Asentado. Una realidad que afecta a miles de salteños

Subsisten sin luz, ni agua, ni baños. Pese a la falta de servicios, la mayoría de los niños no deja la escuela. Según los datos del censo 2010, 1 de cada 4 salteños se encuentra bajo una situación de vulnerabilidad social.

Son los excluidos del sistema, engrosan los índices de precarización laboral y el desempleo. Miles de familia arman casillas precarias con lo que tienen a mano, sin servicios. La proliferación de asentamientos se desborda en Salta. La toma ilegal de terrenos ya es moneda corriente. Durante los últimos meses, hubo una oleada de ocupaciones. Las familias ven un espacio vacío, hace un vigilia sigilosa e ingresan. Pasó en Finca Valdivia y en el exbalneario municipal de Ciudad del Milagro. Ayer, hubo otra avanzada en la zona oeste: un centenar de personas “sin techo” se apoderaron de un predio del Servicio Penitenciario, en barrio Sol del Oeste. En el interior, Orán, Tartagal, El Carril y Vaqueros suman ocupaciones, muchas veces denominadas “barrios informales”.

Son los más golpeados por el déficit habitacional que hoy afecta a toda la provincia. En la lista de espera hay 9.000 familias inscriptas en Tierra y Hábitat y 25.000 en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Son pobres y la mayoría indigentes. En el común de los casos, se trata de madres solteras con varios hijos y familias numerosas. Argumentan que no tienen un lugar donde dormir y con ello explican las sucesivas ocupaciones de tierras privadas y fiscales que ocurrieron durante este año. Aunque, no puede ignorarse el aprovechamiento de punteros políticos que toman tierras para luego vender.

Viven sin baños, sin agua y claro, sin gas. Hacen fuego con ramas de árboles cerca de cada carpa o de cada casa de madera precaria. Entre ellos, la solidaridad se cumple a rajatabla. No quedan dudas de que están dentro de los 284.767 salteños que no superan los estándares mínimo para gozar de las condiciones de vida digna, que están dentro de los 36.595 hogares que tienen que cocinar a leña, y dentro de los 18.215 que viven sin electricidad en Salta, según el último censo.

Varios asentamientos fueron levantados, en tanto otros aún subsisten sin encontrar respuesta alguna por parte del Gobierno de la Provincia.

El modo de vida en los asentamientos se repite con las mismas características, independientemente de la ubicación que escojan para instalarse en terrenos privados de la ciudad.

“Trato que mis hijos la pasen lo mejor posible. Es un problema cuando hay que cocinar, ir al baño o cubrirse de la lluvia y es algo a lo que no se acostumbra uno”, relató Analía, una mujer que se asentó junto a sus hijos en tierras de la zona oeste.

En la Subsecretaría de Tierra y Hábitat, dependiente del Ministerio de Economía de la Provincia, la cantidad de expedientes supera la capacidad de respuesta inmediata por parte del Estado. Hay escasez de tierras fiscales en la ciudad y son altos los precios de los terrenos privados.

“Cuando son las elecciones nos vienen a buscar. Nos dicen que los votemos, pero después todo sigue igual. Se olvidan de nosotros y la respuesta nunca llega”, afirmó Ana, hoy asentada en Castañares.

Ayer, el gobernador Juan Manuel Urtubey, fue consultado por el crecimiento de los asentamientos en los últimos meses. “No existen soluciones mágicas. Trabajamos en la entrega de lotes con servicios, pero este proceso lleva un tiempo”, expresó el mandatario.

Urtubey agregó que “hay que entender que el Estado no puede salir a regalar cosas, a la propiedad hay que pagarla”.

En tanto, el subsecretario de Tierra y Hábitat, Sergio Usandivaras, sostuvo que las ocupaciones ocurridas en 2012, tuvieron parámetros similares: se detectaron terrenos que pertenecen a propietarios privados, cooperativas o entidades sobre los cuales durante años no se registraron movimientos de construcciones, y alguien organiza a las familias para instalarse allí y buscar la negociación con Tierra y Hábitat. “No puedo determinarlo, porque no tengo las pruebas, pero generalmente pretenden crear lotes sin que nosotros revisemos los expedientes”.

