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Una muestra de que la prórroga de la Ley 26.160 no será cumplida
Viviendas destruidas por el operativo policial
VIOLENTO DESALOJO A ORIGINARIOS EN SALTA.
El día en que los Senadores votaban por unanimidad la prórroga de la Ley que prohíbe los desalojos a pueblos originarios, en El Quebrachal -Salta- se producía un violento ataque contra una comunidad.
REVISTA NORTE
El gobierno de Macri dio marcha atrás en su intensión de ir contra los pueblos originarios y mandó a aprobar la prórroga luego de que los mismos legisladores oficialistas y aliados lo impidieran apenas unas semanas atrás.
El escándalo de la violenta avanzada contra el pueblo Mapuche que se internacionalizó a raíz de la desaparición forzada del activista Santiago Maldonado, habría sido uno de los principales motivos para esconder ahora la agenda nacional.
Sin embargo, para muchas comunidades, la violencia continúa.
Ayer mismo, cuando en la Cámara de Senadores se votaba -por acuerdo con Macri- la prórroga a la ley 26.160 que impide los desalojos a comunidades originarias, la organización campesina MOCASE denunció un violento ataque a la comunidad Sin Fronteras del Pueblo Indígena Lule Vilela, y la detención de uno de sus miembros.
Así lo denunciaron en su cuenta de facebook:
«En el día de hoy 30 policías y paramilitares desalojaron violentamente a la familia Palma de la comunidad Sin fronteras del Pueblo Indígena Lule Vilela, relevada según la ley 26160. En el operativo esposaron y golpearon a Teresa Palma entre otras mujeres. Arremetieron con balas de goma hiriendo en la cara a Miguel Palma, mientras se llevaron detenido a Rafael Galvan y por el momento desconcemos su paradero.
Los policías que se lo llevaron son de la comisaria del Quebrachal. Nro de teléfono: 03877 491102 Se solicita a todos llamar a la comisaria para pedir el paradero y la libertad de Rafael Galván.
En el operativo el empresario Loprestti, el juez de Paz Oscar Alfredo García y la policía destruyeron la vivienda de los Palma, robando todas sus pertenencias.
El empresario terrateniente responsable de los hechos es Marcos Loprestti del Quebrachal, que años atras se apropio de 17 mil hectareas, encerrando a la familia Palma entre alambres. Hoy pretenden desalojar definitivamente a la familia Palma».
Los miembros de la organización campesina difundieron las fotografías de cómo quedaron las viviendas y cómo sufrieron las agresiones del operativo de la policía de Salta y otros miembros no identificados, acusados de fuerza paramilitar, que participaron con la fuerza oficial.
«Exigimos la liberación de Rafael Galvan», publicaron en el facebook.
«El Mocase VC declara el estado de alerta y anuncia la instalación de una Carpa Negra de Resistencia en la zona del conflicto.
Las imagenes del desalojo hablan por si solas. Así quedaron los cuerpos de los compañeros luego del ataque de la policía y matones. Las manos de Teresa Palma muestran las marcas de las esposas y en la cara de Miguel Palma se pueden ver las marcas de las balas de goma.
Está confirmada la detención de Rafael Galvan en la comisaría de Quebrachal.
La comunidad «Sin fronteras» es una comunidad relevada como manda la Ley 26.160.
Basta de desalojos violentos. Basta de bandas armadas. Ni un muerto más por la tierra».
A última hora anunciaban la liberación del detenido:
«Gracias a los llamados, la presión y la solidaridad de todxs han liberado a Rafael Galván.
Mañana a recuperar la posesión y reconstruir las viviendas. La lucha sigue».
La lucha por la tierra de las comunidades campesinas y originarias contra los grandes terratenientes y los grandes intereses económicos que como en Salta forman parte del poder político, es un tema que viene agravándose.
Queda la duda si la prórroga de la ley, que ayer se festejaba como un triunfo, realmente ayudará a la formalización de los territorios comunitarios.-
REVISTA NORTE
NOTA RELACIONADA:
«NOS PUSIMOS DELANTE DE LA TOPADORA y EMPEZARON A DISPARAR»
Por Rafael Galván, de la comunidad Sin fronteras del Pueblo Indígena Lule Vilela, en Salta.
«Pasadas las 13 un sobrino me avisó que estaban desalojando la casa de los Palma y nos fuimos para allá. Había unos 30 policías, un patrullero de la policía de Salta, una camioneta de Infantería y una topadora del empresario Lopresti. Decían que era por orden de la jueza Zigaral, por un juicio que habían perdido los Palma. Pero ellos ni siquiera recibieron ni una citación judicial. Todo fue trucho. Además esas tierras están dentro del relevamiento que realizó el INAI en el marco de la Ley 26.160.
Cuando llegamos a la familia ya la habían sacado con violencia de la casa, personal femenino de la policía había golpeado a Teresa Palma, a quien quisieron llevarse detenida pero como se puso muy mal de salud la dejaron.
Cuando estaban por derribar la casa con la topadora Miguel, el hijo de Don Palma, intentó acercarse y empezaron a disparar. Yo no logro ver pero después me entero que uno de los balazos le dio en la cara. A mí me llevan detenido por pararme enfrente del tractor. Me armaron una causa y me tuvieron dos horas en la comisaría del Quebrachal.
Pero lo peor es la impotencia, de ver la impunidad de los empresarios y de la policía y de los jueces. Le tiraron toda la casa a la familia Palma y la gente de Lopresti cargaba la cama y los muebles en las camionetas. Lo único que dejaron fueron los animales porque no se los podían llevar. Después tiraron todas las cosas a un costado de la ruta.
Es un desalojo pagado, totalmente trucho. Ni siquiera dejaron una consigna policial. Y a mí me dijeron que por la causa que me armaron no me podía acercar al domicilio de los Palma. Esa es mi comunidad, cómo no voy a poder ir. Incluso soy consejero. Pero eso no vale nada, nosotros no valemos nada para la Justicia. Esto no es la primera vez que pasa.
Uno siente mucha impotencia. Estas situaciones me traen un montón de recuerdos. A mí me mataron un hermano, hace cinco años a Miguel Galván lo asesinó un sicario también de Quebrachal. Y ni con eso fue suficiente para que termine la violencia hacia nuestras comunidades.
Este hombre Lopresti vive pagándole a la policía, a los jueces. Fue contador de varias municipalidades de la zona y entonces tiene el poder. Le dijimos eso a la jueza y ella ni siquiera contestó, no dijo nada porque seguramente a ella también le paga. Y esto no sólo pasa acá, pasa en todo el país.
Por eso no alcanza con una ley, porque siguen estas prácticas ilegales. Tiene que haber un Estado que se ponga los pantalones largos ante todas las injusticias y que de una vez por todas se detenga la matanza y avasallamiento a nuestras comunidades».
Fotos: Mocase Vía Campesina / Publicación en Revista Crítica
