Represalias contra una docente que denunció corrupción en una escuela de Orán

DENUNCIA 

Tras descubrir las maniobras y evidenciarlas, la docente entró en un derrotero del que no se visualiza un fin. Sus superiores le tiran con todo: acusaciones falsas, persecución, afectación del sueldo, amenazas de pérdida del cargo y del trabajo. Pericias del CIF avalan su denuncia. Una cautelar ordenó el cese de la violencia contra ella, pero las represalias continúan.

 Publicado en Estado de Cosas

Todo ocurre en una pequeña escuela de Orán en la que el manoseo institucional parece no tener límites.

Se trata de la escuela rural N° 4091 ‘Benigna Saravia’, de Abra Grande, donde vienen ocurriendo otras irregularidades que visibilizaron los padres en su resistencia al cierre del establecimiento; irregularidades que se sucedieron cada año desde 2018 con Berruezo como ministra y Urtubey como gobernador. Con el nuevo mandato, nada cambió.

Paradójicamente, en enero de 2019 la docente Alicia Vega recibe la designación de traslado como personal titular de planta de la Benigna Saravia; y toma posesión del cargo. Un tiempo antes, tras la jubilación del director anterior, aparece también otra docente que es nombrada directora. Más tarde, se enterarían en la escuela que ésta última tenía un traslado provisorio pero, a pesar de ello, la pusieron a cargo de la dirección; aun siendo titular en otra escuela –en Peña Colorada-. A partir de esta maniobra, comienzan a sucederse las irregularidades que llegaron hasta la justicia.

Al parecer, con la intención de esconder su carácter de ‘interina’ la nombrada directora no ponía a disposición las planillas de firmas del personal donde se exponen a su vez los datos generales del personal. Sin embargo, ante los reclamos de Vega esas planillas aparecen luego firmadas de manera apócrifa.

Comienza así un raid de persecución, maltrato, armado de expedientes contra Vega; propinados por sus superiores que llega a involucrar a la entonces supervisora de escuelas y hasta funcionarios del ministerio de educación en Salta.

El caso toma tal gravedad que la maestra Vega inicia una medida judicial para exigir que cesen los hostigamientos en su contra. Ante el Amparo presentado por la docente, la jueza Ana María Carriquiry dicta una medida cautelar en la que ordena a la directora interina Alejandra Mendez, a la (ahora ex) supervisora Mónica Caravajal, y a las autoridades del ministerios de educación en la persona del señor Aldo Aranda y del señor Jorge Correa a “abstenerse de ejercer actos de violencia”, “abstenerse de proferir insultos”, y les prohíbe “ejercer actos de acoso laboral/mobbing” contra Vega “bajo apercibimiento de incurrir en Desobediencia Judicial”.

A su vez, Carriquiry elevó la causa por competencia al juzgado de violencia de género y la jueza Adriana Maidana Vega falló para que la directora interina y la supervisora se dirijan “con el debido respeto a la docente Alicia María Vega”, dicta el fallo, “sin incurrir en prácticas discriminatorias u hostiles hacia su persona, y en resguardo de un ámbito de trabajo que permita a todos desempeñar su labor libre de toda violencia”.

LA CASTIGAN CON UN TRASLADO

No obstante ello, la persecución no cesa y ahora pretenden desplazar a la maestra de su cargo con el mecanismo de un traslado. Así, en estos días notificaron a Vega de la decisión tomada por la Dirección General de Escuelas Primarias del Ministerio de Educación de la Provincia de que se presente a prestar “tareas pedagógicas administrativas” en la escuela Berta Cerezo de Mamaní de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Lo grave es que dichas notificaciones vienen justamente firmadas por las personas que, de acuerdo a la Cautelar de la jueza Carriquiry, tienen expresamente prohibido ejercer actos de acoso laboral/mobbing contra Vega; remarca su abogada.

FIRMAS APÓCRIFAS

Sumado a las acusaciones falsas contra la maestra, presentadas ante el ministerio, aparecen planillas con las firmas de la docente falsificadas.

Desvergonzadamente, o quizá como fruto de la desesperación de la directora para sostener su versión, en la causa del Amparo presentado por Alicia Vega aparecen las planillas de datos generales de la escuela firmadas. Fueron presentadas como prueba por la directora Mendez, en su defensa .

Tras batallar en las oficinas judiciales, Vega logra que se realice peritaje sobre las planillas originales, y no sobre fotocopias, debido a que la maestra nunca las había firmado porque la directora Mendez jamás las puso a disposición en tiempo y forma.

Finalmente el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) terminó por evidenciar que Alicia Vega decía la verdad. El informe de los peritos –oficiales y de parte- concluye que las firmas en las planillas de datos generales no fueron efectuadas por Vega y, peor aún, sí por la directora Mendez; es decir, “Mendez las falsificó”. Ante esto, una denuncia penal pesará ahora sobre Mendez.

LA TESTIGO

La ordenanza de la escuela fue citada como testigo en la causa judicial. En su testimonio da cuentas de la veracidad que asiste a la maestra Vega y expone las falsedades de la directora.

La testigo contó que la entonces supervisora Mónica Caravajal ejerció malos tratos y quiso cerrar la escuela. Que después de jubilarse el director anterior, quién había hecho pública la intención oficial del cierre del establecimiento, Caravajal llegó con Alejandra Mendez como directora. Allí comenzaron las series de irregularidades, que terminó por descubrir al incorporarse luego como docente Alicia Vega, irregularidades denunciadas que ahora la tienen a ‘mal traer’.

Sobre el tema de las planillas de datos generales, donde aparecieron las firmas falsificadas, la ordenanza testificó que cuando estaba el director anterior firmaban las planillas todos los meses; pero que una vez que entró la directora Mendez, las planillas dejaron de firmarse. Este testimonio coincide con la denuncia de Vega que luego se corroboró con el peritaje del CIF.

CONCLUSIONES DE LOS PERITOS

«Las firmas de Vega fueron falsificadas»

 

«Las firmas falsificadas fueron hechas por Mendez»

 

Una docente, directora de escuela, falsificando un documento público para inculpar a otra maestra. No obstante estas contundentes pruebas peritadas y concluidas el 12 de abril, el ministerio continúa su arremetida contra Alicia Vega.

UNA EXPLICACIÓN POSIBLE

Tanta corrupción podría solo entenderse en el fin último de buscar sostenerse en un cargo al que por mérito propio no llegó. A la vez, no es imposible pensar que la intención de cerrar la escuela podría sí ejecutarse con alguien afín a tal mandato. De hecho, al cierre del establecimiento lo vienen resistiendo año tras año los padres de los niños que estudian en la Benigna Saravia apoyados por militantes de derechos humanos que visibilizaron y actuaron para evitarlo; enfrentando a los funcionarios superiores del mismísimo ministerio de Educación.

El hecho de que hoy la escuela rancho con peligro de derrumbe no haya sido reemplazada por una construcción segura, como lo preveía el presupuesto provincial del año 2018 en el cual se expresaba una inversión de 1 millón 250 mil pesos de ese entonces, estaría evidenciando esa intención. Así es que, todos los años, los padres deben penar para que vuelvan a instalar el acoplado container donde toman clases los niños desde hace ya 4 años; rogando que el cierre del establecimiento no se concrete.-