Quiénes son los amigos del Presidente que comprarán edificios y terrenos públicos que vende el gobierno

En Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Jujuy y Salta, hasta en el extranjero.

Desde que comenzó su gestión, Macri puso en venta 87 inmuebles públicos en todo el país. Los mayores compradores son viejos conocidos.

En línea con lo que fue su gestión en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Mauricio Macri avanza con la venta de terrenos públicos, esta vez a nivel nacional. En lo que va de su mandato, el Presidente firmó cuatro decretos que pusieron a la venta 87 inmuebles en todo el territorio nacional.

El organismo encargado de su venta efectiva, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que preside Ramón Lanús, ofertó desde edificios y terrenos ubicados en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Jujuy y Salta, hasta en el extranjero.

Se trata de terrenos ferroviarios, militares, o portuarios, de los cuales diez ya fueron vendidos. El más caro de ellos fue un terreno en el barrio porteño de Núñez que fue adquirido por 42 millones de dólares por Raghsa, la desarrolladora inmobiliaria de Moisés Khafif, constructor de las torres Le Parc.

Es, en otras palabras, el Estado desprendiéndose de terrenos muy valiosos a costos relativamente bajos para que el mercado inmobiliario haga la diferencia.

“Nos preocupa esta política centrada en el mercado inmobiliario, tanto a nivel nacional como en la ciudad”, sostiene Alejandro Rascovan, politólogo y precandidato a legislador porteño por la alianza Convocatoria Abierta por Buenos Aires (CAxBA). Desde ese espacio, la gestión macrista en la Ciudad fue denunciada en reiteradas oportunidades, ya que durante los ocho años que duró privatizó 46 inmuebles gracias a la aprobación de cinco leyes que acompañó el bloque kirchnerista.

En 2016 –ya bajo el mandato del actual jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta-, la Legislatura creó la Agencia de Bienes de la ciudad, que depende del Ministerio de Modernización. Este organismo recibió los terrenos ferroviarios que la Nación tenía en territorio porteño. Como todavía no tiene plan de acción, aún no define qué propiedades venderá. La venta de los terrenos debería servir, en parte, para costear la tan publicitada urbanización de las villas 31 y 31 bis.

“Nuestro criterio es urbanístico, no comercial. Sí se va a generar actividad comercial, pero también un espacio para vivir, parte de las viviendas serán para el Procrear”, argumentó Lanús consultado por estas ventas por la revista Noticias. “Estamos haciéndonos cargo del Plan Arraigo, para gente asentada en tierras estatales. Además soy vicepresidente del Procrear. Este año queremos entregar tierras a desarrolladores que destinen el 15% o 20% de las viviendas al Procrear, lo que serían 4.000 en total”, agregó.

Sin embargo, Rascovan tiene sus sospechas, fundadas en la gestión macrista en la Ciudad. “El tema no es si se hace o no vivienda, que es discutible en lugares como Buenos Aires que es una de las metrópolis del mundo con menor espacio verde, sino qué tipo de viviendas se construyen. Porque muy poco de esto van al Procrear, o a viviendas accesibles a la clase media o primera vivienda. Sino a la inversión en ladrillos y la especulación. Y siempre son los amigos los que ganan las obras”, sostiene.

“Los amigos” son, efectivamente, amigos del Presidente.

Se trata del grupo IRSA, de Eduardo Elsztain, de fuertes vinculaciones con el PRO al punto que tanto Macri como Rodríguez Larreta fueron denunciados en la Justicia por tráfico de influencias, sospechados de favorecer a su constructora en las licitaciones luego de que la empresa financiara su campaña.

También está Consultatio Asset Management, de Eduardo Costantini, creador de Nordelta y el tercer empresario argentino en superar los mil millones de dólares de patrimonio desde que asumió Cambiemos, beneficiado por el salto del 59% en un año que dio el Merval.

Por último, el otro gran beneficiario es Luis Carlos Cerolini, ex director del Banco Macro, que había sido sancionado por la Unidad de Información Financiera junto al resto del directorio en 2014 por no informar sobre ciertas operaciones. La Corte Suprema anuló la multa en mayo de este año por considerar que la acción prescribió.

Por otro lado, Rascovan señala que “el punto marca cuál es la necesidad en cada una de estas ciudades a la hora de pensar lo urbano, en términos de qué tipos de vivienda se necesitan, qué tipo de parques o lugares de ocio. Porque en general todas estas ventas están vinculadas a negocios inmobiliarios con fines especulativos”. “Hay necesidades de la población y otras del mercado -dice-. En las ciudades se necesita infraestructura, transporte, luz o gas, y las empresas que compran estos terrenos siguen construyendo grandes torres que consumen mucho. Si pensamos una ciudad que termine con las desigualdades; que sea abierta, donde se valore cierto sentido de lo público, esto es una idea de lo público más vinculado a la renta”.-

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