SALTA. LOS SUPERPODERES DEL GOBERNADOR

Las deudas de la Democracia en Salta. La institucionalidad en la provincia y la gestión del gobernador.

Por Santos Jacinto Dávalos

Gustavo Ruperto Sáenz tiene la mesa tendida para quedarse doce años como gobernador, tal como lo hicieron antes Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey. La situación política es la misma. Utilizando la expresividad de Roberto Romero, solo un tonto puede perder la elección siendo gobernador. Y Gustavo no es ningún zonzo.

Todo el sistema electoral está hecho para que gane el gobierno. La fecha de las elecciones la fija el gobernador cuando le conviene. Al Tribunal Electoral, de cinco miembros, lo preside el presidente de la Corte de Justicia y lo conforman dos jueces de Corte y dos miembros más del Poder Judicial. Y La Corte -y consecuentemente- el Tribunal Electoral responden al Gobernador. Más adelante explicaré por qué.

Al voto electrónico lo paga el gobernador. Y si se puede manipular, lo hará a favor de quién paga. El Senado de la Nación, con muy buenas razones, rechazó el voto electrónico y también lo hicieron los países más tecnificados. Debe eliminarse y utilizarse la Boleta Única de Papel.

Excepto Capital, los municipios no tienen recursos para autosolventarse. Por lo tanto, deben pedir auxilio al gobernador y esta ayuda se paga con adhesión política.

La pobreza, la falta de trabajo, las carencias en salud y educación transforman a la mayoría de los habitantes de los municipios más pequeños en mendicantes de la ayuda que canaliza el intendente.

El único espacio político que puede oponerse al gobernador es la ciudad de Salta y su zona de influencia. Y allí le va muy bien a Sáenz.

Salta, nominalmente, es una provincia republicana pero en sustancia no lo es. Por una razón muy simple: la república se caracteriza por tres poderes absolutamente independientes que se controlan uno a otro, armónicamente.

La Justicia no es independiente. Un gobernador, durante sus doce años de mandato, designa a los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y ellos quieren seguir ocupando tan alta investidura. Pero dependen de la voluntad del Gobernador. Y para ello deben hacer buena letra. Allí no hay independencia del sistema judicial. A los jueces y fiscales se los designa hasta que tengan edad jubilatoria. Pero pueden ser removidos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, compuesto por nueve miembros, de los cuales seis se alinean automáticamente con el Gobernador y las decisiones se toman por cinco votos. Es decir que juran por la Constitución pero su cuello se sitúa debajo de una guillotina que maneja el gobernador: más del noventa por ciento de los diputados -que son los que deben controlar al gobernador- y más de dos tercios del Senado le permiten destituir por juicio político. Y los jueces de Corte lo saben.

A los jueces y fiscales los propone en terna el Consejo de la Magistratura y el Gobernador elige a cualquiera de ellos. No al ganador (por concurso), que se presume el mejor, sino a cualquiera y sin dar explicaciones.

De la Sota y Schiaretti en Córdoba resolvieron por decreto proponer siempre al ganador. Y en la ciudad autónoma de Buenos Aires el Gobernador no interviene. El Consejo de la Magistratura propone, directamente al Senado, al candidato ganador.

Tampoco el Poder Legislativo es independiente. Los legisladores  son reelegibles. El sentido común nos indica que ningún legislador es capaz de ganarle a un candidato elegido por el gobernador. Por ello, buscan el apoyo gubernamental siendo obedientes.

El Gobernador casi no necesita del Poder Legislativo. Dicta Decretos de Necesidad y urgencia -que son las leyes que debiera dictar la Legislatura- y que nunca ni siquiera son examinados. Además, se le delega la facultad de transferir partidas presupuestarias; por lo que en definitiva el Gobernador propone el Presupuesto, lo aprueba el Legislativo y luego el Ejecutivo lo modifica como quiere. Recordemos que el presupuesto es un plan de gobierno y de obras públicas.

La Auditoría de la Provincia, como control del Ejecutivo, no existe.

Las debilidades de las instituciones de la provincia permiten que el gobernador tenga la autoridad de un monarca y no de un repúblico.

Menos del diez por ciento de los electores tienen doce senadores y más del 90% por ciento once. Esta irregularidad debe ser corregida. La Capital, con el cincuenta por ciento de los electores, tiene solo un Senador.

La exclusión de la mujer se soluciona simplemente con una modificación de la ley electoral que obligue a que los partidos políticos encabecen con una mujer las listas de candidatos, elección por medio.

Roque Sáenz Peña fue elegido Presidente por un sistema electoral repudiado por los argentinos y que provocó, entre otras medidas, la abstención revolucionaria de la Unión Cívica (los radicales). Don Roque sabía que, aprobando la ley que lleva su nombre, los ganadores serían los radicales. Pero propició y dictó la ley en contra de los intereses de su clase porque el sistema era contrario a la voluntad de los argentinos, pues permitía el fraude. Privilegió a la Patria antes que a sus intereses grupales.

El Gobernador Gustavo Sáenz, se animará a ser Roque Sáenz Peña?