Tras declaraciones de Aranguren, y de Macri en su defensa un repaso de gestión en energía

El Ministro de Energía, Juan José Aranguren, afirmó que no repatriaría sus depósitos en el exterior porque todavía no recuperó la confianza en el país.

Panorama político-sindical

¡Gracias Aranguren!

Por Mario Hernandez / Rebelión

El Ministro de Energía, Juan José Aranguren, afirmó que no repatriaría sus depósitos en el exterior porque todavía no recuperó la confianza en el país.

Lo insólito fue que el Presidente no le pidiera la renuncia o Aranguren se retirara de un gobierno en el que no confía. Por el contrario, Mauricio Macri salió en su defensa: “venía de una petrolera importante y le habían pagado en acciones, y entonces la Oficina Anticorrupción le dijo que tenía que venderlas, y lo hizo en el peor momento del precio del petróleo, lo que le costó una pérdida importante. Lo hizo por los argentinos”, resaltó.

La ocasión es propicia para recordar el “Balance 2015-2017 de la gestión Aranguren” de Federico Bernal, Director general del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (Oetec).

• Petróleo. Cerró en 2017 cayendo un 6,3 %, el peor retroceso desde 1999 y los niveles más bajos de producción desde 1992. Respecto de 2015, una retracción acumulada del 10 %. Todas las provincias productoras extrajeron en 2017 menos petróleo que en 2015. Por su parte, las importaciones de petróleo de 2016 y 2017 (sumadas) son un 44 % superior a las de 2008 y 2015, y equivalen a un 78 % de todo el petróleo importado durante los tres gobiernos precedentes, esto es, entre 2003 y 2015.
• Gas. La producción en 2017 disminuyó 1 %, la primera caída desde 2014. Si bien en 2016 había crecido un 4,9 %, vale mencionar que el 91 % de ese crecimiento obedeció a un único yacimiento, puesto en marcha en 2013 pero que recién comenzó a producir en febrero de 2016. En otras palabras, del 4,9 % de expansión, 4,4 puntos porcentuales obedecen al aporte de un mega-yacimiento gasífero proveniente de la “pesada herencia” (Vega Pléyade, Tierra del Fuego).

  En cuanto a las importaciones de gas, las de 2017 ya superaron las de 2015 en un 4 %, año duramente criticado en materia energética por quienes hoy administran el país. Lo acontecido específicamente con el gas no puede divorciarse de las adecuaciones tarifarias y del precio del gas en boca de pozo tomadas desde 2016, adecuaciones que, según explicó el ministerio de Energía en infinidad de resoluciones y documentos, supuestamente ofrecían una “solución integrada y previsible al suministro de gas… que ayuda a recuperar la producción y reducir las importaciones”.

  A dos años del tarifazo, la producción cayó y las importaciones aumentaron. Al frente de estas últimas, directa e indirectamente está Shell, la antigua empleadora del Ministro, vía compras a Chile de GNL, variante en la que la firma angloholandesa cuadruplicó su participación entre 2016 y 2017.

  Combustibles. Entre 2016 y 2017, YPF, Shell, Axion y Trafigura mejoraron sus ventas de combustibles al público (en volumen). Pero las nuevas ventas se repartieron en forma muy desigual: YPF 9 %, Shell 58 %, Axion 3 % y Trafigura 26 %. Esta última, empresa holandesa, acaba de adquirir la refinería de Pampa Energía y su cadena de estaciones de servicio (Petrobras). Shell y Trafigura absorbieron un 84 % de las ventas incrementales de combustibles entre el primer y segundo año de mandato de Macri.

  A nivel del mercado interno, la demanda de naftas y gasoil creció 3,4 % entre 2017 y 2015. Si se cruza esa expansión con la obtención de estos productos por parte del parque de refinación local que apenas aumentó un 0,6 %, vemos que la mayor demanda se está compensando con un aumento de las importaciones que crecieron un 31 % desde 2015. En este sentido, comparando al bienio 2016/17 vs. 2014/15, las compras externas de naftas y gasoil de todas las empresas registraron aumentos, a excepción de YPF. La primera fue Shell, con un 138 % (sic). La diferencia respecto al resto es notable, sobre todo con la estatal que se contrajo un 44 %.

