Represión policial contra comunidad originaria diaguita calchaquí en Salta

Se trata de la comunidad diaguita calchaquí de Las Pailas, cerca de Cachi 

Como se viene repitiendo desde hace un par de años, la Policía volvió a protagonizar un hecho de violencia con los integrantes de la comunidad diaguita calchaquí de Las Pailas, ubicada a unos 16 kilómetros de la población de Cachi. Anoche, los miembros de la comunidad, referentes de unas 50 familias que la componen, decidieron quedarse en el terreno en estado de asamblea permanente.

Según lo informado por Héctor Fabián, segundo representante de la Comunidad y miembros del Pueblo Unión Diaguita, los hechos se desarrollaron desde que ayer a las 6 quien dice ser titular registral de las tierras, Carlos Robles, quiso una vez más disponer algunas obras dentro del territorio. En este caso se trataba de un portón que, contó Fabián, iba a impedir el paso de los miembros de la comunidad por un camino comunitario. Sostuvo que Robles se presentó con más de 10 policías, pese a que se conoce desde hace tiempo que al menos esta zona es un territorio en disputa por ser reclamado como originario. Al enterarse de los hechos, los miembros de la comunidad se acercaron hasta el lugar para evitar los trabajos que, según les dijeron (dado que no se mostró notificación alguna), contaba con el aval de la fiscal Gabriela González. Indicó que tras una primera provocación, los policías empezaron a tirar con balas de gomas y piedras y, ante ello, los originarios se defendieron con piedras. “Hubo uniformados masculinos que les pegaron a las mujeres”, sostuvo Fabián al tratar de relatar los excesos.

Los hechos dejaron heridos y al menos, según las informaciones que habían podido recopilar hasta ayer, unos 10 detenidos. “Siguen las amenazas de que van a venir más policías”, dijo el referente a Nuevo Diario al indicar que es permanente el desconocimiento de la Policía de la zona a las leyes que amparan a los pueblos originarios. Y es que la situación ya se había presentado en diciembre de 2010, cuando con el aval de la Policía y la Justicia, topadoras tiraron abajo las viviendas de tres familias de la comunidad.

La Policía, informó ayer a Nuevo Diario que sólo tenían información que se habían hecho presentes porque “el propietario de las tierras”, quería realizar trabajos con maquinarias. Esto, dijeron, produjo la llegada de la Comunidad que hasta ayer, se quedaba en el lugar para evitar los trabajos.-

Nuevo Diario