Carpetazo político-judicial? Reabren la Causa de Salta Forestal

Desde el Ministerio Público Fiscal argumentan que «la decisión se toma luego de la aparición de nuevos elementos que indican la necesidad de examinar con mayor rigor las circunstancias que rodearon la concesión de las tierras y su regularidad».

Romero, Sáenz y Olmedo juntos en campaña de años anteriores.

Luego de años y de procesos judiciales archivados, la causa de las tierras de la provincia que involucra a Olmedo y Romero vuelve a desempolvarse justo cuando se inicia un nuevo proceso electoral en Salta y en el país. La noticia se da también en paralelo al escándalo narco-criminal que salpica al gobernador Sáenz y que no deja de aparecer en los ‘poderosos medios’ de la provincia.

Desde el Ministerio Público informaron que:

El fiscal penal Daniel Alejandro Escalante (interino a cargo de U.D.E.C.), dispuso dejar sin efecto el archivo de la investigación relacionada con la denuncia en la que se  cuestionara la actuación administrativa provincial con la empresa Eco Desarrollo Salta. Esta decisión se toma debido a la incorporación de nuevos elementos de prueba que sugieren la existencia de hechos que requieren ser investigados en un mayor contexto.

En abril de 2019, la Fiscalía Penal de Delitos Económicos Complejos  había dispuesto el archivo de las actuaciones, lo cual fue ratificado en octubre de 2020 por la Fiscalía de Impugnación competente (A.P. N° 331/17 OOYD), la que había enmarcado el planteo factico a un acuerdo transaccional entre la Fiscalía de Estado y la firma Eco Desarrollo Salta S.A., con motivo de juicios ventilados en el ámbito contencioso administrativo. Todo ello enunciado por el denunciante en aquellas actuaciones.

Sin embargo, tras la aparición de nuevos datos surgidos en diversos  medios de comunicación, el fiscal Daniel Escalante dispuso la reapertura de aquella  investigación, considerando la necesidad de ampliar el contexto de los hechos a valorar, retrotrayendo a incluir aspectos susceptibles de consideración relacionados con la concesión de terrenos de Salta Forestal, indicado como  «concesión de la explotación y ejecución de un proyecto integral” en particular la de 230 mil hectáreas con un amplio diferimiento del pago de impuestos, entre otros elementos.

El caso, que involucra a la firma Eco Desarrollo Salta, está vinculado con acuerdos previos a la privatización de Salta Forestal, que fueron formalizados durante el gobierno provincial a fines de la década de 1990. La investigación pretende revisar la legalidad de los acuerdos firmados, entre otros aspectos incluyendo el posible incumplimiento de las condiciones contractuales denunciado en diversos ámbitos, y la relación entre el gobierno provincial y los titulares de la empresa en cuestión.

“Que existe una íntima vinculación de la nueva A.V. N° 54/24 UDEC y de la A.P. N° 331/17 OOYD (Denuncia Penal del Sr. C.D.P.), de las que se develan circunstancias que obligan retrotraer la investigación a los inicios de la decisión administrativa publica, que podría llegar a ostentar relevancia en el fuero penal, imponiendo la necesariedad de reabrir la investigación.”

“El organismo acusador público, en su oportunidad, se limitó a un análisis parcial, en una época referida en espacio y tiempo. Pero como tal se destacó, surge el deber de examinar el Hecho incorporando indicios más vastos, que exceden los parámetros considerados en el pasado; que incluya a Salta Forestal y la firma ECO Desarrollo Salta S.A., de cuyos titulares resultaría mencionada la familia Olmedo. No debe obviarse el análisis de nuevos integrantes posteriores. La génesis y su eventual concesión con efectos permanentes, develan otro aspecto a analizar consistente en el cumplimiento o incumplimiento de las exigencias contractuales.“ 

El fiscal Escalante destacó que la reapertura no responde a una decisión caprichosa,  “sino que la toma de conocimiento de aspectos relevantes y adyacentes a lo que habría acontecido en la concesión cuestionada, genera un planteo e hipótesis fiscal de investigación diferente y con nuevas circunstancias”, consigna en su decreto de reapertura el representante del M.P.F. de fecha 23 de octubre pasado. 

El fiscal reafirma que, en línea con la legislación y la doctrina penal, se continuará con la investigación hasta esclarecer los hechos conforme a los principios de justicia y transparencia; buscando la verdad en este complejo caso que involucra el patrimonio del Estado provincial.

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