Las quejas contra el organismo son constantes y la altísima demanda no es lo única que dificulta las respuestas del Gobierno. “Vi muchas injusticias, aunque pocas veces como la que hay en Tierra y Hábitat. Ahí, para que te den un terreno tenés que ser puntero político. Sino, olvidate”, comentó Karina Martínez, una trabajadora social que encabeza el reclamo de más de 120 familias que piden terrenos “desde hace más de ocho años”, según aseguró.

Rechazo a los punteros

“De todos los asentamientos existentes, hay un porcentaje de gente que tiene realmente la necesidad de poseer un terreno, y es la que debemos atender. Pero lo que nosotros no aceptamos y tampoco negociamos es que alguien que encabeza una ocupación nos entregue un listado y negocie los terrenos por todo el resto de la gente. Nosotros les decimos: levanten el asentamiento, veamos los expedientes y quiénes están en condiciones y si se les puede dar respuesta”, sostuvo Sergio Usandivaras, titular de Tierra y Hábitat.

El asentamiento en el oeste duró horasUnas 150 familias ocuparon desde el martes por la noche hasta ayer por la tarde un terreno que se encuentra al costado de la cancha de Pellegrini y el barrio Roberto Romero, donde están en ejecución 150 viviendas destinadas a personal del Servicio Penitenciario.

Los ocupantes provenían de barriadas de la zona oeste como Palmeras, Palmeritas, Roberto Romero, Olivos, Virgen del Rosario y Los Sauces, y reclamaban una solución habitacional urgente porque los apremia la falta de dinero para seguir alquilando o se encuentran hacinados en casas de familiares.

El vocero del grupo, Fernando González, pedía que Sergio Usandivaras o Diego Barreto, secretario y subsecretario de Tierra y Hábitat respectivamente, se presentaran a dialogar con ellos. Alrededor de las 9 de la mañana de ayer, personal del Servicio Penitenciario les había mostrado un documento de posesión del terreno; pero, según los ocupantes, este habría vencido en 2010. En el lugar ya existen 30 viviendas construidas con el nombre de Juan Carlos García Basalo, donde los empleados penitenciarios ya escrituraron.

Consultado al respecto, Martín Martínez, subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, corroboró que el terreno usurpado pertenece al Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta, que a través de una unidad ejecutora ya se construyeron treinta viviendas para el personal de ese organismo y que esas familias ya están viviendo en el lugar hace siete años. Aclaró que si bien hay un remanente de 120 lotes -cuyo trámite se hizo en el IPV y en la Dirección de Inmuebles para destinárselo al personal penitenciario- las escrituras empezaron a salir desde noviembre del año pasado -cuando se hizo la entrega de las primeras treinta- hasta esta semana, cuando se dieron las restantes. Los terrenos son de 10 por 25 y se adjudicaron mediante un sorteo a núcleos familiares del Servicio Penitenciario que cumplían con los requisitos que exige el IPV para acceder a una vivienda social.

“Hubo un acercamiento esta mañana y se comprometieron a dejar los terrenos. Ellos creían que por desidia no se construía; pero se les explicó la situación y han asumido el compromiso de retirarse una vez que sean escuchados”, expresó Martínez, situación que se concretó ayer en la tarde.

Por su parte, el secretario de Tierra y Hábitat explicó que los asentamientos en tierras privadas son responsabilidad de los privados, pero que el organismo sí puede encargarse del relevamiento de los ocupantes. “Si usurpan una propiedad el titular registral debe presentarse ante la Justicia y pedir el desalojo”, especificó.

Ahora que los demandantes depusieron su actitud serán recibidos por autoridades del organismo hoy a las 9.-

 

El Tribuno