El encuentro tuvo lugar con la presencia de los secretarios generales de los gremios que integran la Federación Azucarera Regional (FAR) junto a Ricardo Peidro, secretario Adjunto de la CTA Autónoma; Vuenaventura David, titular de la Central Salteña; Horacio Meguira, Director del Departamento Jurídico de la CTA-A; Hugo «Cachorro» Godoy, secretario General de ATE; Enrique Waschneider, abogado laboralista de varios gremios del azúcar y Víctor De Gennaro, fundador de la CTA, presidente de Unidad Popular (UP) e integrante de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), entre otros.
El Plenario fue presidido por Ángel Ledesma, secretario General del Centro de Empleados del Azúcar del Ingenio Río Grande (CEARG-CTA), quien estuvo acompañado por Martín Olivera, secretario General del Sindicato de Trabajadores del Azúcar del Ingenio San Martín del Tabacal (STA-CTA); Rafael Vargas, del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA); Sergio Juárez del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar de Ingenio La Esperanza (SOEALE-CTA); José Antonio Reales, del Sindicato de Obreros del Azúcar del Ingenio Río Grande La Mendieta (SOARG-CTA); Centro de Empleados del Azúcar del Ingenio Río Grande (CEARG) y Mariano Cuenca, del anfitrión Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (SOEASI-CTA).
En primer lugar los dirigentes azucareros dieron un informe de situación sobre la realidad del sector y reseñaron los pasos históricos que han ido dando hasta confluir en la FAR. Precisamente Ledesma tuvo a su cargo resaltar que la Federación surge como necesidad de actuar en bloque para discutir desde una perspectiva de unidad con las patronales temas tan sensibles para los trabajadores como el salario y las condiciones laborales.
A continuación, Luis Campos reseñó el informe del sector que está estructurado en los siguientes ejes: 1. Introducción–Resumen Ejecutivo; 2. Situación estructural del sector azucarero; 3. El proceso de recuperación de las organizaciones sindicales azucareras en Salta y Jujuy; 4. El conflicto y la ronda de negociación colectiva 2016; 5. Violaciones a los derechos humanos en la industria azucarera: Derechos laborales y prácticas antisindicales; a. Ingenio San Isidro; b. Ingenio Ledesma; c. Ingenio La Esperanza; d. Ingenio Río Grande–La Mendieta; e. Ingenio San Martín del Tabacal.
A su turno, Víctor De Gennaro informó cómo sigue el proceso de denuncia de las violaciones a las libertades públicas, a la libertad sindical y a los derechos laborales que llevan adelante las patronales azucareras criminalizando la protesta social en su afán de maximizar ganancias y disciplinar a los trabajadores.
En su calidad de integrante de la CPM indicó que el próximo 29 de noviembre se llevará a cabo en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados una Audiencia Pública para nacionalizar esta situación por la que atraviesan los trabajadores y las organizaciones gremiales azucareras, encuentro al que también se invitará a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara Baja.
Luego de la participación de «Cachorro» Godoy, cerró el Plenario azucarero el secretario General de la Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM-CTA) y secretario Adjunto de la CTA-A, Ricardo Peidro, quien ponderó el nivel de unidad, firmeza y combatividad de los gremios de la FAR, señaló que la Central está viviendo un proceso de debate y reordenamiento en el marco de la recomposición del movimiento popular, y recalcó que esa situación no solo no implica parálisis en la organización y defensa de los derechos de los trabajadores sino, por el contrario, y como lo demostraba ese plenario, la construcción de fuerza propia y la lucha contra el ajuste estaba presente a lo largo del país.
Y agregó: “Las patronales de los grupos concentrados y de intereses fuertes tienen el mismo discurso y práctica, sean privados o parte del Estado. Mantienen como objetivo maximizar su renta y criminalizar asimismo la protesta social. Vencerlos depende de nuestra organización y resistencia”.
Peidro finalizó: «El 23 de este mes tengo que testimoniar en los juicios por la verdad en el marco de los delitos de lesa humanidad perpetrados por la dictadura cívico-militar. Después de este plenario, tengan la seguridad que voy a ir a denunciar el genocidio cometido contra nuestro pueblo con la alegría de saber que seguimos defendiendo los ideales de nuestros 30 mil desaparecidos».
La matriz azucarera
La introducción del Informe del Observatorio del Derecho Social es ilustrativo acerca de la situación del sector azucarero en el NOA.
