Carta por la Deuda ilegítima de Adolfo Perez Ezquivel y Organizaciones

Distintas organizaciones sociales argentinas, encabezadas por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, anunciaron la realización de varias iniciativas frente al secuestro hace ya cuatro semanas de la Fragata Libertad, retenida en Ghana por la embestida judicial del fondo buitre NML Capital Ltdo. Este buitre es conocido por sus graves ataques contra Perú hace unos años y más recientemente, como el financista más importante de la campaña presidencial de Mitt Romney y el gestor de grandes inversiones de parte de su esposa, Ann Romney.

Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, SERPAJ y el Programa de Deuda Ilegítima de la Federación Luterana Mundial, entre las principales organizaciones impulsores de la campaña, rechazaron el embargo totalmente improcedente del buque escuela argentino, un recuerdo de épocas que ya se esperaban superadas cuando los grandes poderes entraron a los barcos, aduanas, puertos y países a cañonazo limpio para cobrar las acreencias que reclamaron. Pero enfocaron sus denuncias y propuestas en la ilicitud e ilegitimidad de los reclamos de deuda en manos del fondo buitre: bonos que fueron emitidos por el gobierno de Menem y Cavallo en la “primavera neoliberal” de los ’90 y defolteados a fines de 2001 cuando explotó en Argentina la bomba de la deuda, con todas las consecuencias de las políticas de ajuste estructural impuestas, según se jactaba desde el Consenso de Washington, para desactivarla.

La deuda de la que se sirve el fondo buitre para esta acción efectista son reclamos ilegítimos – puntualizó Pérez Esquivel – sucesorios de las deudas contraídas con la sangre del pueblo durante la dictadura cívico-militar y ya declaradas fraudulentas y arbitrarias en tribunales federales.  El gobierno argentino debe asumir de una vez la necesidad de realizar una auditoria de los reclamos pendientes y separar la deuda ilegal e ilegítima de aquella que pueda ser legítima; no hay porque pagar lo que el pueblo argentino no debe.

Pérez Esquivel anunció el envío de una carta al Presidente de Ghana, John Dramani Mahama, con el objetivo de interiorizarle acerca de este aspecto fundamental del reclamo de los buitres y ponerse a disposición incluso de viajar hasta Ghana, si contribuiría hacia la liberación del barco. También informó que las organizaciones argentinas están preparando un “Amicus curiae” para presentar en los tribunales de Ghana, y que han solicitado el involucramiento del Experto Independiente de NN.UU. sobre Deuda y Derechos humanos, el Dr. Cephas Lumina.

El historiador Alejandro Olmos Gaona señaló que la carta abierta que se está enviando en paralelo a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, resalta la renuncia a la inmunidad soberana, y la cesión de la jurisdicción hacia donde los capitales digan – ambas cláusulas incluidas en los bonos en manos del fondo buitre – como uno de las cuestiones centrales a superar. Al respecto, el Diputado de la Nación Fabián Rogel informó de la presentación este miércoles, en la Cámara de Diputados, de un proyecto de ley que pondría fin a esa práctica, instalada también durante la dictadura y mantenida casi invariable desde entonces.  Subrayó además la llamada que hicieron las organizaciones a la Presidenta, “a terminar con las jurisdicciones extrañas como las del CIADI y nunca más renunciar a la soberanía e inmunidad del Estado”.

En sus intervenciones, Nora Cortiñas hizo hincapié en el hilo conductor entre los 30.000 desaparecidos, la acumulación de una deuda ilegítima y el desafío aún pendiente de quebrar el halo de impunidad que sigue protegiendo a los responsables tanto nacional como internacionalmente, y la coordinadora de Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, Beverly Keene, remarcó la esperanza que este nuevo ataque de la deuda sirva para fortalecer la movilización en el país y a nivel regional, contra los avances de los intereses especulativos y el poder de los mercados financieros.  “Argentina necesita construir unidad entre los gobiernos de la región, con África y Asia, para poder ganar esta batalla, y vamos a seguir empujando en esa dirección. Son los derechos humanos, los derechos de los pueblos y de la naturaleza, contra los supuestos derechos del capital. No podemos ceder”.-

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012

Señora Presidenta de la Nación
D. CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER
S / D

Nos dirigimos a Ud. ante la grave situación planteada por el embargo y secuestro de la Fragata Libertad en el puerto de Tema, República de Ghana, que diera lugar a gestiones diplomáticas y políticas sin ningún resultado hasta el presente. Los fondos llamados “buitres”, mediante una acción efectista, lesionaron nuestra soberanía al afectar un símbolo de la Nación, como es la referida nave, cuya única misión siempre fue recorrer el mundo para instruir a los futuros marinos, y a los pertenecientes a naciones hermanas de Latinoamérica, que siempre vieron como un privilegio participar de tareas que completarían su formación para el destino que habían elegido.

