Se encuentra sin atención médica, casi ciego del ojo derecho, con edema pulmonar, hipertensión arterial y en situación de aislamiento. Solo lo dejan salir al patio media hora por día. Facundo está acusado de “homicidio, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir”, ya que el gobierno boliviano indica que estuvo en un enfrentamiento en la localidad de Montero, hecho en el que murieron dos miembros de los grupos cívicos.
Red Eco
El padre de Facundo, Hugo Molares, juez de paz en Chubut, explica: “Hace una semana el abogado logró verlo y corroboró que está en peligro la vida de mi hijo. Por una gestión del letrado, el médico de la unidad penitenciaria extendió una autorización para que se le haga una revisión médica general y se lo pueda llevar a un centro oftalmológico fuera de la cárcel. Pero todo este trámite burocrático tardará, aproximadamente, diez días o más, debido a que fue puesto en prisión en el departamento de Santa Cruz y actualmente está en La Paz, entonces todo trámite tiene que ser autorizado por las autoridades de ambos departamentos”.
La pesadilla de Facundo comenzó el 11 de noviembre, día en que lo internan en el Hospital de Montero. Allí, al entrar como NN, los médicos dan alerta a la policía, quienes al buscar en sus antecedentes encuentran que pertenecía a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Con esa información, el ministro de Gobierno Arturo Murillo presenta el caso ante los medios, y se le abre una causa en la que se lo imputa por dos homicidios ocurridos el 30 de octubre, los de un dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista y un mototaxista. Dichos crímenes tuvieron lugar en el Puente de la Amistad, ciudad de Montero, de los cuales no existe ninguna prueba.
El padre de Facundo indica que su hijo no tiene causas pendientes en Colombia ni en Argentina: “Viajó a Bolivia enviado por la revista digital Centenario del Partido Comunista de la Argentina y, estando allí, se enfermó, pero no participó en ningún enfrentamiento. Eso se puede constatar porque no tiene ninguna herida de bala”.
El 2 de diciembre, sin tener el alta hospitalaria, hecho denunciado por el director médico del hospital Japonés donde se encontraba internado y mediando la negativa por escrito del juez del caso por su delicado estado de salud, Facundo fue trasladado al penal de Palmasola. La operación solo fue posible por el accionar del servicio de inteligencia FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) con una certificación de la médica forense Katherine Ramírez Gamon, quien nunca lo atendiói. Tres días después fue trasladado a la prisión de Chonchocoro en La Paz. “Al día de hoy, todos los imputados por la causa que tiene Facundo están en libertad. Solo él sigue en prisión, condenado a morir o a que le queden graves secuelas en su cuerpo si no es atendido en los próximos días”, se lamenta Molares padre.
Hugo, con mucha tristeza, señala: “Tanto en el gobierno de Mauricio Macri como en el actual, no tengo respuestas concretas. También realicé gestiones legales ante la CIDH, Cruz Roja, Iglesia y Naciones Unidas, pero, al día de hoy, ningún organismo realizó una acción concreta y efectiva para salvar la vida de mi hijo”. En este caso, al igual que en el del periodista Sebastián Moro, que falleció en los días del golpe de Estado, hay un silencio por parte de los grandes medios y poca empatía por sus colegas de la prensa grande.
El pedido de Hugo es la repatriación a la Argentina. Pero lo que más le importa hoy es que se concrete la internación de Facundo para que se le hagan todos los estudios médicos pendientes.-
Por Calixta Quispe / Red Eco