«La industria azucarera constituye uno de los ejes productivos de las provincias del noroeste de nuestro país. De ella dependen directamente miles de trabajadores que realizan tareas tanto en el campo como en la industria. Su impacto se proyecta, asimismo, sobre el conjunto de las poblaciones que rodean los ingenios, cuya vida económica está estrechamente ligada a la suerte de la actividad azucarera, y en gran medida sobre la totalidad de ambas provincias. Centros urbanos como General Güemes (Salta), San Pedro (Jujuy), Libertador General San Martín (Jujuy) y Orán (Salta), por solo citar a los que cuentan con más población, dependen sustancialmente de la situación que atraviesan los trabajadores de los ingenios San Isidro, La Esperanza, Río Grande, Ledesma y San Martín del Tabacal.
Los trabajadores de este sector se aglutinan en torno a seis organizaciones sindicales: El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (SOEASI); el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL); el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar de Ingenio La Esperanza (SOEA–LE); el Sindicato de Obreros del Azúcar del Ingenio Río Grande La Mendieta (SOARG); el Centro de Empleados del Azúcar del Ingenio Río Grande (CEARG) y el Sindicato de Trabajadores del Azúcar del Ingenio San Martín del Tabacal (STA).
Todos ellos se encuentran afiliados a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma).
A lo largo de los últimos años los trabajadores azucareros de Jujuy y Salta han experimentado importantes transformaciones en cuanto a su organización y acción sindical. Este proceso ha sido impulsado no solo por aquellos trabajadores que desde hace muchos años se desempeñan en la actividad, sino también por jóvenes que se han incorporado a lo largo de las últimas dos décadas y que, en muchos casos, han promovido cambios muy importantes en las conducciones de los sindicatos.
La consecuencia más visible de este proceso ha sido una recuperación significativa del salario y una mejora de las condiciones laborales, en gran medida como producto de la lucha de los trabajadores y las organizaciones sindicales. En otras palabras, el fortalecimiento sindical y el impulso de medidas de acción colectiva han generado mejores condiciones de vida para el conjunto de los trabajadores azucareros de Salta y de Jujuy.
Los inicios de este proceso pueden ser ubicados a fines de los años ’00 y principios de los ’10, cuando la demanda por equiparar los salarios percibidos por los trabajadores azucareros de la provincia de Tucumán aglutinaba muchos de los reclamos de sus pares en Salta y Jujuy. Sin embargo, una vez cumplido este objetivo, las demandas por una recomposición salarial se complementaron con discusiones en torno a las condiciones laborales.
Desde entonces los ejes de la acción sindical han estado puestos en diversos reclamos, algunos comunes a toda la actividad, algunos propios de cada uno de los ingenios. Así, deben citarse la lucha por la defensa de los puestos de trabajo en el Ingenio La Esperanza, los reclamos en contra de las prácticas antisindicales en el Ingenio Ledesma, las acciones tendientes a visibilizar las violaciones de derechos laborales de los trabajadores de las fincas y de los cañeros independientes en los Ingenios Río Grande y San Isidro, la resistencia a la imposición de medidas de flexibilización laboral en el Ingenio San Martín del Tabacal.
En este informe se sistematizan algunos de estos reclamos, así como también las principales denuncias presentadas por los trabajadores y las organizaciones sindicales. Podemos observar aquí las denuncias por las pésimas condiciones laborales que afectan a muchos trabajadores del sector.
En el campo, debido a la inexistencia o insuficiencia de los elementos de protección, a la exposición a productos químicos, a déficits en las condiciones de habitación (baños comunes o con letrinas, viviendas con riesgo de demolición, presencia de roedores y de distintas enfermedades transmitidas por agentes como mosquitos, etc); en la fábrica, debido a la exposición a agentes causantes de enfermedades laborales como la bagazosis, a la falta de cumplimiento de las normas laborales en materia de prevención de accidentes, a la creciente intensidad en la explotación del trabajo y a la obligación de muchos trabajadores de asumir múltiples tareas y funciones, etc.
La respuesta patronal ha tenido diversas modalidades, pero en los últimos años se ha radicalizado y en muchos casos se han impulsado verdaderas políticas anti sindicales que han forzado a los trabajadores a desarrollar conflictos de alta intensidad. En este sentido, las patronales han recurrido recientemente al auxilio de las fuerzas de seguridad, quienes han actuado como brazos de las estrategias de respuesta de los empleadores a las demandas sindicales.
