«Con lo que se paga a las privadas, en 2 años se podría com- prar un equipo nuevo»

 

Lo que importa es el dinero, la salud va y viene

El traslado de pacientes a establecimientos privados emergió como una deficiencia trágica luego de las evitables muertes del niño Luciano Martínez. El gobierno, sin embargo, ya había sido anoticiado cuando la auditoria preparaba un informe sobre el ejercicio 2010 en el Hospital San Bernardo.

Por Gonzalo Teruel

El hospital «deberá realizar las acciones tendientes a concretar las reparaciones de los equipos de Hemodinamia y Ecógrafos, o bien la adquisición de los mismos a fin de evitar o disminuir derivaciones al sector privado», reza una de las recomendaciones finales del profuso documento que ya está en poder del ministro Enrique Heredia y Hugo Sarmiento Villa, titular del nosocomio.

Páginas atrás se hace referencia a una sesión del Consejo de Administración del hospital (realizada el 3 de marzo de 2010) en la que al hablar de los ecógrafos, el subgerente Raúl Caro dijo que «faltan aparatos, se paga mucho dinero a instituciones privadas por los pacientes sin obra social y carenciados (…) con lo que se paga a las privadas en 2 años se podría comprar un equipo nuevo». Lamentablemente, poco se hizo para revertir esa situación y según denunciaron los auditores «solamente se envió una nota al ministerio de Salud Pública de la Nación requiriendo subsidio para la compra de equipamiento para el Servicio de Hemodinamia».

Además, de acuerdo a lo indicado por el subgerente, «el Consejo de Administración no solicitó al ministerio que se efectúen las previsiones para la adquisición de los equipos, que determinen una mejor performance de los pagos de servicios al sector privado por equipamiento que carece el hospital». Este sobrecosto que enfrenta el San Bernardo por la contratación de servicios «tercerizados» no es, sin embargo, la única falencia de gestión revelada por los profesionales de la Auditoría de la Provincia. De acuerdo al informe, el hospital «no posee un sistema integrado de contabilidad» y por lo tanto «no es posible obtener seguridad que los saldos informados no contengan errores importantes». En idéntico sentido, los profesionales admitieron que «se constató que el Sistema de Control Interno no está formalmente establecido». No es posible controlar con rigor los números del principal centro médico de la provincia. Al analizar el funcionamiento del Consejo de Administración, los técnicos del organismo de contralor descubrieron que en 2010 sesionó sólo 16 veces cuando debió hacerlo al menos 24 veces (2 al mes) para cumplir con la normativa vigente. Los mayores defectos no están en la cantidad sino en la calidad de las sesiones. En varias no se cumplió con el quórum establecido y en otras, incluso, las actas no están firmadas siendo por tanto carentes de validez.

Arancelamiento

«El tratamiento de los fondos proveniente del arancelamiento resulta un aspecto de fundamental relevancia, por cuanto involucra importantes sumas de dinero», advierte el documento de la Auditoría. Debido a las sucesivas modificaciones que sufrió la legislación provincial, el gerente del San Bernardo remitió una nota a la asesora técnica de Salud, Claudia Gulessi, solicitando le aclare la forma de distribuir los ingresos por aranceles cobrados. La respuesta fue explicita: «Deberán ser distribuidos de acuerdo a lo establecido: 20% fondo de redistribución solidaria, 30% fondo para inversiones, funcionamiento y mantenimiento y 50% fondo para incentivos, distribuidos en base a criterios de eficiencia y productividad».

Fácil: el 20% debe dirigirse al ministerio de Salud, el 30% al mantenimiento del hospital y el 50% restante al personal. La Auditoría denunció, no obstante, que «el San Bernardo no acreditó que los fondos del 20% correspondientes al ministerio de Salud hayan sido transferidos a favor del mismo, existiendo al 31/12/10 un saldo por la suma de $1.295.486. Aunque parezca mentira, el San Bernardo se quedó con casi $1,3 millones que le correspondían a Salud, en ese entonces bajo el mando de Gabriel Chagra Dib. Esa plata quedó, para peor, inmovilizada en el Banco Nación.