1. Demanda de electricidad y gas natural por redes. En 2017, la primera retrocedió 0,5 %, la única caída que se registra desde 2013. En relación a la segunda, creció un insignificante 0,02 % respecto de 2016, es decir, quedó estancada. Cuando se comparan estos comportamientos con las tasas de crecimiento interanuales de 2015/14, se observa una fortísima caída en la primera, ya que pasó de 4,5 a -0,5 %; y una fortísima desaceleración en la segunda, al pasar de 1,9 a 0,02 %.

• Dependencia energética y balanza comercial. La dependencia petrolera aumentó a su nivel más alto desde 2011, casi cuadruplicando la de 2015. Igual derrotero siguieron la dependencia gasífera y la de combustibles: en 2017 por arriba de 2015. En relación a la balanza comercial energética, entre 2016 y 2017 empeoró un 25 %, al saltar de 2.561 a 3.207 millones de dólares.
• Proyección 2018/19. El Decreto 962 liberó las importaciones de petróleo y combustibles, mientras que habilitó exportaciones de gas natural sin compromiso de reimportaciones como estaba estipulado en el decreto 893 de julio de 2016. El panorama descripto hasta aquí empeorará al ritmo de una mayor desregulación, extranjerización y concentración del sector. La demanda de servicios públicos energéticos y en combustibles se mantendrá estancada o a la baja, pudiendo la administración Macri abastecer la demanda sin necesidad de aumentar la producción de gas y de petróleo, así como la refinación de crudo.
• Tarifazos . La involución energética de la gestión Macri se dio no sólo en simultáneo al dramático aumento de los precios del gas en boca de pozo, de las tarifas y de la rentabilidad de un grupo concentrado de actores privados muchos de ellos socios y/o parte del Poder Ejecutivo.

  Es oportuno recurrir entonces a la siguiente frase de Aranguren pronunciada el 15 de diciembre de 2016, al inaugurar la Primera Jornada Nacional de Eficiencia Energética: “La gente acepta el cambio cuando reconoce una necesidad. Y esa necesidad la puede reconocer en medio de una crisis. Y para nosotros crisis, necesidad y cambio son procesos irreversibles…”.

  La política energética de Shell al frente del Ministerio de Energía, avalada por Macri, tuvo un único y definido objetivo: provocar una crisis de tal forma de generar en la población la necesidad de aceptar un cambio. Por “cambio”, se entiende un extraordinario tarifazo, drástica reducción de hábitos de consumo energético que nos acercaban a países del Primer Mundo, desregulación masiva, retorno a las privatizaciones, liberalización de importaciones, reapertura exportadora, concentración y ganancias abusivas de empresas del sector.

Estatales: Comenzó la nueva temporada de ajustes con retiros voluntarios

Luego de los despidos masivos en INTI, Hospital Posadas, Fabricaciones Militares, en la mina de Río Turbio y en los Ministerios de Defensa y Hacienda; y del cierre de sectores como la Lotería Nacional, entre otros, que amenazan extenderse y continuar durante los próximos meses, el Ministerio de Modernización y el de Economía elaboraron y comenzaron a difundir el Proyecto de ley con el que el Ejecutivo pretende seguir ahorrando a costa de los trabajadores y las trabajadoras estatales.

El borrador, que habría sido elevado al presidente Mauricio Macri para que lo firme como Decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto 2018, contempla que:

• Para aquel empleado de 65 años o más “que no cuente con los años de servicio necesarios para obtener su jubilación ordinaria” , existirá la posibilidad de recibir 24 cuotas mensuales iguales “no remunerativas” equivalentes a su salario neto.
• Para aquellos que tengan 60 años pero no alcancen la categoría anterior, la norma prevé que se les paguen hasta 36 cuotas mensuales no remunerativas equivalentes a su salario neto, siempre y cuando no se superen las 12 cuotas una vez cumplidos los 65 años.
• El tercer caso es el de los menores de 60 años , para quienes habrá un resarcimiento al momento de la desvinculación de hasta 6 cuotas en función de la antigüedad y luego entre 6 y 24 cuotas mensuales adicionales no remunerativas, pero del 70% de su salario neto.

De esta forma, Cambiemos buscará que con la presión de la posibilidad latente y constante de perder la fuente laboral, miles de trabajadores y trabajadoras preocupados por su futuro, se acojan a la nueva norma.

