Bagayeo. Nadie puede decir que no lo sabía

02/06/2017 | Revista Norte

Algunos bagayeros oranenses tienen 30 años trabajando en la actividad.

BAGAYEO. Una problemática que se instaló y ahora requiere de todos los gobiernos para erradicarla.

Por Nolberto Guerra / Revista Norte

Tanto a perforado a la sociedad el bagayeo, que se admite como consentido y necesario, aún cuando hay niños comprometidos en esta peligrosa faena. La tolerancia al «dejar pasar» y la rigurosidad para decomisar parecen un juego perverso. Como si el sistema, cruel y sordo, los estafara: «te dejo pasar, luego te quito». 

Para nadie era un secreto que el inocente paquetito o envoltorio que constituía el «bagayo»  iba in crescendo y sin límites. Que los bultos que portaban quienes trasponían las fronteras argentinas cada vez pesaban más hasta convertirse en una gigantesca «mochila». Dañando cualquier humanidad cargan hoy hasta 100 kilos conteniendo repasadores, toallas, pantalones, zapatillas y más. Hasta la vida misma del bagayero conforma el patrimonio del bulto.

Nadie, ni el mismo que lo transporta, puede dar fe sobre qué contiene en su interior. Tampoco se ignora que, dentro de su armado, pueden encontrarse cigarrillos, coca, armas y/o droga. Este duro trabajo es a suerte y verdad. No respeta derechos, leyes, familias, sociedad; y está obligado a desafiar permanentemente a la autoridad, de uno u otro lado de las fronteras.

Para los avezados custodios fronterizos no implica sorpresa descubrir los más inverosímiles productos. Todo el contenido que burla los pasos legales es contrabando. Todo puede ser decomisado. Todo infringe la ley.

La falta de fuentes laborales y la agri-dulce paga constituyen el justificativo y la tentación. Y, porque no, el más remanido argumento para su tramposa justificación, especialmente de las autoridades administrativas y judiciales; llámense Intendente, Gobernador o Justicia Provincial y Federal. Si hasta el «mercado», que se nutre de los bagayeros, contribuye al afianzamiento de este cruel sistema. Y los mismos «afectados» comerciantes legales usufructúan de esta ilegalidad.

Tanto a perforado a la sociedad el bagayeo, que se admite como consentido y necesario, aún cuando hay niños comprometidos en esta peligrosa faena. La tolerancia al «dejar pasar» y la rigurosidad para decomisar parecen un juego perverso. Como si el sistema, cruel y sordo, los estafara: «te dejo pasar, luego te quito».

Tanto el bagayero como la autoridad saben que «en ese bulto» va, seguramente, el sustento diario de adultos y niños. Pero es ilegal.

Acaso en su indolencia y ante la carencia de programa alguno como sana alternativa, los gobernantes no están expulsando a sus semejantes a delinquir? Alguna autoridad puede desembarazarse de esta nociva práctica? Todos sabían que existía. Toda autoridad, por su  salvaje consentimiento, hoy debe sentir su culpa.

También saben que detrás de un modesto bagayero hay una organización criminal que los explota. No intuían, los intendentes fronterizos o cuasi fronterizos y el mismo gobernador, que este sistema pervertiría a sus comunidades y contaminaría a toda la sociedad?

DE LOS INTENDENTES

Todo plan de gobierno, o no plan, incide en su gente. Debe alertar siempre cuando sus medios le impiden solucionar un posible desmadre. Tiene la obligación de ser previsor y concurrir al amparo de sus mandantes.

Acá hubo, cuanto menos, descuido e ineptitud. Peor aún, en San Ramón de la Nueva Orán, el jefe comunal contribuyó en afianzar el bagayeo. Nunca intentó pararlo, o al menos nunca se lo vio embanderado en una cruzada  libertaria del «bagayeo».

Lara Gros hasta creó en un predio municipal una playa concentradora del contrabando. Hoy le llaman «el Jefe». Quizá se agotaron sus neuronas y esa era su única alternativa. Lo cierto es que la comunidad sufre hoy las consecuencias.

Ni el alerta de la Iglesia advirtiendo este flagelo lo conmovió. El Obispo local demandó que 20.000 niños estaban comprometidos en la droga, y apuntó el Prelado contra la playa maldita.

Lara Gros, amortiguado, no percibía -o no quería percibir- que el paso de los días comprometían una solución. Siempre se mostró amigable con los trabajadores de frontera. Nunca el Intendente intentó cerrar su playa. Temía represalias de 200 bagayeros, esos mismos que él descuidó. Pero abandonaba a una comunidad de 120.000 almas.

El Jefe comunal debía haber tomado esta situación como «primera prioridad» por sus implicancias dolosas, y exigir el compromiso del Gobierno Provincial en buscar nuevas alternativas. Tan rebasada está la autoridad de Lara Gros que los mismos «bagayeros» lo ignoran… y lo denostan.

DEL GOBERNADOR JUAN MANUEL URTUBEY

El contrabando existe desde que los Estados delimitaron sus fronteras. Aún siendo el tema de la guarda de las fronteras una cuestión federal, ningún Gobernador debería consentir que se las liberara. Pero debemos recordar que el gobierno nacional, en su afán por parar la ola de violencia en la Provincia de Buenos Aires, liberó las fronteras retirando sus naturales custodios: los gendarmes.

Juan Manuel Urtubey no quiso o no pudo conseguir resguardar su extenso territorio limítrofe. Pudo más su sumisión al gobierno central. Para Nación, era un problema lejano e ignoto. Las promesas de radarizar las fronteras y derribar aviones narcos nunca se cumplió. Para peor, la Provincia de Salta tiene miles de hectáreas de tierras aptas para que «llueva droga».

NECESIDADES

Así se afianzó el bagayeo. Ahí vieron, los necesitados y los oportunistas, una actividad que les propinaba importantes ganancias. Los pasadores de una y otra nación se atrevían a practicar el contrabando, y salieron a paliar la inexistencia de ofertas laborales. La ley no ayuda a comer. Se convirtió así la actividad en única alternativa.

No se conoce inmediatez de ningún plan nacional para resguardar las fronteras. Si los hay, bienvenidos sean.

AUTORIDAD FEDERAL

Tanto creció el bagayeo que sus actores hasta -casi diríamos- se `sindicalizaron´. A una acción de Gendarmería Nacional o de la Justicia Federal responden con cortes de rutas. Hasta se animaron a «demorar» gendarmes que invadieron «su territorio». Y resisten en las rutas esgrimiendo sus derechos.

La ilegalidad nace en la misma frontera donde Gendarmería Nacional y también la Justicia Federal toleran -y no deberían- «pasos de Gomones» o «tours de compras» que saturan las rutas nacionales. Son miles por día!

Los bagayeros ganan diez veces más que en cualquier otra actividad «lícita», pero los pasadores arriesgan sus vidas. Entre ellos también existen las «mejicaneadas».

DE LAS CANCILLERIAS

La situación está desmadrada. Dejó de ser un folclore fronterizo para convertirse en una angustiante realidad. Es urgente discutir soluciones, necesarias e imperiosas, involucrar a profesionales capacitados y armar programas asistenciales, de salida laboral concretos, que desalienten la práctica del «bagayeo» y reinserten a sus actores a la vida sin clandestinidad.

La comunidad deposita en sus gobiernos -sean intendentes, gobernadores o de los poderes legislativos y judiciales- la potestad para administrar los estamentos oficiales. Son ellos quienes deben agotar las instancias para las soluciones que cada caso amerite.-

 

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