A río revuelto, ganancia de pescador. Los intereses que motivaron a Seabord

Cuanto más compleja es la situación, más partido se puede obtener

/ Los intereses de la multinacional /

Una de las condiciones que la empresa norteamericana Seabord Co. habría exigido para la reincorporación de los 57 trabajadores de El Tabacal obligaría al Gobierno de Salta a pedirle a ENARSA (Energía Argentina S.A) que le compre 30 megawatts de los que producen. El costo es millonario. (por Darío Illanes)

El conflicto, que ya es un clásico anual y tiene competencia nacional y se dirime en Buenos Aires, comenzó hace un mes pero se agravó cuando la empresa despidió 57 obreros, a quienes tachó poco menos que de delincuentes. Pese a que conoce la combatividad del gremio, el ingenio endureció sus medidas, logrando que los trabajadores declarasen un paro de cuatro horas. Entonces, Seabord Co. justificándose en la imposibilidad de realizar su producción, declaró un lock out y redujo sus operaciones y personal al mínimo. Esto significó la suspensión del trabajo para miles de trabajadores y la angustia de las familias de la zona. Ante la intransigencia de la empresa, el sindicato cortó la rutanacional 50, a la altura de la salida de fábrica, en Hipólito Yrigoyen. Este no afectó a la patronal norteamericana, sino a los productores y comerciantes que dependen del camino nacional como única vía de comunicación.

Dos intentos de conciliación en Buenos Aires cayeron en saco roto ante la negativa de la patronal de sentarse a negociar. Las gestiones del Ministerio de Trabajo provincial, ajeno en principio al problema, tampoco logró que los directivos de Seabord Co. y los representantes sindicales siquiera se mirasen. Para proceder con la fuerza pública en una ruta nacional se necesita la orden de un juez federal. El problema se agravó cuando cinco jueces federales, comenzando con el de Orán, Raúl Juan Reynoso, se excusaron de actuar. El Gobierno de Salta le pidió al Ingenio, presidido por Hugo Rossi, que permita el paso de vehículos por un camino interno de la fábrica, pero la respuesta fue negativa.

Fue entonces que el Ejecutivo salteño le pidió al Fiscal de Estado Ramiro Simón Padrós que tramite ante la Justicia local la normalización del transito. En el escrito presentado por Padrós, se argumentó que «la situación se ha venido agravando desde que comenzara el sábado pasado (por el 18 de agosto) habiéndose negado sistemáticamente ambas partes a deponer sus actitudes intransigentes, provocando un gravísimo daño a todos los habitantes del departamento, quienes resultan así, virtualmente rehenes de un conflicto privado, que compromete en forma gravísima la paz social en una zona importante de la provincia de Salta».

El pedido lo tomó el juez de la Cámara Civil y Comercial de Cuarta Nominación, José Ruiz, quien ordenó «la apertura de los caminos internos del Ingenio San Martín de Tabacal a los efectos de garantizar la libre circulación de personas y bienes, desde y hacia la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán». Al lugar llegaron 300 efectivos policiales. La zona en donde la Policía tenía que asegurar el tránsito se encuentra a 2 kilómetros de donde se encontraban los trabajadores y sus familias. Sin embargo, los uniformados se instalaron a metros de los manifestantes. Si alguien pensó que los manifestantes se sentirían intimidados, pocos minutos después de las 18 del sábado 25 advirtieron el grave error.

Los policías rodearon en tres frentes a los trabajadores, pero estos comenzaron a arrojarles piedras. Los uniformados contestaron con proyectiles y gases. Y se sumaron más personas a lo que se convirtió en una pueblada, hasta que los policías se quedaron sin municiones proyectiles y los trabajadores recuperaron el terreno. Según describió el diputado provincial Marcelo Bernad en la sesión de la Cámara el martes pasado, los efectivos usaron balas de plomo. La represión fortaleció a los manifestantes, debilitó al Gobierno y no alteró en nada a los empresarios, quienes parecieran beneficiarse de la situación. El mismo gobernador Urtubey resultó dañado, quien recibió de parte del diputado nacional Claudio Lozano un concepto lapidario: «El joven Urtubey muestra su cara menemista».

