuales generando cambios para las compras que hace el Estado, las cuales representan el 13% del PBI.
Un dato a destacar es que plantea un margen de preferencia por género que sumaría 3% para empresas que tengan 50% o más de su composición de mujeres u otras identidades no binarias en la dirección, gerencia, presidencia u otros puestos de trabajo. La idea estaría enfocada en generar 30 mil nuevos puestos de trabajo privados.
Asimismo, proyecta que se verán alcanzadas por tales beneficios las cooperativas que se encuentren inscriptas en el Registro del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
Por otro lado, señala la creación de un Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores en el ámbito de la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo. Desde allí se buscará desarrollar proveedores nacionales en sectores estratégicos para darle impulso a la industria, la diversificación de la matriz productiva nacional y la promoción de la competitividad y la transformación productiva.
En tal sentido, el escrito enfatiza que: “favorecerá la articulación entre la oferta de productos y servicios, existentes y potenciales, con la demanda del Sector Público Nacional y personas jurídicas operadoras de sectores estratégicos demandantes de dichos bienes, con el propósito de canalizar demandas y desarrollar proveedores capaces de aprovisionarlas”.
Y detalla: “El Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores identificará las oportunidades para los proveedores locales a través del relevamiento de la oferta existente o de la factibilidad técnica de abastecimiento local de esos productos y/o servicios con la asistencia de herramientas técnica y financieras para favorecer la mejora de los proveedores nacionales”.
En resumen, la propuesta se basa en crear “un Fondo Fiduciario Público denominado Fondo Fiduciario para el Compre Argentino, en adelante FoCAr, que se conformará como un fideicomiso de administración y financiero con los alcances y limitaciones establecidos en la presente Ley y su reglamentación. Supletoriamente, se aplicarán las normas del Código Civil y Comercial de la Nación”.
Y afirma: “Tendrá por objeto la aplicación de los bienes fideicomitidos al otorgamiento de préstamos y/o bonificación de tasas, descuento de documentos, otorgamiento de garantías y/o cualquier otro mecanismo o instrumento financiero destinado a facilitar y/o generar mejores condiciones financieras para los potenciales oferentes de acceso a las compras públicas realizadas por las entidades comprendidas en la ley”.
Para finalizar, plantea la creación de un Programa Nacional de Compras Públicas para la Innovación. El mismo tendrá por misión promover la incorporación gradual de desarrollos y soluciones innovadoras en las adquisiciones que realicen los sujetos alcanzados en la ley, con el objetivo de modernizar y mejorar la calidad de los bienes y servicios prestados por el Estado y responder a las nuevas demandas de la sociedad.
Presentado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, durante un acto en Casa Rosada, este proyecto propone la modificación de la actual Ley 27.437, sancionada en 2018, que «tiene grandes limitaciones para que el Estado pueda utilizar su poder de compra como herramienta para el desarrollo».-