Carta Abierta al Gobernador Urtubey

Natalia Buira, Defensora Oficial Civil Nº4 y especialista en Derechos Humanos, difundió una carta abierta al gobernador en la que le recuerda la responsabilidad del Estado por la violencia institucional.

 

Carta Abierta al Gobernador de Salta

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PROVINCIAL POR LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Los hechos que ha sacado a la luz un video subido a Internet dan cuenta de torturas practicadas por personal policial en la Comisaría de General Guemes, y no se trata de un “hecho aislado” cometido por “delincuentes” como ha pretendido hacerlo aparecer la Ministra de Derechos Humanos de la Provincia de Salta.
No se trata de un hecho aislado cometido por delincuentes como se pretende mostrarlo desde el Gobierno Provincial, sino por el contrario los hechos filmados son emergentes de una práctica sistemática -entendiéndose por tal aquella que se constituye en recurrente y estructural- de las fuerzas de seguridad de la Provincia, persistentes a treinta años de finalizado el terrorismo de Estado y sostenidas actualmente en esta democracia formal en dos pilares fundamentales:

Uno de los pilares que permite la sostenibilidad de esta práctica es la falta de compromiso del Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal en la investigación y consecuente sanción de los autores materiales en las denuncias de torturas y apremios ilegales, al parecer más de 1.900 denuncias en los últimos 5 años (números expresados por el Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia) sin conocer cuántas han sido resueltas a la fecha, cifra a la cual deben sumarse todos aquellos casos que no son denunciados porque las víctimas se encuentran bajo la custodia de esas mismas fuerzas de seguridad.

Es una práctica reiterada de los funcionarios judiciales realizar una errónea calificación de los hechos denunciados asimilando tormentos o torturas con apremios ilegales, lo que deriva en una considerable diferencia de la pena aplicable, sin dejar de advertir que son muy pocas las denuncias que no terminan estancadas y que llegan a tener algún responsable por la Justicia.

La falta de sanción genera impunidad y la refuerza y con ello se genera y se refuerza la repetición de dichos crímenes y cada vez queda más lejana la erradicación de la tortura en la Provincia.

Se debe asegurar que las víctimas de tortura tengan acceso a justicia y a una reparación plena; para que el acceso a justicia sea real se debe implementar una oficina de querellantes públicos que asistan en juicio a víctimas carentes de recursos económicos de otro modo el acceso a justicia de las víctimas de delitos es sólo una retórica.

Otro de los pilares que permite la sostenibilidad de esta práctica es la falta de decisión política del Poder Ejecutivo local para prevenir y erradicar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de las comisarías, cárceles, y lugares de privación de libertad; mereciendo especial énfasis en los casos de menores y personas con padecimientos mentales.

Esta decisión política debe demostrarse a través de una política institucional adecuada para lograr dicha prevención y erradicación de forma eficiente, con medidas concretas tales como: sanciones disciplinarias ejemplificadoras, formación de un órgano provincial independiente a cargo de la realización de visitas periódicas a las comisarías y cárceles, la sustitución de institutos penales de menores por políticas públicas activas adecuadas para los mismos y sus familias, la erradicación de la práctica del aislamiento como castigo en el hospital neuropsiquiátrico provincial, la erradicación de las requisas corporales a los detenidos lesivas a la dignidad humana que se ven agravadas en el caso de las mujeres que atraviesan su período femenino y que se constituye en una práctica denigrante y vigente hasta en la Alcaída Judicial.

Podría pensarse en la instalación de sistemas de circuito cerrado dentro de estos lugares, ya que nada lo impide, puesto que si todos los ciudadanos estamos sujetos a estas tecnologías existentes en el microcentro de la ciudad y en distintas instituciones bancarias, cabe preguntarse porque no existen en dichos lugares de privación de libertad si la voluntad política fuera realmente prevenir y erradicar la tortura y los tratos inhumanos cometidos por las fuerzas de seguridad de la Provincia.

Deben realizarse campañas públicas para informar a la población sobre sus derechos respecto de la detención y de la prisión e igualmente a la presentación de denuncias respecto del trato recibido por los agentes encargados de hacer cumplir la ley.

Estos son sólo algunos ejemplos de lo que se puede hacer al respecto.

Si estos dos son los pilares en los que se basa la persistencia de la tortura, tratos inhumanos y apremios ilegales es dable concluir que existe Responsabilidad Estatal por la Violencia Institucional y no sólo la responsabilidad individual de los autores materiales de tales hechos, siendo que la Responsabilidad Estatal por estos hechos no se salva con la formulación de la denuncia por el Ministro de Seguridad una vez que el video estaba subido a Internet, ni pretendiéndose constituir en querellante en la causa penal ahora en trámite.

La responsabilidad estatal se la asume reconociendo primero el Gobierno Provincial ser responsable de la persistencia de tales hechos por la falta de acciones concretas tendientes de forma eficiente a prevenir, sancionar y erradicar la tortura y en segundo lugar implementando de forma urgente las acciones necesarias para lograr tal finalidad de salvaguarda de los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida y a la integridad psicofísica de todas las personas privadas de libertad, teniendo especial consideración respecto de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, mujeres, personas pertenecientes a las llamadas minorías sexuales y personas con padecimientos mentales.

El gobierno de la Provincia de Salta tiene responsabilidad moral, política y jurídica con respecto a esta sistemática y gravísima vulneración de derechos humanos fundamentales.

“La tortura es el acontecimiento más atroz que un ser humano puede conservar en su interior. La tortura supone una inversión absoluta del mundo social: en este podemos vivir solo si reconocemos la vida también del prójimo, si dominamos el impulso expansivo del yo, si mitigamos su sufrimiento. Pero en el mundo de la tortura, el hombre subsiste solo en la destrucción del otro. Quien ha sufrido la tortura, ya no puede sentir el mundo como su hogar” (Hans Mayer, escritor austríaco más conocido como Jean Améry, torturado por los nazis en Bélgica y sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz).