Cuestionado procedimiento de castigo y perdón a empresario norteño

Procurador General de la Provincia, Lopez Viñals

Puede el Procurador General de la Provincia «perdonar» multas por $ 171.413.473 a un solo infractor? El Procurador López Viñals habría establecido la multa para luego, él mismo, «dictar el perdón».  

Por Nolberto Guerra / Revista Norte

Se trata de una multa que implicó 171 millones de pesos a una empresa dedicada a la agricultura en el norte de la provincia. La multa habría caído sobre el empresario Juan José Karlen por haber desmontado sin autorización oficial 11.000 hectáreas de un total de 16.600 ubicadas en el departamento San Martín (Salta).

Bajo el título «El caso Karlen: explotación y desmonte ilegal» publica Nuevo Diario la noticia. El artículo refiere que la situación nace el 10 de Abril de 2013 ante una inspección de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que descubrió 157 trabajadores no declarados entre los que había también menores de edad que eran sometidos a condiciones infrahumanas de trabajo y vivienda en una finca ubicada a 30 Kilómetros de Dragones (Salta). AFIP habría inspeccionado dos predios por un total de 16.600 hectáreas, cuyo propietario declaró ventas totales por $70 millones en 2012. Posterior a esas actuaciones del organismo nacional, la Secretaría de Ambiente de la Provincia habría realizado otra la inspección y notificado del desmonte ilegal de más de 11.000 hectáreas ejecutado en un lapso de cinco meses. Inspectores de esa Secretaría constataron que las tareas de desmonte no habían sido paralizadas, por lo que procedió al secuestro de maquinarias; y el día 12 de Abril se procedió a la clausura del campo por 60 días mientras le aplicaban una multa de 11 millones de pesos.

El 2 de Octubre de 2015 la vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, Azucena Vazquez, condenó a Juan José Karlen a la pena de 6 meses de prisión condicional por el delito de Desobediencia a la Autoridad por cuanto -expresa el fallo- el daño causado es grave en perjuicio al ambiente.

La noticia da cuentas de que «fue entonces Lopez Viñals quien solicitó a la Juez Azucena Vazquez que condene a Karlen a depositar la suma de $171.413.473 para realizar la restauración de las 11.875 hectáreas desmontadas. Pero «en Julio pasado, llegó el perdón» del Procurador. Así, la primera estipulación de multa de 11 millones, habría pasado a la voluminosa suma de 171 millones y medio de pesos por orden del Procurador, quién luego la perdonaría.

«El caso muestra el desapego por las leyes de un terrateniente salteño: realizó explotación, laboral e infantil, desmontó ilegalmente una superficie similar a la de media ciudad de Buenos Aires y desobedeció las clausuras de la finca. Y evidencia la desidia del gobierno provincial a la hora de realizar controles efectivos para evitar la deforestación ilegal». Esa es la conclusión a la que llegó la entidad ambientalista Greenpeace al hablar del caso de los Karlen, quienes tienen tierras en el Chaco salteño y en más de una ocasión habrían sido denunciados por las comunidades de alambrarlos y perseguirlos.

Pese a esa situación, por la que la Procuración a cargo de Pablo López Viñals habría solicitado 171 millones de pesos de multa, aparecería ahora la decisión de la misma Procuración de declinar su aplicación por la posibilidad de un convenio que implicaría la «restauración y reconversión  productiva al manejo de bosques nativos con ganadería integrada».

La inquietud que surge entonces es: ¿Corresponde que el señor Procurador General de la Provincia perdonara esta multa? ¿No sería ésto facultad del Poder Ejecutivo con posterior aprobación de las Cámaras Legislativas? La restauración y reconversión productiva a la que estaba condenado el infractor ¿superaba los 171 millones de pesos? ¿Acaso este trabajo ya se cumplió y deviene el perdón de semejante multa?

Sería interesante que la Procuración General publicara los fundamentos que avalan «perdonar» la millonaria cifra a la firma Juan José Karlen, y toda otra firma que recibió igual beneficio de «perdón».

También sería interesante que las Cámaras Legislativas requieran al Poder Ejecutivo la remisión de todas las actuaciones que derivaron en multas por idéntico concepto, hayan sido pagadas o perdonadas.-