La represión física de las manifestaciones de los trabajadores ha alcanzado, en los últimos años, a los trabajadores de los Ingenios San Isidro, Ledesma y San Martín del Tabacal. A ello debe sumarse la apertura de causas penales que habitualmente se dirigen contra los dirigentes de las organizaciones sindicales que llevan adelante los reclamos laborales. A lo largo de este informe se destacan los casos del Sindicato de Trabajadores del Ingenio San Isidro, cuyo Secretario General tiene abiertas al menos 11 causas penales originadas en conflictos laborales; del Sindicato de Trabajadores del Ingenio Ledesma, cuyos representantes y trabajadores han sido acusados de diversos delitos en el marco de conflictos laborales en los años 2013, 2014, 2015 y 2016; del Sindicato del Tabacal, cuyos miembros de la Comisión Directiva afirmaron haber perdido la cuenta de las denuncias penales que la empresa efectuó en su contra durante los últimos ocho años.
Esta articulación entre los empleadores y las agencias estatales ha resultado una constante en los últimos años, y su intensidad se ha incrementado recientemente. Esta ha sido la principal forma de intervención estatal en conflictos eminentemente laborales, en otras palabras, la justicia penal y las fuerzas de seguridad han dejado en un segundo plano al accionar de la autoridad administrativa del trabajo, cuya intervención también ha sido notoriamente favorable a los intereses de los empleadores. En este caso se destacan el dictado de múltiples conciliaciones obligatorias en un mismo conflicto laboral, la imposición de multas a las organizaciones sindicales, y una virtual ausencia de la inspección del trabajo, pese a las reiteradas denuncias presentadas por los trabajadores ante situaciones que, como veremos a lo largo de este informe, implican violaciones reiteradas a los derechos fundamentales de los trabajadores en materia de condiciones laborales.
Represión violenta de las manifestaciones, inicio de causas penales, imposición de multas, ausencia de intervención del Estado en materia de inspección laboral. Todas estas han sido las formas más visibles de expresión de la articulación Estado–empleadores en tanto respuesta a los reclamos de los trabajadores y las organizaciones sindicales. Sin embargo, a lo largo de este informe hemos relevado una forma más sutil y persistente de estrategia antisindical.
En particular, en los Ingenios Ledesma y San Martín del Tabacal los empleadores han desarrollado a lo largo de los últimos años un verdadero Plan Sistemático Antisindical, que incluye la imposición de sanciones individuales a trabajadores, la prohibición a la dirección sindical para ingresar a los establecimientos, el desarrollo de acciones tendientes a infundir temor entre los trabajadores, la utilización de los medios masivos de comunicación para difundir mensajes contrarios a las organizaciones sindicales, la negativa persistente a aceptar a la organización sindical como interlocutor del conjunto de los trabajadores.
Estas medidas son cotidianas y, en cierta medida, cuentan con un aval implícito o explícito de la autoridad administrativa del trabajo. Como veremos a lo largo de este informe, la organización y acción colectiva de los trabajadores del azúcar de Salta y Jujuy ha crecido significativamente a lo largo de los últimos años, incluso a pesar de las respuestas patronales y estatales. Aun así, subsisten desafíos muy importantes de cara al futuro inmediato. Desde la lucha por la defensa de los puestos de trabajo en el Ingenio La Esperanza, hasta la respuesta frente las múltiples y reiteradas acciones anti sindicales en los Ingenios Ledesma y San Martín del Tabacal, pasando por la necesidad de mejorar las condiciones de vida, medio ambientales y de salud e higiene laboral en la totalidad de los ingenios (principalmente en los trabajadores del campo), y de los trabajadores que se desempeñan en fincas de cañeros independientes. Se trata de tareas que necesariamente requerirán una mayor coordinación entre la totalidad de las organizaciones sindicales y los trabajadores azucareros.
Un avance significativo en este sentido ha sido el proceso de recuperación de la recuperación de la Federación Azucarera Regional (FAR), que a lo largo de este año se plasmó en el desarrollo de acciones de apoyo y solidaridad en los conflictos de mayor intensidad que tuvieron lugar en el sector azucarero de Salta y Jujuy. La existencia de una coordinación en la práctica, ya sea para fortalecer los reclamos de los trabajadores de los distintos ingenios, ya sea para intercambiar información o para promover demandas comunes (como recientemente sucedió con el bono de fin de año), constituye un avance estratégico de cara al futuro cercano de la organización colectiva de los trabajadores azucareros».-
