Más allá del escándalo sexual y de sus implicaciones morales y de imagen pública para el gobierno estadunidense, el episodio es revelador de la débil línea divisoria que existe entre las corporaciones de seguridad y combate al narcotráfico del vecino país y las organizaciones delictivas a las que dicen perseguir. El hecho referido es un botón de muestra de la hipocresía y la doble moral de la clase política estadunidense en el tema del combate a las drogas: mientras países como México y Colombia han sufrido los estragos de una política de combate al narco impuesta y diseñada desde Washington, funcionarios de ese gobierno se han visto involucrados en episodios de abastecimiento de armas a los cárteles, como ocurrió en nuestro país a instancias de la agencia gubernamental encargada de controlar el tabaco, el alcohol y las armas de fuego (ATF).
En el último trienio se ha dado a conocer y se ha documentado que la propia DEA ha participado en operaciones de lavado de dinero para los narcotraficantes del sur del río Bravo; los comerciantes de armamento de la franja sur de Estados Unidos hacen dinero vendiendo armas sin ningún control oficial, a sabiendas de que buena parte de ellas son enviadas a la delincuencia organizada en México, y no se tiene noticia de que el gobierno de Washington realice un esfuerzo policial significativo contra la introducción de drogas ilícitas por la frontera común ni que se empeñe en desmantelar las redes de distribución de enervantes en su propio territorio.
Según puede verse, las dependencias del gobierno estadunidense como la ATF y la DEA no muestran escrúpulos para quebrantar la legalidad nacional, traficar armas de fuego destinadas a los grupos criminales que comercian droga, lavar dinero procedente de éstos e incluso participar en fiestas financiadas por narcotraficantes, como ha quedado claro en diversas pesquisas realizadas en el país vecino. En tales circunstancias, resulta grotesco que políticos y medios de la nación vecina se desvelen ante la supuesta falta de confiabilidad de las corporaciones de seguridad de países como México y Colombia, y que justifiquen, con base en ello, la operación de sus propios efectivos en territorios ajenos.-
No especifican dónde ocurrieron las fiestas, pero un funcionario no identificado y cercano a la investigación dice que se trata de Colombia.
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (26/MAR/2015).- Agentes de la agencia antidrogas estadounidense DEA admitieron haber participado en «fiestas de sexo» en el extranjero con prostitutas, que habrían sido contratadas por narcotraficantes, informó el Departamento de Justicia este jueves.
Según un informe comisionado para evaluar la conducta de los agentes federales, siete de diez funcionarios acusados de participar en las fiestas confesaron y fueron sancionados.
El informe de 138 páginas del Inspector General del Departamento de Justicia no especifica dónde ocurrieron las fiestas, pero un funcionario no identificado y cercano a la investigación dijo al Washington Post que se trata de Colombia.
Ahí «un policía local presuntamente arregló ‘fiestas de sexo’ con prostitutas financiadas por cárteles locales de droga para estos agentes de la DEA», según el documento.
Las fiestas habrían tenido lugar durante «un periodo de varios años» en las oficinas que el gobierno estadounidense alquilaba en ese país.
Un policía local alegó haber prestado protección para las armas y propiedades de los agentes estadounidenses durante las fiestas.
Testimonios de policías locales revelaron que al menos tres agentes supervisores de la DEA recibieron dinero, regalos y armas de miembros de los carteles de droga, además de los servicios de las prostitutas, según el informe.
Los agentes hallados responsables recibieron suspensiones de entre dos y diez días.
Los autores del informe expresaron estar «perturbados» por el caso, destacando la posibilidad de que tanto equipos como información de la DEA pudieron haber sido puestos en peligro.
La investigación surgió a raíz del escándalo que estalló cuando un grupo indeterminado de agentes del Servicio Secreto estadounidense supuestamente contrató prostitutas en Cartagena, Colombia, en vísperas de la llegada del presidente Barack Obama a la Cumbre de las Américas en abril de 2012.
El caso involucró a unas dos docenas de agentes y personal militar, desplegados en Cartagena para preparar la visita de Obama.
El Departamento de Justicia buscaba determinar los procedimientos en pie en la DEA y otras agencias federales estadounidenses para tratar acusaciones de «conducta sexual inapropiada» entre sus agentes.
El Departamento de Justicia encontró que las agencias tienen «problemas sistémicos significativos» para castigar y resguardar la seguridad en esos casos.
Pero los autores del informe señalaron que el espectro completo de las conductas aún no se puede determinar debido a que la DEA retardó su colaboración y se reservó la entrega de información solicitada.-