No sólo Chagra Dib fue «anestesiado» por la conducción del San Bernardo. El personal, por su parte, fue objeto de una especie de «socialismo sanitario» o «cooperativismo médico». El 50% del arancel que debía destinarse a «incentivos» fue distribuido entre la totalidad del personal como un monto fijo e idéntico, en forma mensual «lo cual pone de manifiesto que no se trata de un pago en concepto estricto de productividad». Los $4.421.457 de este rubro no se incluyeron en los recibos de sueldo, lo cual resulta incorrecto atento a la naturaleza salarial de los mismos.

Mal pagador, peor comprador

El rubro «Ordenes de Pago» analizado por la Auditoría sólo puede explicarse si se tiene en cuenta que la gestión del hospital está en manos de médicos y no de profesionales de las ciencias económicas. Los auditores realizaron casi 40 «observaciones» demostrando los más diversos errores técnicos y actos administrativos rayanos con lo delictuoso.

El análisis de los saldos adeudados a los distintos proveedores no arroja mejores resultados. En 2010 las deudas a los prestadores de bienes y servicios pasaron de $3,5 millones a $4,4 millones, lo que significa un incremento del 23%. «El incremento real del pasivo no se encuentra justificado. La antigüedad de los saldos vencidos se ha mantenido entre 90 y 120 días, poniendo de manifiesto la falta de eficiencia en la gestión», acusaron los responsables del documento de control.

A pedido de la Auditoría, la conducción del San Bernardo suministró un detalle de las contrataciones realizadas. Unos $8 millones se destinaron a compras por Licitación Pública mientras que las diferentes formas de adjudicación discrecional sumaron otros casi $3 millones. En rigor, el total de adquisiciones con Órdenes de Compras alcanzan los $10.812.870 pero, en simultáneo, se informan Facturas elevadas sólo con Notas de Pedido y abonadas con autorización gerencial por más de $30 millones. Dentro de este importe se encuentran facturas por servicios (COSAySA, EDESA, GASNOR y Telecom) y por tercerización de servicios (COCIRAP SA, TRABASANI SA y TODOLIM SA, vinculadas a Eduardo Abel Ramos) por $12 millones.

«Del total de adquisiciones que alcanzaban los $40 millones, el 42%, es decir $17 millones no se encuentran efectuadas de acuerdo con los principios contenidos en las normas legales vigentes», fue el categórico dictamen de control. En otra de las observaciones quedó expresado que «esta falta de planificación influye directamente en forma negativa en el aspecto económico y financiero».

«A río revuelto, ganancia de pescador», dice el dicho popular que se confirma en el principal policlínico salteño. Diversas empresas (SIM SRL, Cooperativa Bioquímica, Sucesión Roberto G. Ferrari y Medicina Andina, entre otras) figuran «en mora» en la provisión de insumos sin que se hayan aplicado las sanciones correspondientes.

Otras empresas tuvieron más suerte aún. El San Bernardo aceptó pagarle a Siemens SA bajo la forma «contado anticipado», modalidad ajena a las previsiones legales. Proveeduría Médica SRL, por su parte, le vendió un ecografo por casi $190 mil sin que haya quedado registrado en el expediente el remito correspondiente «imposibilitando conocer si la entrega del equipo se concretó en tiempo y forma, por parte del adjudicatario y si sus características coincidían con la calidad y cantidad requerida». «Tampoco existe constancia de la fecha efectiva de entrega por parte de DINAP SRL» en un trámite de compra de un Intensificador y Cámara de Video para Angiografía Digital, pagado en $204 mil.

Desorden y discrecionalidad son las características del circuito administrativo observado en el San Bernardo. Sólo en virtud de ello puede entenderse que Droguería DIM SA y Droguería Salta Salud, entre otras, hayan cumplido tarde y mal en la entrega de fármacos y elementos de curación sin ser apercibidas. El caso de la Droguería San Pablo SRL es más llamativo todavía. Pese a enfrentar un concurso de acreedores, la firma siguió prestando servicios al hospital en 2010 y le facturó por casi $4,5 millones.

Las falencias en la provisión alcanza también a los medicamentos y generó preocupación de los auditores porque «aduciendo la urgencia de contar con los insumos necesarios y basados además en la imposibilidad de la interrupción de los tratamientos médicos, ha convertido en práctica normal y reiterada, la modalidad de Compras Directas». Mecanismo que se encuentra previsto en la legislación como una situación de excepción «por lo que no debería tornarse de uso habitual, aduciendo que se trata de elementos que pueden poner en riesgo la vida humana».