Lamentablemente, el secuestro de la Fragata Libertad es la consecuencia de una larga serie de claudicaciones, que comenzaron durante la dictadura cívico-militar y fueron perfeccionadas por los gobiernos de la democracia a partir de 1983, al pretender legitimar una deuda fraudulenta, inmoral e ilegítima, contraída mediante el exterminio de miles de argentinas y
argentinos y la afectación de los bienes públicos. Esta deuda condicionó inevitablemente la política de los sucesivos gobiernos hasta el que Ud. preside, que debe destinar sumas cuantiosas del presupuesto para seguir pagando reclamos que se cumularon para imponer un determinado modelo económico y beneficiar a los usureros del sistema financiero, que continúan lucrando aún hoy, con el trabajo y los bienes naturales de nuestro pueblo. La única excepción a ese habitual sometimiento a los mercados la constituyó el Dr. Bernardo Grinspun, que siendo Ministro de Economía de la Nación entre 1983 y 1985, enfrentó al poder financiero y a los organismos multilaterales de crédito, planteando como debía ser una política independiente y soberana.

Es importante puntualizar al respecto, que toda la estructura económica desarrollada por la dictadura se edificó sobre la violación sistemática de los Derechos Humanos, incluyendo la implacable persecución de los que discreparon con el régimen, la muerte y la desaparición de personas, como instrumentos eficaces para extranjerizar a la República y condicionarla a lo que decidieran los grupos financieros internacionales y sus cómplices locales.

A pesar de la existencia de la sentencia judicial declarando que la mayor parte de la deuda de la dictadura era producto de actos ilegales, dictada por el Juzgado Federal N° 2, el 13 de julio de 2000, en la causa iniciada por Alejandro Olmos, y de tres causas judiciales que siguen abiertas, investigándose todas las posteriores restructuraciones y refinanciaciones, ni el Congreso Nacional, al que constitucionalmente le corresponde arreglar todo lo relacionado con la misma, ni los distintos
funcionarios que ocuparon el Poder Ejecutivo, tomaron la decisión soberana de realizar una auditoría, para determinar cuales eran las obligaciones legítimas que correspondía pagar, y los fraudes que debían impugnarse y denunciarse. Todo ello llevó a una sangría constante de pagos de intereses, refinanciaciones del capital, costosas comisiones, y el persistir en mecanismos que solo consiguieron satisfacer a los prestamistas y especuladores financieros, en detrimento de nuestra economía y de los
derechos de nuestro pueblo desde hace décadas.

A lo expuesto se suma la consolidación de toda una estructura jurídica, que continúa invariable, y que fue creada en beneficio de los prestamistas y especuladores internacionales que así pudieron exigir el pago de sus ilícitas acreencias en los tribunales de cualquier jurisdicción, porque los gobiernos lo consintieron, en clara violación al Artículo 116 de la Constitución Nacional.
Una cuestión fundamental, que debe considerarse en cualquier análisis que se haga del endeudamiento externo, está relacionada con un principio básico que hace a la esencia de cualquier ordenamiento jurídico, que es el principio de legalidad y la consecuente inexigibilidad del pago 2 de obligaciones producto de un acto ilícito. Ud. conoce perfectamente estas elementales cuestiones que hacen a un estado de derecho.

En la confusión que rodea todo lo que tiene que ver con la deuda, confusión muy bien articulada por los prestamistas y sus sostenedores teóricos para evitar acciones que permitan aclarar y revertir los mecanismos de su funcionamiento, ha sido dejado de lado todo principio referido a la licitud y legitimidad de las obligaciones, entendiéndose que las mismas revisten una categoría especial que no las hace susceptibles de un encuadramiento jurídico o de una eventual revisión en sede judicial.

Debido a que la política económica es diseñada por el Poder Ejecutivo, quien tiene facultades constitucionales para hacerlo, suponer la posibilidad de un cuestionamiento de la misma por la vía judicial, se considera que es un intento equivocado de judicializar la política, afirmándose en consecuencia que el poder judicial carece de facultades de enjuiciamiento para aquellos actos que por su propia naturaleza escaparían a su competencia, debido a la división de los poderes que impera
en el país y en todos aquellos con una estructura republicana semejante.

