Buscan prohibir la ayuda económica estatal a empresas evasoras o domiciliadas en paraísos fiscales

15/09/2020 | Revista Norte

Con el fin de proteger a las empresas nacionales que tributan en el país, en detrimento de las que fugan dinero o evaden impuestos. «Las empresas que realizan estas prácticas, no pueden beneficiarse con la ayuda del Estado».

El Diputado Nacional, Pablo Carro, presentó un proyecto de ley nacional de prohibición de ayuda económica a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas con probada evasión fiscal, que tendrá tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda este martes.

El proyecto plantea diferenciar puntualmente a las firmas para la ayuda estatal brindada en el marco de la emergencia sanitaria. Sostuvo que debe haber una ley que «proteja y priorice a las empresas domiciliadas en el país que habiendo cumplido con todos los tributos argentinos» puedan recibir asistencia financiera en el ámbito de situaciones de emergencia, catástrofe o fuerza mayor, respecto de «aquellas domiciliadas en ‘paraísos fiscales’ o que ha sido comprobada su evasión fiscal por parte de la AFIP».

Dicho proyecto lleva también las firmas de los Diputados de extracción sindical del Frente de Todos Walter Correa, María Rosa Martínez, Patricia Mounier, Claudia Ormachea, Carlos Ponce, Ayelén Spósito, Hugo Yasky y Juan Emilio Ameri, y será trabajado con Carlos Heller como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y con Máximo Kirchner en calidad de presidente del Bloque oficialista de Diputados.

Durante este año, países como Canadá, Polonia, Dinamarca, Francia y España avanzaron en iniciativas que van en el mismo sentido, es decir, la restricción al acceso de ayudas públicas a todas aquellas empresas con sedes en paraísos fiscales o que utilicen esas jurisdicciones para evadir impuestos.

En este marco, Carro también recordó la actual investigación que versa sobre las 950 cuentas off shore que la AFIP descubrió recientemente, y que evidencian la protección de la gestión nacional anterior a grandes evasores. «Las empresas que realizan estas prácticas, no pueden beneficiarse con la ayuda del Estado», indicó.-

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