El delegado paritario de ATE, Flavio Vergara, explica que el proyecto “surge en un marco de ajuste del gasto público que se traduce en despidos masivos del 2016, y los despidos y las reformas selectivas del 2017”. En ese contexto, “lo voluntario es la forma en que te vas: solo, o por la fuerza”, aclara Vergara, y afirma que en realidad el nuevo proyecto que el Gobierno ya empezó a medir en la opinión pública es simplemente “una puerta de emergencia para escapar antes que te tiren por la ventana”.

La Junta Interna de ATE-INDEC hizo público su preocupación frente a la información que circuló sobre la disolución del organismo. En ese sentido emitió un comunicado donde subraya al sector en estado de alerta y movilización, llamando a la unidad para “construir una gran asamblea general para discutir el tema”. El comunicado también revalorizó posturas que son históricas de esta Junta Interna como “mantener el INDEC ajeno a todo tipo de presiones o injerencias políticas”.

ATE denunció despidos “a mansalva” en la Municipalidad de La Plata. Al finalizar el mes de marzo, nuevamente se han comenzado a producir notificaciones de despidos, indiscriminadas, arbitrarias y en cantidades tales que llegan al 20 % de algunas Direcciones.

Un plenario regional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) –integrante de CLATE— resolvió convocar a un paro el próximo 5 de abril en todo el sur argentino para exigir la reincorporación de los 500 despedidos, estabilidad laboral y la puesta en marcha del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.

Malas noticias para los trabajadores santafesinos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) rechazó cualquier plan de pago para cancelar la deuda de Oil Combustibles y la compañía quedó al borde la quiebra.

Héctor Brizuela, secretario de Asuntos Legales del Sindicato de Petrolero, admitió que el panorama para los 450 trabajadores de la Refinería San Lorenzo “es cada vez más preocupante por el elevado monto de la deuda”.

El sindicalista expresó, además, que los salarios de los trabajadores, “con mucho esfuerzo se podrían pagar a fin de mes. Después de ahí, de acuerdo a lo que nos dijeron los interventores judiciales, ya no queda caja para afrontar esos gastos”.

En ese sentido, Brizuela sostuvo que “existe en la Afip la figura de la empresa en marcha que lo que haría sería correr a Cristóbal López de la escena y ver si alguien viene a realizar inversiones. Pero hoy con una deuda de 17 mil millones de pesos nadie va a venir a invertir antes de la quiebra”.

La refinería San Lorenzo es la única planta de su tipo en toda Santa Fe. Más de 400 empleados trabajan en el lugar y la quiebra de la misma causaría un severo impacto a toda la economía del Cordón Industrial ubicado al norte de Rosario.

La angustiante situación por la cual atraviesan los trabajadores de las empresas metalúrgicas Vassalli Fabril y Rega quedó visibilizada con una fuerte movilización para exigir el pago de salarias atrasados que vienen reclamando, sin éxito, desde hace tiempo.

La protesta se hizo sentir en todo el sur santafesino con un corte que interrumpió la circulación de las rutas provinciales 93 y nacional 33 en jurisdicción de Firmat y del que participaron además obreros de otros establecimientos metalúrgicos que también están en problemas.

Si bien la emblemática fábrica de cosechadoras Vassalli ya no tiene el mismo plantel que superaba los 600 obreros no deja de ser un número importante los poco más de 400 que posee actualmente y por estas horas viven en medio de un clima de incertidumbre por su futuro.

Docentes

Las clases comenzaron hace cuatro semanas, pero el conflicto por los salarios docentes continúa. Solo hubo acuerdo con los gremios en Formosa (20%), Santiago del Estero (20%), Corrientes (17%), San Juan (17%), Tucumán (17%) y Misiones (15,5%) x encima de la barrera del 15% que pretende imponer el gobierno nacional. En cinco casos las negociaciones fueron del 15% o por debajo: Córdoba (15%), Salta (15%), Río Negro (15%), La Pampa (10%) y Jujuy (5%) donde las negociaciones se retomarán en junio y octubre.

Lo hicieron por decreto San Luis (21%), Mendoza (15,7%) y Santa Fe (18%). Córdoba, San Juan, San Luis y Santa Fe incluyen “cláusula gatillo”.

