Informe. Violencia estatal en aumento

El Relevamiento de Casos de Violencia Estatal es elaborado por el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (AciFaD) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH). En este caso presentan su segundo informe, con datos que abarcan hechos ocurridos entre julio y diciembre de 2016 (el primer informe se correspondía con el período enero-junio de 2016).

El principal insumo para el relevamiento y análisis son las notas periodísticas publicadas en los portales web de diferentes medios nacionales, tanto diarios (La Nación, Clarín, Página/12, La Izquierda Diario) como agencias de noticias (Marcha, Red de Periodistas Judiciales de Latinoamérica Cosecha Roja, Paco Urondo, Andar), además de la información difundida a través de la página web de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional.

A diferencia del primer informe, en esta oportunidad no se relevaron noticias publicadas en el portal del Diario Crónica, por la ausencia de un repositorio digital que permita consultar ediciones anteriores.

Desde las organizaciones aclaran que entienden que existe una sobrerrepresentación de noticias vinculadas con la Ciudad Autónoma de Buenos y el Gran Buenos Aires en estos medios nacionales, lo que puede constituir un sesgo en la muestra. De todos modos, destacan la importancia de este Relevamiento, que surge justamente ante la omisión por parte del Estado de un monitoreo y producción de datos propios sobre el funcionamiento de sus instituciones.

140

Es el total de casos de violencia estatal relevados durante el segundo semestre de 2016. “Este primer número ya nos indica un crecimiento al menos, en el impacto mediático que tiene este tipo de eventos”, afirman las organizaciones. En el informe anterior, el total de casos fue de 113, es decir 27 menos que entre julio y diciembre.

La mayoría de los hechos (24,29%) corresponde a casos de “gatillo fácil”, acción definida por las organizaciones como “muertes cometidas a mano de funcionarios de las fuerzas de seguridad que portan armas de fuego”. En muchos de estos sucesos los disparos ocurrieron cuando no existía riesgo para la vida del funcionario, ni de terceros.

También aumentó la representación de casos en los que se detectó una detención arbitraria (22,14%). Los hechos represivos en la vía pública a manifestaciones sociales representaron un 15%. En cuanto a la violencia contra el uso del espacio público deben mencionarse a su vez casos de represión a vendedores ambulantes (1,42%) y a eventos culturales/barriales (2,14%). Para las organizaciones, la represión a este tipo de uso del espacio público tiene un objetivo concreto: “la visibilización de actividades culturales, o los reclamos al Estado o, bien, funcionan como medio de subsistencia”.

En tanto, el 6,43% de los casos refiere a hostigamiento y persecución policial, teniendo en cuenta que se trata de hechos que se sostuvieron con cierta continuidad y no hechos aislados.

El relevamiento también menciona detenciones por averiguación de antecedentes o de identidad (2,85%), allanamientos sin orden judicial aparente (2,14%), operativos policiales en la vía pública sin motivación aparente (2,14%) y “razzias” (1,42%).

De la totalidad de los casos, en el 83% (116 de 140) se detectó violencia física; en el 29% violencia verbal; y en el 40% utilización de armas de fuego.

Rosario

En este segundo informe, se elaboró además un anexo especial respecto a la situación en esta ciudad santafesina. De allí surgen dos elementos que las organizaciones remarcan: “En primer lugar, la manipulación de datos personales y la invasión de espacios púbicos con medios tecnológicos tendientes al control. La Provincia pone en funcionamiento un sistema que permite cruzar información personal y que es manejado por el Ministerio de Seguridad con el objeto de ‘crear un mapa del delito’. En ese sentido, se utilizan datos protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales para crear una nueva base de datos que, sin explicar los métodos, pretende ‘adelantarse’ a la comisión de los delitos para poder prevenirlos. Por otro lado, se fomenta la utilización de medios tecnológicos para invadir ámbitos públicos bajo el mismo argumento. En este caso, la implementación de cámaras y micrófonos en los medios de transporte público pretende la creación de un gigantesco ‘Gran Hermano’ tendiente a controlar el accionar de quienes utilizamos el espacio público, por ende, de todos y todas nosotrxs.

La segunda cuestión que nos resultó alarmante fue la identificación del grupo etario más vulnerable a la violencia policial. En los casos se observa que los jóvenes, varones, de barrios populares son perseguidos constantemente, y víctimas de la mayor cantidad de detenciones arbitrarias”.

Algunas conclusiones

Para las organizaciones, los datos relevados en este registro permiten comprender cómo el discurso del Gobierno Nacional y las iniciativas que ha llevado a cabo durante el segundo semestre  de 2016 crearon las condiciones para el aumento de la violencia estatal por parte de las fuerzas de seguridad, a partir de la construcción de un “otro” presentado como causante de los males que afectan a la sociedad.

Para el CEPOC, la AciFaD y la LADH, la avanzada del gobierno sobre diferentes campos, como los migrantes y los menores, fue una constante durante el segundo semestre: “Hemos podido ser testigos de normativas de carácter discriminatorio tales como la creación de la cárcel de inmigrantes que, además de ir contra normativa internacional y recomendaciones de la propia Amnistía Internacional, tiene como único objetivo perseguir a quienes han ingresado al país por vías no legales y derriba programas estatales que tendían a la regularización de las situaciones de esos migrantes en nuestro país. La estigmatización de ciertos sectores abona la construcción de un ‘otro’ que permite hacerlos responsables de los males que nos aquejan. Y esos males, que en términos políticos se traducen en ‘inseguridad’ se combaten, precisamente como en una guerra, con más violencia y agresión. Lo mismo sucedió con la famosa ‘guerra contra el delito’ en el marco de la cual se quiso instalar, a través de dichos de los funcionarios del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la idea de que en nuestro país existían Maras, problemática propia de países centroamericanos. Ello fue rotundamente rechazado por periodistas e investigadores que trabajan la temática desde hace años, exponiendo la falsedad de los dichos y las intenciones de crear problemáticas en torno a cuestiones que aún el Gobierno no ha descifrado como abordar”.

En cuanto a la persecución etaria, las organizaciones señalan: “Si bien es difícil conocer con certeza las edades de las víctimas de la violencia, hemos podido inferir que los más afectados son los jóvenes de entre 12 y 30 años, lo cual se corresponde con el discurso securitario que asocia a los jóvenes de los sectores populares como los causantes de la (in)seguridad y del ‘desorden’”.

GRAFICOS DEL INFORME:

Segundo Informe – RECAVE – Julio Diciembre 2016 Final