Colombia: un mes de furia y de estallido social en las calles

A un mes del inicio del estallido social en Colombia el horizonte político y electoral es aún incierto. A estas alturas la única certeza es la negativa gubernamental a reconocer y subsanar la crisis.

Por Javier Calderón Castillo – CELAG

• Un mes de movilización. Esta es la movilización permanente más concurrida y extensa de la historia colombiana; millones de personas se han expresado en contra de las políticas gubernamentales de Iván Duque. Lo que comenzó como un paro de 24 horas el 28 de abril, se convirtió en un estallido social que aún continua interpelando el modelo neoliberal.  El Departamento Nacional de Estadística relevó que 7,5 millones de personas están en pobreza extrema monetaria, uno de cada siete colombianos está en la pobreza extrema, y 21,5 millones viven en la pobreza monetaria, es decir, una de cada 2,4 personas. Mientras en Colombia la pobreza extrema llega al 15,2 % de la población, en otros países de la OCDE, como Chile, sólo llega al 1,8 %.  El estallido social se sustenta sobre una base social inobjetablemente empobrecida.
• Generación joven movilizada. Los jóvenes protagonizan el estallido social. En los barrios de las grandes ciudades estaban contenidas múltiples demandas, frustraciones y la cercana memoria de la represión policial a las movilizaciones de octubre 2019. La tasa de desempleo juvenil (18-28 años) del primer trimestre del año fue de 23,9 %, y en algunas ciudades superó el 30 %. 3 de cada 4 jóvenes apoya el paro y el 91 % desaprueba al Gobierno.
• Violaciones de DD. HH. En las cuatro semanas de movilizaciones -de acuerdo a ONGs, organismos internacionales y reportes periodísticos– han sido asesinadas presuntamente por la Policía 43 manifestantes, se produjeron 3.155 casos de violencia policial, 1.388 detenciones arbitrarias, 46 personas perdieron uno de sus ojos, 22 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza policial, y 123 personas están desaparecidas. Todo ello luego de la decisión del presidente de decretar la figura de asistencia militar, una figura similar al estado de excepción en las ciudades de mayor conflictividad, donde fueron desplegadas unidades militares, tanques y armas de guerra. La respuesta policial y militar del Estado en contra de la ciudadanía ha generado un rechazo mayoritario hacia la institución policial. El 55 % de la población NO está de acuerdo con la intervención policial en las protestas, y cada vez es mayor el consenso ciudadano, de ONGs y sectores políticos para impulsar una urgente y necesaria reforma a esa institución.

Consecuencias de las movilizaciones

Triunfos de la movilización

• • La movilización permanente y masiva, obligó al Gobierno de Iván Duque y su coalición en el Congreso a Desestimar la reforma tributaria y la reforma a la salud, dos proyectos gubernamentales orientados a profundizar el modelo neoliberal.
  • Duque anunció, además, la gratuidad en la educación superior para los deciles económicos más bajos.
  • Se forzó la dimisión de los integrantes centrales de su gabinete, la ministra de Exteriores Claudia Blum y el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.

Crisis de la imagen internacional

• La magnitud de las protestas y la violencia estatal que tuvieron como respuesta rompieron el silencio mediático, que siempre favoreció a la derecha colombiana; las críticas de organismos multilaterales con prestigio internacional, como las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, y de gobiernos como los de Noruega, Alemania, Inglaterra, Argentina o EE. UU., sobrepasaron el mutismo de los medios locales. Las redes sociales fueron fundamentales, puesto que allí se siguen pudiendo encontrar todas las imágenes, videos y testimonios de las víctimas. Desde organismos de DD. HH., gobiernos y de viejos aliados como EE. UU. y la Unión Europea se ha condenado la represión estatal.  El comisionado de paz, Miguel Ceballos, renunció el 24 de mayo, luego de estar al frente de los diálogos con el Comité Nacional del Paro. La negativa a permitir el acceso de la CIDH como organismo veedor de derechos humanos se ha convertido en el símbolo de esta crisis.

Caída de los apoyos

De acuerdo a los estudios demoscópicos, el Gobierno de Duque es uno de los peores en la historia del país. La encuesta Invamer-Gallup publicada el 24 de mayo lo muestra: el 76 % de la población desaprueba la gestión del presidente Duque y sólo el 18 % la aprueba. Y el 98 % de los encuestados está de acuerdo con la protesta ciudadana.

