Conmoción por el suicidio de dos médicos del sistema de salud público en Chubut

LIGAN LOS SUICIDIOS AL AJUSTE EN LA PROVINCIA

«Estaban siendo presionados para dejar la vivienda oficial del Ministerio de Salud Pública que, precisamente, está destinada para los médicos del Hospital», cuenta un empleado público en una carta abierta.

El Profesor Hernán Díaz Varela contó en una carta la situación de los trabajadores del estado provincial y la situación que vivían los médicos que tomaron la determinación de suicidarse.

La pareja de médicos fueron encontrados sin vida dentro de un vehículo con lesiones compatibles con disparos de arma de fuego. El hallazgo fue en la Ruta 12, a 10 kilómetros de Piedra Parada. Dejaron una carta arriba del torpedo del auto cuyo contenido aún no se dio a conocer.

Así lo cuenta el Profesor Hernán Díaz Varela:

El sábado 18 de enero fueron encontrados sin vida Enrique Ugarteche y su esposa Nanci Carreto. Ambos se suicidaron con un arma de fuego pocos días antes de la Fiesta del Pueblo, a unos kilómetros de Piedra Parada, un paraje cercano a Gualjaina. Referir este hecho doblemente doloroso como “pacto suicida” –como lo hizo la prensa provincial y nacional hegemónica como el diario “Clarín”- es el equivalente a considerar al femicidio como “crimen pasional”. El periodismo vernáculo atrasa un par de décadas en el tratamiento de situaciones como ésta. No hubo rituales esotéricos ni eran delincuentes a punto de caer presos; sólo dos personas de bien que no hallaron ninguna salida a su situación existencial.Eran dos personas cuya subjetividad fue aniquilada por las políticas públicas de Salud de la provincia.

En el vehículo se encontró una carta, cuyo contenido no fue hecho público, aunque sospecho que allí se revelarán los motivos de semejante determinación.

Enrique era médico del Hospital Rural de Gualjaina. Nanci, su esposa cubana, también médica, graduada en su país, fue su compañera en esta tremenda decisión.

Se estaban haciendo una casa en el pueblo, pero debido al descalabro económico tanto nacional como provincial -del que la mayoría hemos sido víctimas- no la habían podido terminar, y estaban siendo presionados para dejar la vivienda oficial del Ministerio de Salud Pública que, precisamente, está destinada para los médicos del Hospital.

Con 74 años de edad era el único médico del pueblo. ¿Hasta cuándo se puede trabajar como médico en un Hospital Rural en esas condiciones? Enrique nos dio la peor respuesta. Hasta la muerte.

Era un hombre afable, de sonrisa amplia, pelo totalmente cano y ojos claros. Lo conocí hace unos diez años –él ya estaba en trabajando en el Hospital de Gualjaina- cuando estuve como vicedirector de la escuela secundaria del pueblo. En ese momento había tres médicos en el Hospital, y podía dedicarse aunque fuera parcialmente a hacer prevención. Pero desde 2015 estuvo solo. Único médico de Gualjaina, en guardia permanente, émulo de Giovanni Drogo, aquel personaje de novela de “El desierto de los tártaros” de Dino Buzzati. Una crónica de la desesperanza.

La muerte de Enrique Ugarteche es el primer retiro voluntario de la era Arcioni. Es parte de la “población sobrante” de la que un Estado insensible, violento y carente de empatía se quiere desprender, disfrazando esas decisiones como modernización, eficiencia y “reingeniería” administrativa.

Cuando a principios de este siglo se suicidó el Dr. René Favaloro lo hizo precisamente porque estaba agobiado ante la falta de respuestas por parte de los funcionarios del gobierno de la Alianza. En aquel momento su fundación reclamaba una deuda por dos millones de dólares al PAMI, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, cuya asesora y mano derecha adentro del organismo era una joven de veintisiete años llamada María Eugenia Vidal. Nunca les importó.

También fue motivo de cobertura nacional cuando en junio de 2019 un jubilado se suicidó disparándose en la cabeza en la sede del ANSeS (Administración Nacional de la Seguridad Social) en Mar del Plata, con registro en video de un testigo ocasional. Sus últimas palabras fueron “ya no aguanto más. No puedo seguir viviendo en esta situación”. Y también dejó una carta, dirigida a la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.

Formado en Cuba para hacer prevención sanitaria, Enrique no pudo ponerla en práctica porque ¿cómo se trabaja preventivamente si el sistema público te deja en absoluta soledad, no te paga los salarios, pauperiza tu vida y además te obliga a ocuparte de la emergencia porque no hay recursos?

Cuando vivió en la isla caribeña, en la década del 80, Enrique era una persona que ayudaba a otras personas en el mejor sistema de salud de América. Tres décadas después, era un recurso humano en un sistema que pulveriza y aliena a las personas.

Enrique era un empleado público. Como yo. Como los que te atienden en cualquier oficina, como muchos que leen esto.

El día en que decidió ter minar con su vida él era el médico de guardia, el único del pueblo. No tenía salida. Los directores de área que no le garantizaron un espacio de Salud Mental que lo sostuviera, fueron los mismos que le exigían que dejara la vivienda oficial; funcionarios funcionales a un gobierno que ni siquiera cumple con sus obligaciones más básicas como el pago de salarios y jubilaciones en tiempo y forma, aportes de obra social, infraestructura y que ahora, sin siquiera ponerse colorado, propone un nuevo ajuste maquillado como “reestructuración del Estado”.

Cuando en septiembre del año pasado las docentes Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilera fallecieron en un accidente de tránsito camino a Comodoro Rivadavia, de regreso de un plenario y movilización contra las políticas del gobierno provincial, la respuesta gremial fue contundente e inmediata. Al día siguiente hubo un masivo paro nacional docente convocado por CTERA (Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) y se atribuyó con claridad la responsabilidad política de estas muertes al gobierno de Mariano Arcioni.

Por ello, en un contexto donde el gobierno provincial profundiza sus medidas de ajuste, propone un congelamiento de salarios y es indiferente a los reclamos de la ciudadanía, me sorprende el estridente silencio de los trabajadores de la Salud ante un hecho en el que claramente existe responsabilidad estatal.

El suicidio, antes que una decisión individual, es un hecho social. En estos términos, en Chubut, todxs lxs empleadxs públicxs podemos ser Enrique Ugarteche.

Prof. Hernán Díaz Varela – EMPLEADO PÚBLICO PROVINCIAL