Reestructuración de la deuda

18/05/2020 | Revista Norte

Informe sobre los alcances de la reestructuración de la deuda en el contexto de la crisis del covid-19. Análisis de las fortalezas y debilidades de la propuesta de Martín Guzmán.

El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) de Unidad Popular, elaboró un informe donde analiza los puntos de la reestructuración de la deuda externa argentina que se define en estos días. En el informe, los economistas sostienen que:

• La crisis internacional desatada por la pandemia del COVID-19 se perfila a ser la más profunda de la que se tenga registro.

• La pandemia del Coronavirus encontró a nuestro país en una situación de extremada fragilidad económica y social, derivada de la miserable herencia que dejó Cambiemos.

• En la coyuntura de la cuarentena, resulta indispensable suspender los pagos de la deuda con el objeto de liberar recursos para invertir lo necesario en servicios sanitarios, sostener los ingresos de los hogares. Por estos motivos, es importante sostener la definición que contiene la oferta argentina de suspender los pagos de capital e interés de la deuda bajo legislación extranjera hasta el 2023.

• En este sentido, la propuesta de reestructuración de U$S 65.620 millones de deuda pública en moneda y legislación extranjera presentada por el ministro Guzmán supone no pagar nada en concepto de la misma en los próximos tres años (el primer pago de interés se hace en mayo de 2023). Por lo tanto, podrían ahorrarse cerca de U$S 26.000 millones en los próximos cuatro años, y en caso de aplicar el mismo tratamiento a los títulos con legislación argentina (y en moneda extranjera), ese ahorro podría llegar a los U$S 37.000 millones.

• Existe una discusión entre el gobierno y los fondos del exterior sobre la quita real que implica la oferta. Para darle objetividad a la discusión, estimamos que la quita real es del 42% para los bonos en dólares y del 38% para los bonos en euros, lejos del 65% que vociferan los fondos de inversión, y que se ubica en niveles que los inversores declararon aceptables.

• La estrategia respecto de la reestructuración de la impagable deuda pública heredada que encaró el gobierno de Alberto Fernández no cuestionó formalmente el endeudamiento heredado, sino que lo convalidó al avanzar en una alianza estratégica con el principal acreedor de la Argentina: el Fondo Monetario Internacional.

• Dicha estrategia consistió en que el organismo decretara la insostenibilidad de la deuda pública argentina y facilitara una negociación con los acreedores privados (concentrando la quita sobre estos), siempre que el gobierno convalidara la validez del préstamo que el Fondo le hiciera a la Argentina. En este sentido, es necesario remarcar que dicho crédito no fue realizado en beneficio del país, sino que tuvo como objetivo sostener al gobierno de Mauricio Macri y facilitar su reelección, y en caso de producirse un cambio de gobierno, condicionar las políticas de la nueva gestión. Preocupa que, en esta coyuntura, el gobierno le haya girado U$S 320 millones al organismo en concepto de intereses del préstamo.

• La posición de la Argentina frente al principal acreedor (FMI) y la estrategia de “amigabilidad con los mercados” seguida por el gobierno, supone resignar la posibilidad de cuestionar la legitimidad y legalidad del endeudamiento. Se pierde por tanto una herramienta eficaz que fortalecería la capacidad de negociación argentina frente a un proceso de endeudamiento cuyas irregularidades son múltiples.Por otra parte, si la negociación se cerrara en los actuales términos que plantea la oferta argentina (ni que hablar si se flexibilizara), aún resta saber qué ocurrirá con los compromisos que nuestro país tiene con los organismos multilaterales de crédito (entre los cuales el principal acreedor es el FMI) y que implican intereses a pagar en promedio entre el 2020 y el 2026 por 4600 millones de dólares para una Argentina que en el 2020 tendrá un PBI por habitante inferior en un 17,6% al del año 2011

• La brutal crisis que va a dejar el Coronavirus, con una caída proyectada del producto bruto del 7% para el 2020, requiere de un alivio de los vencimientos mayor que el que se necesitaba antes de la pandemia. Sin embargo, como ha trascendido, la oferta no ha sufrido cambios significativos con el advenimiento de la pandemia; así como tampoco se ha modificado la postura de los acreedores. En los últimos días se conoció públicamente que la oferta argentina ha tenido un bajo grado de aceptación de parte de los acreedores externos, de forma que no se ha superado el 20% de adhesión.

Si el gobierno mantiene la pretensión de llegar a un acuerdo, deberá resignar algunos de los lineamientos que impuso para lograr la sostenibilidad de la deuda pública. Los acreedores pretenden recibir el 100% del capital y capitalizar intereses en un período de gracia menor a los tres años. Esto resulta completamente inaceptable dada la situación crítica que atraviesa la economía argentina.

EL INFORME COMPLETO:

Reestructuracion de deuda INFORME IPYPP 18-05-2020

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