En Capital, el gobierno otorgará el 15% en 3 tramos lo que fue rechazado por los gremios mayoritarios UTE y Ademys. Al respecto, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), adelantó que realizarán un paro por 24 horas esta semana “contra el techo a los salarios”. El anuncio oficial sobre la medida de fuerza lo harán en una conferencia de prensa el martes que viene, según confirmó el secretario general de UTE, Eduardo López, y no descartan que se sumen otros sindicatos porteños.

En La Rioja el gobierno otorgó un 10,5% de incremento, pero la negociación sigue abierta. También se sigue negociando en la Provincia de Buenos Aires donde el miércoles vuelven a reunirse en La Plata (si no hay acuerdo convocaron un paro para el 5 de abril con movilización a La Plata junto con el resto de los gremios estatales ), en Catamarca donde el gobierno ofreció 16,5%, Chaco (6%), Chubut (15%) y Entre Ríos (15%). No hubo negociaciones en Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

Bancarios

La totalidad de las Comisiones Gremiales Internas del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) anunciaron un paro general de dos días para el martes 3 y miércoles 4, en rechazo de lo que consideran un «vaciamiento» de la entidad y en demanda de «salarios justos», de acuerdo con una declaración sindical.

Asimismo, la conducción nacional de la Asociación Bancaria decidió paralizar las tareas en todo el país el viernes 6 de abril y convocar a otra huelga general de 48 horas para la semana siguiente “si no se alcanza un acuerdo paritario definitivo” luego del fin de semana largo de Pascuas, informaron los secretarios generales Sergio Palazzo y Eduardo Berrozpe. El Bapro estará una semana con las puertas cerradas. Al fin de semana extra largo por los feriados hay que sumarle el martes y el miércoles, por lo que recién volverá a funcionar el próximo jueves para volver a parar el viernes. Por su parte, Palazzo y Berrozpe, luego de un nuevo y extenso encuentro paritario realizado en la dependencia laboral de la Avenida Callao al 100, aseguraron que la cartera de Trabajo exhortó a gremialistas y cámaras empresarias a presentar esta semana «una propuesta salarial superadora», y advirtieron que «la ausencia de un acuerdo salarial justo y definitivo provocará consecuencias sobre la economía familiar de los trabajadores». Indicaron también, en un comunicado gremial titulado «Banqueros, no resignaremos dignidad por vuestra codicia», que «se demostró paciencia y los índices de precios son contundentes, por lo que la propuesta empresaria no alcanza. Si no se llega a un acuerdo paritario la semana próxima habrá huelga el viernes 6 de abril y otra de 48 horas durante la semana posterior a esa fecha», concluyeron.

Crece el empleo precario

Los datos del Ministerio de Trabajo marcan que en noviembre pasado el total de trabajadores registrados sumó 12.335.700. Son casi 300.000 más que en noviembre de 2015. La casi totalidad -unas 200.000 personas- se concentró en el monotributo y monotributo social, otras 63.000 en el sector público y 32.000 entre el personal doméstico. Los asalariados privados aumentaron solo en 11.000 personas. Además, 4 de cada 10 puestos de trabajo de asalariados privados está “en negro”.

Durante 2016, hubo una pérdida de 66.700 empleos asalariados formales y durante 2017 se crearon 77.200. La construcción es el sector que lidera la expansión con 12.000 empleos más que en noviembre de 2015, mientras que la industria tiene 68.000 asalariados menos y minería 8.000; a pesar que la eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras le significó un ingreso adicional de U$S 200 millones, fue el sector que más mano de obra expulsó de octubre de 2016 a octubre de 2017.

La otra gran beneficiaria de la quita de impuestos fue la actividad agropecuaria que perdió en igual período otros 8.000 trabajadores. Compensan comercio (+ 23.000) y algunas ramas de servicios.

A pesar que la producción industrial cerró 2017 con un incremento del 1,8%, continuó destruyendo puestos de trabajo (16.000) ya que la recuperación está liderada por las ramas menos intensivas en empleo (metalmecánica y metálicas básicas) y que contaban con mano de obra ociosa.

