Saqueos, pobreza y disputa política

En esta semana se conmemoraron las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, y se cruzaron en el análisis con los episodios de saqueos a mercados producidos en el Gran Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, o Neuquén.

Los hechos generaron discusiones políticas y análisis diversos. Las primeras definiciones y calificaciones llegaron desde el gobierno nacional responsabilizando a los organizadores de la movilización de trabajadores organizada por la CTA y la CGT el pasado 19 de diciembre. La réplica fue inmediata por parte de los principales dirigentes de ambas centrales sindicales, desligándose de la metodología del saqueo y la violencia, señalando como responsable de los hechos a la propia política oficial.

Queda claro que existe una disputa política en el país, que los análisis sobre los acontecimientos están motivados en las diferencias sobre el diagnóstico de situación en el país a 11 años de la crisis de diciembre del 2001 y van más allá de la confrontación entre el gobierno y las centrales de trabajadores movilizadas.

Se destacan por lo menos tres enfoques. Desde la visión “oficial” se destaca lo avanzado desde el 2003 ante la situación de deterioro social vigente al inicio de la gestión Kirchner, y en todo caso solo se trata de tiempo para resolver diversos problemas sociales, reconocidos en la falta de empleo, vivienda, salud o educación.

Mientras que en la oposición sistémica se concentra la crítica en la ausencia de republicanismo, o la corrupción, demandando el retorno explícito a políticas de los noventas: la apertura, la desregulación y la inserción subordinada al capitalismo mundial y sus organizaciones globales.

En estos días, con antecedentes diversos en el distanciamiento entre el gobierno y la CGT, y las iniciativas de movilización de la CTA desde junio pasado, y especialmente en el marco de la “unidad de acción” en las movilizaciones de trabajadores del 20 de noviembre y del 19 de diciembre, emergió y se hizo visible otra visión crítica, orientada a discutir la política de privilegio a la valorización del capital y a la apropiación privada del excedente económico.

Son tres visiones, no siempre claramente diferenciadas, (entre ellas se entrecruzan y se asocian), las que manifiestan el escenario del conflicto político en la coyuntura y que definen, sin duda, el próximo año de renovación legislativa.

Es real que las estadísticas muestran una mejora de la situación social del peor momento de comienzos del 2002.

Convengamos también que las estadísticas actuales están sospechadas, siendo el Estado nacional el único en condiciones de ofrecer fuentes de información confiable.

Por ello es que reconocemos en la normalización del INDEC una asignatura pendiente para definir con precisión los datos de la pobreza.

Para el 2002, el 21,5% de la PEA estaba registrada en el desempleo, y ahora, según el INDEC (IIIº trimestre del 2012), el dato remite al 7,6% de desempleo, más un 6,2% de subempleo demandante, y un 2,7% de subempleo no demandante.

La línea de la pobreza involucraba al 57% de la población en el 2002, y hoy (noviembre 2012, Indec) se registra un promedio del 6,5% de personas bajo la línea de pobreza (517,85 pesos por mes) con picos del 12,3% en el Noreste. La línea de indigencia está en noviembre del 2012 en 231,86 pesos. Así, según las estadísticas oficiales, cualquier persona que ingrese por lo menos 232 pesos (casi 48 dólares mes al tipo de cambio oficial) al mes, está por fuera de la línea de indigencia; y si ingresa 518 pesos (casi 108 dólares mes al tipo de cambio oficial) al mes, supera la línea de la pobreza.

Las cifras de ingreso que definen la pobreza y la indigencia hablan por sí solas de los límites de los indicadores en la Argentina contemporánea.

Es un dato relevante verificar que se redujeron los peores índices sociales vigentes al 2002, en materia de desempleo, subempleo, pobreza e indigencia, aunque sin lograr valores vigentes previos a los años 70´ e incluso de los 80´, con índices entre el 2 y el 4% de desempleo y en ocasiones muy especiales elevando el guarismo hasta el 6%.

La situación social de la Argentina se explica por los cambios ocurridos en los últimos decenios, especialmente en la década del 90´, los que estructuralmente no han sido revertidos, y que las políticas económicas establecidas en la década gobernada por el menemismo y la Alianza, el PJ y la UCR, generaron un piso estructural regresivo en la composición social de la Argentina.

La pobreza no es un dato coyuntural, tiene dimensiones estructurales, y se visibiliza en las aglomeraciones circundantes a los grandes centros urbanos, constituyendo la base problemática de la insatisfacción social en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, o empleo. A ese cuadro objetivo debe adicionarse la conflictividad social y la diversidad de fenómenos crecientes de una economía del delito asociada a la trata de personas, la droga, o el empleo esclavo. La extensión estructural del fenómeno de la pobreza constituye la base material de ese cuadro de deterioro social.

Entre otros datos del fenómeno estructural de la pobreza, se manifiesta en más de un tercio de los trabajadores en situación irregular, es decir, sin cobertura social; en la precarización del empleo y la tercerización. También se expresa en la llamada “inclusión social” con ingresos mínimos que suponen los planes de asistencia social, sean las asignaciones para menores, las jubilaciones sin aportes históricos de los beneficiarios, o los planes de empleo asociados a organizaciones cooperativas. El 75% de los jubilados nacionales perciben la mínima, en el orden de los 1.900 pesos mensuales, y el salario mínimo está en $2.670 y subirá a $2.875 en febrero del 2013.

Los ingresos de este conjunto social, mayoritariamente trabajadores activos o pasivos, les posibilita accesos limitados a la canasta de consumo necesaria para la reproducción de la vida cotidiana de la familia trabajadora en la Argentina. Más allá de los datos oficiales, las necesidades de ingreso individual rondan los $5.000 pesos al mes.

Se puede pensar en la existencia de maniobras políticas, que las hubo en los saqueos y protestas de 1989, como en el 2001, e incluso en la actualidad. Es verdad, sin embargo, la disposición social al saqueo o la protesta ocurre por la existencia de sectores sociales insatisfechos. La pobreza es un dato estructural de la sociedad argentina.

Los acontecimientos de estos días no son protagonizados por la sociedad con relativo nivel de satisfacción de sus necesidades, mucho menos por sectores de medio y alto consumo. Más allá del tipo de producto sustraído de los comercios, la base está en la insatisfacción del consumo para una calidad de vida acorde con las necesidades sociales.

La movilización del 19 de diciembre fue protagonizada por trabajadores organizados de la CTA, de la CGT, y otros grupos independientes o que remiten a un vínculo con la izquierda partidaria. Más allá de algunos pronunciamientos de adhesión, fuera de esa filiación social o política, la concentración fue protagonizada por trabajadores sindicalizados u organizados en movimientos territoriales. La pobreza era visible en la inmensa mayoría de las columnas de movilizados.

Entre las principales reivindicaciones se destacan el 82% móvil para las jubilaciones; la universalización de las asignaciones familiares, revirtiendo medidas asumidas en los últimos años y que afectan los ingresos de los trabajadores. Uno de los temas centrales estaba en la crítica al no ajuste del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y al propio concepto de considerar como ganancias a los ingresos de los trabajadores.

Claro que en el escenario político que vive el país, muchos análisis interpretaron la medida de protesta como un acto contra el gobierno, y la base material e ideológica de los acontecimientos que se sucedieron inmediatamente. Sin embargo, las demandas son compartidas por todos los trabajadores, más allá de su consideración respecto del gobierno, su política y sus objetivos.