Acusan por falso testimonio al abogado Raimundo Sosa

Salta

Megajuicio Lesa Humanidad

El fiscal federal Ricardo Toranzos acusó ayer al abogado Alberto Raimundo Sosa de haber dado un testimonio falso en su declaración en la megacausa por crímenes de lesa humanidad que se sustancia en esta ciudad. Y se reservó la posibilidad de hacer lo mismo con el filósofo Mario Carlos Casalla, quien declaró ayer sobre su paso por la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

Por Elena Corvalán

“Eso es totalmente falso. Pongo las manos, si quiere, en el fuego; eso es totalmente falso. Falso lo que dijo el doctor Sosa”, sostuvo Issa respecto de la versión de que Pfister había sido sacado de Salta con la ayuda de Sosa, el día del golpe.  “Pfister se fue antes del golpe del 76. Le habían volado la casa”, recordó. Contó que la salida del ex ministro de Gobierno ragonista se aceleró cuando fue detenido al regresar de Buenos Aires, en el mismo avión en el que venían el interventor de la provincia, Fernando Pedrini, y el diputado nacional Julio Mera Figueroa. “Venía en el avión con ellos y la Policía lo detuvo. (…) En el 75 o principios del 76, antes del golpe, antes del secuestro de Ragone, vino con el interventor y con el diputado y Guil lo metió preso y con la mediación de monseñor (Mariano) Pérez lo hicieron salir” y se fue a Buenos Aires, “y nunca más volvió. Vivía en La Lucila”, luego fue a la embajada de Venezuela y de ahí salió del país, aseguró Issa, quien había sido convocado para que declarara en relación a los secuestros y desapariciones del ex policía federal y agente de inteligencia Juan Carlos Parada de Mallo, y de su esposa, Marta Beatriz Cascella.El pedido contra Sosa es porque aseguró que el 24 de marzo de 1976 ayudó a escapar al ex ministro de Gobierno de la gestión de Miguel Ragone, Enrique Pfister, y que por esto fue dado de baja de la Policía provincial, pero lo contradicen el abogado Juan Carlos Antonio Issa, que declaró ayer, y el propio Pfister, quien declaró en la primera parte de la causa por el secuestro y desaparición de Ragone y afirmó que para el 11 de marzo de 1976 ya estaba en Buenos Aires.

El fiscal recordó que en la causa Ragone, Pfister dijo que no podía hablar sobre el secuestro del ex gobernador porque para entonces, 11 de marzo de 1976, ya no estaba en la provincia.

Sosa fue asesor legal de la Policía de Salta desde noviembre de 1974 hasta el 31 de marzo de 1976, cuando fue cesanteado, según él, por haber ayudado a escapar a Pfister, aunque le pagaron una indemnización. En el Juicio por la Verdad el abogado ha sido vinculado con la obtención de beneficios económicos al amparo del terrorismo de Estado. La concejala Lucrecia Lambrisca sostuvo que le pidió dinero y un automóvil para liberar a su madre, el ex preso político Oroño lo ubicó en el lugar donde era torturado, y Mario Zenzano aseguró que le transfirió un terreno para que mediara con la Policía. Sosa figura como “miembro civil”, con el número de legajo 92036, en el listado de represores de la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparición de Personas), y en su testimonio, el 17 de septiembre último, se reivindicó “amigo” del ex jefe de Seguridad de la Policía, Joaquín Guil, juzgado en este proceso y ya condenado por violaciones a los derechos humanos. También se fastidió con las preguntas del fiscal: dijo que parecía que lo estaban investigando a él. La respuesta del fiscal llegó ayer.

 

Casalla dijo que fue una  víctima de la dictadura

 El filósofo Mario Casalla aseguró ayer que fue víctima de la intervención militar en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y negó toda participación en la persecución a docentes por razones ideológicas. Negó también ser el autor de una carta (incluida en un informe de inteligencia) en la que bajo su nombre se pide al Destacamento 143 de Inteligencia (con asiento en Salta) la revisión de su cesantía en la Universidad y se reseñan acciones a favor del régimen militar como el armado de  listas de docentes subversivos y la baja dealgunos de ellos, el trabajo de manera “estrecha” con la Policía Federal, la Policía de Salta, Gendarmería y el Ejército y el cambio del plan de estudios.

Casalla fue careado ayer con la profesora de filosofía Ana Simesen de Bielke a pedido del fiscal Ricardo Toranzos, quien luego avisó que se reserva la posibilidad de pedir que el filósofo sea investigado por falso testimonio.

La reserva es porque Casalla aún podría ser convocado a declarar en relación a la desaparición del soldado Víctor Brizzi, que no fue tratado ayer debido a que ex jefe militar Joaquín Cornejo Alemán cambió de defensor.

Casalla fue docente en la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Ayer recordó que llegó en julio de 1973, contratado por el rector Holver Martínez Borelli. En diciembre de 1974 fue nombrado interventor del Departamento de Humanidades y en septiembre de 1975 asumió como secretario académico interventor. En marzo de 1976 fue cesanteado por la intervención militar en la UNSa.

Otros testigos vienen afirmando que Casalla fue parte de una política de persecución a docentes, por razones ideológicas. Precisamente, Simesen de Bielke, que en 1974 era docente en la Sede Regional de Orán, aseguró que en diciembre de 1974 se entrevistó con él para informarse sobre su situación, y que Casalla le dijo entonces que tenía “malos informes” de Gendarmería de Orán sobre la docente Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, cuyo contrato no fue renovado para 1975 y que fue secuestrada y desaparecida en septiembre de 1976.

Ayer Casalla negó toda vinculación con las contrataciones, negó haber mantenido reuniones con docentes sobre las contrataciones, negó conocer de informes de inteligencia y dijo que quiere colaborar con esta y con “cualquier causa” por crímenes de lesa humanidad. “Yo he sido víctima” de la intervención militar, insistió. Negó también haber militado en el grupo Reconquista del PJ.

Por esto fue careado con Simesen. Casalla terminó por conceder que pudo haberse reunido con docentes, pero insistió en su postura. La otra testigo también.

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 ¿Y dónde están los acusados?

 El testigo Juan Carlos Antonio Issa puso en evidencia ayer los beneficios de los que gozan los acusados por delitos federales, como las violaciones a los derechos humanos.

“¿El señor Guil no está?”, preguntó extrañado tras buscar en vano en la sala al ex comisario general. El presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, le explicó que el procedimiento le permitía seguir la audiencia desde la sala contigua.

“Hubiera querido verle la cara. ¿No puedo verlo ni por televisión?”, insistió Issa antes de aclarar que no tiene nada contra Guil, “nada personal”. 

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