En muchas de las operaciones realizadas «no consta» que las adjudicaciones por «precio razonable», o «calidad reconocida» cuenten con motivación suficiente, lo cual podría aparejar la presencia de un vicio que acarree la nulidad del acto».

Pase de factura

El hospital, según describe la Auditoría, «no posee un único registro de las operaciones realizadas y los mismos son inconsistentes y contradictorios». Esta situación llevó a los especialistas estimar un saldo de Deudores al 31/12/10 bajo «comprobaciones matemáticas globales». El saldo al inicio 2010 era de $10,9 millones a lo que se debe sumar la facturación 2010 por $12,5 millones y restar las cobranzas por $8,8 millones llegando a la friolera suma de $14,6millones por cobrar. Dicho de otro modo, los auditores detectaron que el San Bernardo tenía casi $15 millones «en la calle».

«El hospital cancela obligaciones de índole salarial con fondos arancelarios, siendo que de acuerdo a lo dispuesto por el ministerio de Salud, los mismos están destinados a inversiones, funcionamiento y mantenimiento (…) conceptos que no están vinculados con pago de haberes o prestaciones de servicio», remarca, asimismo, el texto en análisis.

El viejo hospital de los muñecos

«Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido», cuenta con dramática tristeza la canción infantil. El San Bernardo es viejo y, también, triste. Al menos eso muestran sus paredes, techos e instalaciones.

Parte de los ingresos por arancelamiento debe destinarse al «mantenimiento» y por eso la Auditoría convocó a la arquitecta María Inés Diosque (agente de planta permanente del hospital) quien mostró 3 notas presentadas a sus superiores proponiendo alternativas de solución a los puntos conflictivos en el servicio de traumatología, la unidad de terapia intensiva, el block de diagnóstico por imágenes, los quirófanos y la cocina.

«No se proporcionó información ni documentación que permita corroborar qué trabajos fueron efectuados y cuáles no», fue la amarga conclusión de los profesionales de la Auditoría.

Peor aún, la arquitecta Diosque deslindó responsabilidades respecto de las obras de instalaciones eléctricas, gases medicinales y climatización «por cuanto las mismas no están acompañadas por el informe de un profesional idóneo en cada caso». «El hospital realizó obras sin la intervención ni supervisión de la arquitecta responsable del área respectiva», confirmaron los auditores.

Recomendaciones

El estado de situación en el Hospital San Bernardo es tan complejo que el cuerpo de auditores esgrimió casi 50 recomendaciones para concluir su labor. Algunas son elementales como «contar con un Manual de Misiones y Funciones» o «celebrar sesiones y labrar actas del Consejo de Administración». Otras, son más severas como «concretar las reparaciones de los equipos de Hemodinamia y Ecógrafos o bien la adquisición de los mismos a fin de evitar o disminuir derivaciones al sector privado».

En cuanto a los Fondos de Arancelamiento, corresponde que «deposite automáticamente en forma mensual el 20% del Fondo de Distribución Solidaria a favor del ministerio de Salud» también intimaron los peritos contables. La tarea de campo de los profesionales finalizó en mayo de 2011 y el informe definitivo de la Auditoría se emitió un año después. Meses antes, de modo provisorio, fueron notificados el ministro de Salud y el Gerente del San Bernardo. Nadie en el gobierno puede aducir que no conoce lo que pasa en los hospitales de Salta. La Auditoría en el San Bernardo dejó de lado al rubro «servicios tercerizados» y, en consecuencia, no se evaluó la contratación de las empresas COCIRAP SA, TODOLIMP SA y TRABASANI SA vinculadas con Eduardo Abel Ramos. Para esas «tercerizadas» se tramita un proyecto de auditoría bajo el expediente 242- 2570/10.

En 2010 el San Bernardo omitió girar más de $1,3 millones del Fondo de Redistribución Solidaria al ministerio de Salud. Esa plata quedó inmovilizada en el Banco Nación. La Auditoría ordenó al San Bernardo «concretar las reparaciones de los equipos de Hemodinamia y Ecógrafos o bien la adquisición de los mismos a fin de evitar o disminuir derivaciones al sector privado».-

Publicado por Cuarto Poder