Sigue en picada la caída salarial: con Macri el poder adquisitivo cayó un 26,3%

INFORME DE ATE

En el 2018 el Salario Mínimo Vital y Móvil -SMVyM- sólo subió el 25%, con lo que otro millón de trabajadores formales fue arrastrado a lo más bajo del escalafón salarial.

A pocos días de concluir el año 2018, nuevamente, el ejercicio el gobierno de Mauricio Macri cerrará con una importante pérdida salarial: ni las cláusulas gatillo, ni el pago de un bono o algún incremento de salarios adicional ayudarán a amortiguar la caída de ingreso habida entre los trabajadore/as de los sectores nacionales, provinciales y municipales. El 2018 acabará con el registro de inflación más alto de los últimos 27 años, 47%, y una pérdida del poder adquisitivo, desde que Macri asumió su mandato, estimada en un 26,3%.

Con la crisis creciente a partir del mes de marzo las políticas salariales de las provincias tomaron distintas alternativas. Hubo algunas que eligieron aplicar la  cláusula gatillo; otras limitaron el aumento en porcentajes cercanos al 35%; otras lo hicieron con una combinación de porcentajes más bajos acoplando el pago de bonos;  y estuvieron aquellas administraciones que fijaron su política de salarios con el mecanismo de sumas fijas.

Este paisaje tan disparar en el modo que lo/as trabajadore/as han percibido el aumento de salarios es un producto propio del cambalache financiero y las políticas erráticas del gobierno macrista.

La uniformidad salarial entre las provincias sólo mantuvo una cierta estabilidad hasta el cierre del primer trimestre. El rango del 15% de incrementos para todo el año empezó a desbarrancar a mediados de año cuando la inflación acumulada trepó al 16%, superando así la meta estimada para todo el año.

Desde julio en adelante el proceso de espiralización inflacionaria hizo saltar todas las variables por el aire. A noviembre el registro del año es de 43,9% y cuando se complete diciembre el estimativo de las consultoras es que acabará en un rango del 47%, fijando así la inflación más alta de los últimos 27 años, después de la hiperinflación de 1991, cuando el que gobernaba era Carlos Menem.

En la tasa inflacionaria se descubre la pérdida del poder adquisitivo del trabajador/a.  En un informe de nuestra organización se denunció una pérdida del poder adquisitivo cercana al 26,3% desde el 2015, como resultado de una inflación acumulada del 157% que estuvo por encima de la actualización salarial del 89,5%. Analizando el derrotero de esta caída salarial, se observa que durante el año 2018 se produce el retroceso más importante con un descenso salarial del 18,3%.

En este esquema la contracción salarial de lo/as trabajadore/as del Estado ha sido entre 4 y 5 puntos más alta que sus pares del sector privado.  

 Como se resolvió en las provincias

Para el segundo semestre las políticas salariales empleadas por las distintas administraciones provinciales tuvo importantes modificaciones.

A nivel Nación el gobierno de Macri siguió con la misma política de contracción salarial que aplica desde que asumiera la conducción del país: a una suba del 15% (en 3 cuotas)  y dos sumas adicionales, agrega un “maquillaje” final con un bono de 5.000 pesos y otro 10% pagadero en cuotas sucesivas del 5% entre enero y febrero próximos.  

Provincias como Tucumán, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, La Pampa, Mendoza y Santa Fe optaron por el camino de la cláusula gatillo. Esto implica que  la reconstitución del salario les llega por la equiparación de la inflación. Salvo que se trate de excepcionalidades estos distritos no pagarán bonos a sus trabajadore/as.

Dos de las provincias que atraviesan las mayores dificultades financieras son Tierra del Fuego y Santa Cruz. En ambos casos sus gobiernos eligieron  subir el salario a través del pago de sumas fijas.

En resto de las provincias definió sus políticas de ingreso a través del otorgamiento de aumentos con porcentajes  que abarcaron un rango de entre el 32%, como provincia de Buenos Aires (más un bono de 7.000), La Rioja, el 36% de Córdoba y el 37,5% de Salta.

Entre las menos favorecidas se cuentan Chaco, Formosa y Jujuy, con incrementos de entre el 10% y el 20%. Y el distrito más rico del país, CABA, dispuso un incremento del 25%.      

La pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales ha sido la resultante final del ejercicio 2018 más allá de las disposiciones políticas tomadas por los gobiernos provinciales para reducir la brecha. 

Según el informe actualizado al 31 de octubre de la Junta Interna de ATE- INDEC, el valor de la canasta familiar para un hogar de 4 personas (familia tipo) debe ser de 37.300 pesos.

Salvo en algunos sectores del Estado Nacional y de administraciones provinciales con buenos márgenes de recaudación, una gran mayoría de trabajadore/as estatales difícilmente alcance la línea de lo que fija ATE- INDEC como canasta familiar.

En regiones del NOA y NEA, ATE denuncia que los salarios promedios están por debajo de los 20.000 pesos. Peor registro existen entre lo/as trabajadores del área de municipales donde el ingreso promedia los 12.000 pesos, y en caída libre están los jornalizados, becarios y personal con otra variedad de contrato que en algunos casos apenas alcanzan los 5.000 pesos mensuales. 

Dentro de esta problemática también se cuenta al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM). Definido el aumento del 25% en 4 tramos, arrastra hacia un punto más bajo del escalafón a casi otro millón de trabajadores formales.

Mientras se debate cual será el piso de la crisis del gobierno de Macri el primer indicio de política salarial se conoció estos días con un aumento salarial proyectado del 23%. De cumplirse los datos que proyectan una inflación anual cercana del 30%, Mauricio Macri acabará terminando su mandato con 4 años consecutivos de salarios a la baja.-