A río revuelto…

De acuerdo a algunas fuentes oficiales, una de las condiciones para que la norteamericana Seabord Co. (o el ingenio Tabacal que produce azúcar, alcohol y energía eléctrica) reincorporase a los 57 trabajadores despedidos exige que el Gobierno de Salta le pida a ENARSA (Energía Argentina S.A) que le compre 30 megawatts de los que producen. El costo es millonario, teniendo en cuenta que Salta consume en total 70 megawatts. Hasta el momento, el gobernador Juan Manuel Urtubey se opuso a esta compra, enfrentándose de este modo con su hermano Alejandro, quien conforma el directorio de Transnoa, empresa dedicada al transporte de energía eléctrica. La empresa multinacional dirigida por Hugo Rossi posee este excedente de producción energética que no puede vender y que ENARSA y la provincia no quieren adquirir.

Dicho de otro modo, a Seabord Co. no le provocan pérdidas 57 obreros ni tampoco el ánimo de sus directivos es alterado por las conductas de los gremialistas. Lo grave para las cuentas son los millones de dólares que pierden de ganar con esos 30 MW que no pueden vender. Quien estaría de acuerdo con la compra millonaria de la energía que vende el ingenio es el ministro de Gobierno, Julio César Loutaif, quien afirmó que la compra permitiría solucionar losproblemas de provisión de electricidad en los departamentos San Martín y Orán. Problemas que, coincidentemente, se agravaron en estas semanas.

Hace tres años sucedió una situación similar, cuando Seabord Co. reincorporó trabajadores despedidos luego que el diputado por Orán, Antonio Hucena, presentara un proyecto para que la multinacional no pagase el impuestoinmobiliario de las 50 mil hectáreas que posee en el norte salteño. El proyecto ahora es ley. En tanto, según el abogado David Leiva, representante del Sindicato del Azúcar, la represión obedeció a las maniobras del ministroSeguridad Eduardo Sylvester. Según dijo Leiva a la Revista Norte (revistanorte.com.ar), «Sylvester es el abogado que hace tres años atrás, en representación de Jakulica (por el Ingeniero Guillermo Jakulica Gerente de Relaciones Institucionales de Tabacal y ex presidente de la Unión Industrial de Salta) y del Ingenio Tabacal, ha iniciado querellas por injurias a las mujeres de los obreros de Hipólito Yrigoyen».

En 1995, durante los gobiernos de Carlos Menem y Juan Carlos Romero, Nación y provincia salieron en auxilio de la empresa fundada por Robustiano Patrón Costas y se hicieron cargo de una deuda de 250 millones de dólares. Tras el saneamiento financiero, apareció Seabord Corporation. En una actualizada versión de la leyenda del «El familiar», el monstruo que se tomaba la vida de obreros para satisfacer la voracidad del patrón, hoy pareciera que la empresa busca disciplinar a los trabajadores y obtener más ventajas económicas por parte de los estados.

El dirigente de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Vuenaventura David, denunció que Seabord Co. suspendió el inicio de la zafra y llegó al conflicto pues tienen previsto tecnificar totalmente la producción azucarera y sobran obreros. «Ellos tienen suficiente stock de caña, y por eso hicieron el lock out, no les importa ni el sindicato, ni la Nación ni la provincia», aseguró.

Precisamente por estas acciones empresariales, el diputado Pablo Viel sostuvo en la sesión legislativa que el Estado debía intervenir en el manejo de la empresa, participando en las decisiones. David fue más allá y señaló que era necesaria la expropiación. Sobre cómo podría llegarse a eso, el conductor de la CTA local precisó: «Hay muchos modos, pero por lo pronto, el Estado provincial puede recuperar la propiedad de la tierra y el agua. Y de ese modo comenzar a decidir sobre el destino de los trabajadores, y no estar extorsionados por una multinacional».

Más poder que el Estado

Mientras que los obreros libraban batalla contra la policía, los funcionarios del gobierno, encabezados por Urtubey, se reunieron de urgencia y el ministro de Trabajo Rubén Fortuny viajó la noche del sábado 25 rumbo a Orán para calmar los ánimos; los directivos de la empresa norteamericana se encontraban en Buenos Aires, tal vez disfrutando del agravamiento del conflicto que terminaría beneficiándolos en varios millones de dólares. A pesar de los intentos, fue imposible comunicarse con ellos.

Seabord Co. (seaboardcorp.com), que tiene su sede en Shawnee Mission, Kansas, Estados Unidos, es una multinacional que opera en todo el mundo diversificada en producción agrícola, energética y de servicios de transporte marino. La compañía posee una flota de 7 buques propios y alrededor de 23 naves cargueras fletadas. Emplea a 9.500 personas en EE.UU., América Latina y África y su facturación anual supera los 2 mil millones de dólares anuales.-

Publicado por Cuarto Poder