Esa consideración está fundada en una conceptualizacion sofista del orden institucional, al confundirse cuestiones que son absolutamente diferentes y mezclarse artificialmente las competencias de los poderes del Estado, evitando así que se ponga en evidencia cualquier acto defraudatorio en perjuicio del mismo.

Si bien es cierto que el Poder Ejecutivo elabora la política económica, ello no lo habilita para convalidar actos irregulares o infracciones legales de diversa naturaleza, a los efectos de instrumentarla ni a desconocer el orden jurídico que hace a la legitimidad de sus decisiones.

La existencia de una investigación judicial sobre el endeudamiento externo, no tiene nada que ver con cuestionar una política económica en particular, sino en el hecho de poder demostrar que dicho endeudamiento se estructuró sobre la base del desconocimiento de normas constitucionales y preceptos legales, configurándose así un sistema que escapó al control de legalidad que deben tener los actos de gobierno. Eso no supone judicializar la política económica del gobierno, sino simplemente poner en evidencia la conformación de diversos actos ilícitos que partiendo de decisiones políticas,
solamente pudieron cometerse a través del desconocimiento del sistema legal que nos rige incluyendo las obligaciones de todo Estado en materia de derechos humanos.

Cuando hablamos de ilicitud o ilegalidad, no estamos utilizando criterios subjetivos para analizar una problemática determinada. Tampoco usamos consideraciones de naturaleza política, que pueden ser materia de natural controversia. Lo que intentamos mencionar es la existencia de una enorme cantidad de operaciones ilícitas que han conformado un fraude institucional sin antecedentes en nuestra historia política, tal como se encuentra ya acreditado en las causas tramitadas en la
justicia federal, donde existe abundante documentación probatoria, pericias, testimonios, informes oficiales, etc. que muestran una verdadera estructura delictiva, investigada morosamente y con una absoluta carencia de medios, pero que el Poder Ejecutivo no puede, de ninguna manera, ignorar.

Ud., cuya competencia en cuestiones jurídicas es reconocida hasta por los propios opositores, no puede desconocer que los actos ilícitos no generan consecuencias lícitas, y que la ilegalidad no puede ser convalidada por ningún Congreso, ni por ninguna ley, sea de la naturaleza que fuere. De tal forma, se puede considerar con el apoyo de los arts. 723, 953 y concordantes del Código Civil y 7 de la ley 19.549, que el objeto de gran cantidad de contratos de refinanciación y reestructuración de los reclamos de deuda es nulo y no puede generar derecho alguno; tampoco ser objeto de novaciones a través de las distintas renegociaciones, ya que nadie puede trasmitir un derecho mejor del que poseía. Se debe tener en cuenta, que ni la novación ni el paso del tiempo pueden transformar en lícito lo que es ilícito. Si bien el art. 801 del Código Civil establece que la novación es la transformación de una obligación en otra, la primera obligación, es decir la obligación a novar debe existir, o sea tener objeto lícito en los términos de los arts. 723 y 953 del citado Código, de manera tal que siendo ilícito el objeto de la primera obligación no puede haber novación (Art. 802 C.C.).3

Pero además de lo expuesto, es necesario tener en cuenta la evidente prejudicialidad existente sobre el pago de estas obligaciones, ya que los hechos probados en la jurisdicción penal son absolutamente vinculantes para los demás órdenes jurisdiccionales. En este sentido el artículo 1101 del Código Civil es categórico; si la justicia federal determina la ilegalidad de las obligaciones externas, ellas no pueden ser objeto de negociación alguna, y hasta que ese fuero no se expida, no cabe en modo alguno efectuar pagos ni afectar fondos públicos.

En lo referido a la deuda ejecutada por NML, producto de la emisión de bonos durante la presidencia de Menem, el gobierno que Ud. preside ha argumentado la inmunidad soberana de la nave, ya que así lo determina la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la propia Foreign Sovereign Immunity Act de los Estados Unidos, que es el país donde se iniciara la ejecución llevada a cabo por estos aventureros y
especuladores que sobrevuelan los mercados financieros, aprovechándose de la debilidad de gobiernos que no los enfrentan con decisión, impugnando sus reclamaciones. Pero en el presente caso, la Argentina, en todos los bonos emitidos durante la década del ’90, renunció en forma irrevocable a la inmunidad soberana del Estado en forma amplia, con la única limitación de las reservas de libre disponibilidad del Banco Central, y los activos existentes en la Argentina. Por tal motivo, y a los efectos de evitar acciones como las de la Fragata, el Dr. Néstor Kirchner, al decidir renunciar a la inmunidad soberana del Estado en la restructuración de la deuda efectuada en el año 2005, excluyó en forma expresa en el Decreto 1735/04 los bienes asignados a una actividad militar, junto a otras salvedades fundamentales para evitar la afectación de activos indispensables de la Nación.