Angel Maridueña, de la consultora ACM, sostiene que “los datos oficiales reflejan la incapacidad de generar empleo privado formal, si bien se han recuperado puestos de trabajo, lo único que hubo fue simplemente un rebote, pero considerando que ingresan trabajadores al mercado laboral en forma constante, no es suficiente para garantizar puestos de trabajo estables, con ingresos medios. Sigue la creación de empleo registrado pero como monotributo. Esta modalidad genera inestabilidad, los contratos no son claros y las formas de prescindir de un trabajador son poco costosas. Además, el empleo registrado que aumenta no genera ingresos para sostener el sistema jubilatorio, por lo tanto esto será un problema a futuro si no se revierte pronto”.

El Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) bajo la coordinación de Claudio Lozano y Tomás Raffo señala que: “es posible afirmar que luego de la caída del empleo experimentada desde finales del 2015 hasta la primera parte del año 2017 (la tasa pasó del 42,2% en el III trimestre 2015, a promediar el 41,9% en el 2016 y el 41,4% en el primer semestre 2017), la segunda parte del año muestra signos de recuperación en el nivel de empleo como resultado principalmente de dos fenómenos. Por un lado, la alternativa del autoempleo como modalidad de subsistencia de la fuerza laboral expulsada de los mecanismos tradicionales de inserción que, en base a la información publicada hasta el momento, dio cuenta del 35% del empleo generado. Y por otro lado, la incorporación de ocupados en modalidades asalariadas informales, carentes de derechos y garantías, que representaron aproximadamente la mitad de las nuevas ocupaciones (al II trimestre 2017). Es decir, que 8 de cada 10 ocupados nuevos de esta recomposición del empleo obedece tanto a la extensión de la informalidad y el consiguiente abaratamiento de la mano de obra que busca alcanzar el Gobierno y reforzar con la reforma laboral, como a la capacidad de los desocupados de autoinventarse un empleo.”

Por otra parte, el efecto rebote que la actividad económica tuvo en el 2017 luego de la caída del año anterior, generó condiciones de posibilidad para el crecimiento del empleo que resultan ser absolutamente inestables. El crecimiento económico del 2,5% verificado obedece mayormente al impacto de la obra pública sobre la inversión, que difícilmente pueda mantenerse, conforme a su vinculación con el proceso de endeudamiento público y la carga que los servicios de la deuda le infringen al déficit fiscal.

Cabe resaltar, por otro lado, que la caída de la desocupación que se observó durante los dos últimos años de gestión de Cambiemos (que reestimando la tasa adulterada del 2015 parte del 8,2% y alcanza actualmente el 7,2%), no se constituye como un síntoma virtuoso del mercado de trabajo. En pocos términos, la caída experimentada en el año 2016 estuvo vinculada al efecto desaliento de la población desocupada que ante un contexto de ausencia de oportunidades de empleo postergó las estrategias de búsqueda (lo anterior se observa a partir de la caída de la tasa de actividad de 0,7 p.p. en simultáneo con la caída de la desocupación, -6,6 p.p., y el empleo, -0,3 p.p.).

Asimismo, la caída de la desocupación del 2017 -centrada en el segundo semestre del año ya que en el primero se verificó un aumento- refleja la insuficiencia del proceso de recuperación del empleo para dar respuesta a las necesidades de inserción de la fuerza laboral. Esta situación se observa al constatar que, mientras se generaron 666.500 nuevas ocupaciones, la disminución de la población desocupada tuvo un impacto muy inferior ya que cayó en apenas 14.800 dando cuenta de la casi nula capacidad que tiene la generación de empleo sobre la resolución de la desocupación (la misma fue de apenas el 2,2% durante el último año). Lo anterior se explica principalmente, por la reactivación de las estrategias de búsqueda que durante el año 2016 se refugió en la inactividad a la espera de una mejora en el contexto laboral.

De allí que la reactivación económica del año 2017 trajo aparejado un mercado laboral con una recomposición del empleo sobre la base de ocupaciones precarias sin efectos significativos en el descenso de la desocupación.

Por último, cabe destacar que a pesar de verificarse un contexto laboral de aumento del empleo y caída de la desocupación, en 19 aglomerados urbanos se observan dinámicas laborales con signos claros de deterioro ya sea, porque hay un proceso de retracción del empleo (con aumentos o caídas en la desocupación según las estrategias de búsqueda o desaliento de la población sin trabajo) y cuadros laborales de aumento del desempleo como resultado de una insuficiente generación de empleo en relación a las necesidades de inserción de la población”.