Crisis de gobierno

Luego de un mes de movilización social el Gobierno está en crisis. Además del ministro de Hacienda y la de Exteriores, fueron removidos por Duque los ministros/as de Comercio, Deporte, Ciencia y tecnología y Cultura, para incorporar a integrantes de los partidos de derecha críticos del Gobierno (Cambio Radical, Partido de la Unidad Nacional y el Partido Liberal). Con estas incorporaciones, Duque se garantizó la estabilidad en el Congreso y Senado.

Acciones paraestatales

El expresidente Uribe está muy activo orientando a sus seguidores durante esta crisis; sus mensajes por Twitter han ido escalando de tono, llamando a marchas contra el paro nacional y a todas las fuerzas policiales a usar toda su capacidad para acabarlas. El resultado en algunas ciudades ha sido el despliegue de civiles armados disparando a los manifestantes, marchas del odio en contra del paro y la creación de un momento de tensión violento, muy parecido a los incendiarios mensajes del trumpismo, que terminaron con la ocupación del Congreso de los EE. UU. el 6 de enero del 2021.

Duque obligado a dialogar

Desde el inicio de su mandato, en 2018, el presidente Duque no ha querido dialogar con ningún sector por fuera de su coalición, y las movilizaciones del 2019 no lograron producir una conversación nacional. Para Duque, no encontrarse con el ELN y rechazar el diálogo de Santos con las FARC se convirtieron en un símbolo. Desestimó insistencias de la comunidad internacional para lograr un acuerdo de paz con el ELN, y decidió no implementar el acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC. Las movilizaciones del 2021, sin embargo, le han obligado a iniciar un diálogo -a todas luces cosmético- con los movimientos sociales, sindicales y comunitarios a través del Comité Nacional del Paro.

Las demandas y la negociación

El Comité Nacional del Paro, compuesto por 60 organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y étnicas, está dispuesto al diálogo con una agenda mínima de demandas: renta básica, garantías para la protesta social, justicia para las víctimas de la represión, permiso del ingreso de la CIDH al país, y un plan económico progresivo, que obligue a los grandes capitales a pagar la crisis económica y aliviar los efectos de la pandemia. El Comité del Paro no contiene a un sector radicalizado, que pide continuar la movilización, y no logra representar a toda la juventud movilizada. Esa división le ha permitido al Gobierno dilatar los diálogos y responder a las demandas con cambios y medidas sociales.

La oposición dividida

La oposición está dividida en torno a la resolución de la crisis.

• La Coalición de la Esperanza, liderada por Sergio Fajardo, apoya la protesta social, pero se inclinaa por levantar el paro, en especial los bloqueos de carreteras.
• Por su parte, la Coalición Pacto Histórico, liderada por Gustavo Petro, está acompañando las demandas sociales, y  se centra en acompañar a las víctimas y denunciar la militarización del país. Petro ha llamado a las movilizaciones y a evitar cualquier acto de violencia, pues la considera funcional al uribismo.

Posibles escenarios a futuro

1. Escenario de empate catastrófico (probable). Si se mantiene la latencia de las movilizaciones, bloqueos y barricadas, con una creciente tensión social, la situación desembocaría en un escenario absolutamente incierto ya que i) si la violencia escala, la situación podría traducirse rápidamente en el escenario autoritario y el crecimiento de la antipolítica; ii) si, por el contrario, los sectores movilizados mantienen sus apoyos el desprestigio del Gobierno se ahondaría, y ante el riesgo de posible caída podría optar por soluciones autoritarias de suspensión de la democracia. iii) Si aguantara hasta las elecciones del 2022, el escenario se tornaría privilegiado para una victoria de la oposición.
2. Escenario autoritario. El Gobierno de Duque y sus aliados podrían lograr conjurar la crisis por la vía autoritaria -y el acuerdo de algún sector disidente de la oposición- y administrarla a su favor. Es el escenario elegido por el Gobierno hasta ahora, tratando de recomponer su política a partir de una narrativa de autoridad (de autoritarismo, en realidad) frente al “desorden”. La narrativa se desarrolla en sus discursos públicos y es multiplicada por los medios de comunicación. En este escenario las fuerzas militares y policiales seguirán ampliando su poder.
3. Escenario negociado (improbable). Otra opción hoy día no explorada se abriría si el Gobierno y el Comité Nacional del Paro avanzan en las negociaciones. En este caso, la crisis podría tener una resolución positiva, impulsando un plan de emergencia social y recuperando el control civil de todo el territorio. Es incierto el efecto que este giro y nuevo rostro de Duque podría tener en el escenario electoral 2022.