Estamos convencidos que en la cuestión de reclamos de deudas ejecutados en otras jurisdicciones, hay que tomar decisiones soberanas que no se limiten a la defensa, o argumenten sobre convenciones inaplicables, cuyas clausulas han sido renunciadas por anticipado.

Entendemos en este respecto que su gobierno puede avanzar desde ahora mismo en las siguientes direcciones:

1- Resulta fundamental auditar la deuda de manera pública, integral y participativa, como lo hiciera en el año 2008 la República del Ecuador, para así mostrar los mecanismos usados por los prestamistas y especuladores para apropiarse de los beneficios del trabajo de nuestro pueblo. Debe incluirse en esa auditoría, la interrelación con la generación de crímenes y
deudas sociales y ecológicas.

2- Es necesario enfrentar a los prestamistas impugnando los créditos fraudulentos, reconociendo que la justicia federal ha acumulado sobrados elementos para hacerlo, además de las informaciones que pueda arrojar la auditoría.

3- Hay que terminar con jurisdicciones extrañas como las del CIADI, y no admitir más la prórroga de jurisdicción, exigencia de los prestamistas.

4- Debemos tener como un principio sustancial que hace a nuestra dignidad, nunca más renunciar a la soberanía e inmunidad del Estado, debido a que ello significa nada más y nada menos que aceptar el hecho de que nuestro país sea tratado como un vulgar comerciante al que se le pueden ejecutar sus bienes, y someterlo a exigencias impropias de la condición de Nación soberana.

5- Hace falta al respecto, construir unidad entre los gobiernos de la región y las diversas instancias de integración latinoamericanas y caribeñas como así también con los hermanos países de África y Asia, con quienes se puede encontrar gran sintonía de perspectiva y necesidad.

Es necesario realizar todos los esfuerzos posibles para liberar a la Fragata Libertad de tan ignominioso secuestro; ningún esfuerzo será bastante para recuperarla. En razón de ello, apoyamos la iniciativa de Adolfo Pérez Esquivel quien ha dirigido una carta al Presidente de Ghana para interiorizarle de nuestra perspectiva del problema planteado. A la brevedad presentaremos un “amicus curiae” en los tribunales de ese país y hemos además solicitado al Experto Independiente de NN.UU. sobre Deuda y Derechos Humanos, que se aboque a la situación.4

Pedimos a Ud. que reflexione sobre estas cuestiones de fundamental gravitación para el presente y el futuro del país, que analice la posibilidad de cambiar el rumbo en la cuestión de la deuda y que exija a sus colaboradores que le digan la verdad sobre procesos que ellos debidamente conocen. Corregir errores y admitir equivocaciones en quien ejerce la más alta función del Estado es un acto de grandeza. Nos encontramos frente a la oportunidad histórica de tomar una decisión que aclare
definitivamente el tema de la deuda, para que también exista un NUNCA MÁS, y los argentinos y argentinas nos liberemos definitivamente de su esclavitud.

Saludamos a Ud. con nuestra mayor consideración,

Adolfo Perez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Presidente Diálogo 2000 y SERPAJ
Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora
Angel F. Furlan, Programa de Deuda Ilegítima de la Federación Luterana Mundial
Beverly Keene, Coordinadora Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina
Juan Yadhjián, Movimiento Social Misionero / Espacio Ecuménico
Alejandro Olmos Gaona, historiador
Fabian Rogel, Diputado de la Nación
Fernando Solanas, Diputado de la Nación
Alcira Argumedo, Diputada de la Nación
Miguel Ángel Espeche Gil, Coordinador, Cátedra Deuda Pùblica Exgterna, Fac. Derecho/UBA
Salvador María Lozada, Juez (ret.) de la Nación
Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina
Fundación Servicio Paz y Justicia
Attac-Argentina
Secretaría de DD.HH. de la Federación Universitaria de Buenos Aires.

 

Fuente: Web de Adolfo Perez Ezquivel