Para Victoria Basualdo, Hernán Letcher y Julia Strada en “La reducción de aportes patronales y el camino hacia el “blanqueo laboral” (2018), a l primer semestre de 2017 la cantidad de asalariados no registrados asciende a 33,5%.

En el período entre 2004 y 2017, con datos al segundo trimestre, la brecha entre formales e informales en lo que refiere a ingresos percibidos y declarados en la Encuesta Permanente de Hogares, supera el 50%, siendo del 57% a inicios del período y bajando al 53% al final de los datos disponibles. Ello evidencia que la informalidad laboral se vincula a una mayor precarización en el orden salarial.

Pero el trabajo no registrado también tiene un importante costo fiscal para las arcas de la seguridad social. Se estima que, a 2018, los aportes y contribuciones no percibidas (producto de la existencia de un tercio de los trabajadores con empleo no registrado) ascenderían a 75.903 millones de pesos.

Por otro lado, la aprobación por Ley de la reducción de aportes patronales como parte de la reforma tributaria aprobada por el Congreso el 27 de diciembre de 2017, supone un ahorro para los empresarios de $ 30.969 millones sólo para el año 2018 .

De acuerdo a una estimación realizada por CEPA en base al presupuesto, la reducción de contribuciones patronales, en un escenario conservador (con inflación prevista en el presupuesto 2018) alcanzaría al año 2022 los $ 217.621 millones, es decir, el 34,4% de las contribuciones patronales.

Para concluir: “ El objetivo de esta política es aumentar los márgenes de ganancia de las empresas, sosteniendo que ello llevaría a promover el trabajo registrado. Sin embargo, la experiencia histórica previa puede resultar útil para mostrar que la reducción de aportes patronales aplicada en 1994 por Domingo Cavallo, o también denominada “devaluación fiscal” que pretendió compensar los efectos económicos perversos de la rigidez cambiaria, no significó sin embargo una mayor contratación de mano de obra sino que tuvo dos efectos centrales: acrecentó las ganancias del sector empresario, promoviendo la concentración, al tiempo que desfinanció al Estado” .

Las mujeres, las más precarizadas

La precariedad más extrema trepa al 51 % de los ocupados. Sin embargo, en las mujeres la precariedad laboral es aún más extendida, alcanzando sus formas más extremas al 58 % de las ocupadas. En base a datos de la EPH correspondientes al primer trimestre de este año, al menos el 57,6 % de las ocupadas (asalariadas y cuenta propias) sufren condiciones de precariedad extrema, en tanto que para las asalariadas son al menos el 54 %. En el caso de los varones esta proporción es del 45,8 % de los ocupados y el 42 % de los asalariados.

En las ramas con fuerte composición de la fuerza laboral femenina es donde se observan mayores índices de empleo no registrado, en primer lugar el servicio doméstico, pero también en el comercio y la industria manufactura especialmente el sector textil y confecciones.

Para 2017 un 35 % de las asalariadas “trabajaban en negro”, es decir que no estaban inscriptas en la seguridad social que les permita acceder a una obra social y a una jubilación a futuro, entre otros derechos laborales.

La situación empeora si se considera a su vez los salarios, así se estimó que casi la mitad de las asalariadas (45 %) no alcanzaba el salario mínimo ($ 8.860), monto que a su vez resulta inferior al que necesita un trabajador para cubrir la canasta total y no caer en la pobreza -en marzo el valor para un hogar tipo era de $ 14.820, según Indec, aunque de acuerdo a los estudios independientes de la Junta Interna de los trabajadores de ATE-Indec, a valores de abril, ningún trabajador debería cobrar menos de $ 23.340.

Al respecto, la Diputada Nacional y secretaria General del SITRAJU -Vanesa Siley- presentó, junto con otros legisladores que integran la bancada del bloque Frente para la Victoria-PJ, un Proyecto de ley para derogar las restricciones que la Ley 11.317 pone a las mujeres para la realización de diversos trabajos en las actividades industriales.

Cabe destacar, en línea con lo planteado por la Legisladora, que estudios del año 2017 señalan que en Argentina la brecha salarial entre hombres y mujeres tiene una media del 27% entre los salarios promedios de cada género más allá de las diferencias que se dan frente a mismas posiciones según el sexo del trabajador.