El Defensor del Pueblo de la Nación a través de su adjunto, Anselmo Sella, elevó al gobernador Juan Manuel Urtubey un informe realizado a raíz de la denuncia contra los desmontes y que indica que en las inspecciones enviadas, los comisionados de la entidad nacional constataron la «debilidad en el accionar de la Provincia ante la falta de atribuciones de los organismos locales (Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable) para la solución de los hechos observados (los desmontes y deslindes ilegales, entre otros), y la existencia de un conflicto social latente que demanda la urgente atención de parte de todas las autoridades con el fin de evitar una escalada que produzca consecuencias imposibles de remediar».

La denuncia fue elevada por distintas comunidades indígenas y criollas del norte salteño que siguen siendo afectadas por desmontes, deslindes, arrinconamientos con alambrados y el posterior desplazamiento de las poblaciones en una zona que está destruyendo su posibilidad de subsistencia. De hecho, en el informe se indica que se constató «una clara vulneración de los derechos de pobladores criollos e indígenas» que elevaron las denuncias.

La entidad solicitó a Urtubey medidas «urgentes y convenientes», ante la situación denunciada en distintos parajes de la zona rural salteña que involucra la zona de Chaco y Yungas a fin de evitar más perjuicios de los que ya se produjeron sobre las comunidades que allí habitan. La advertencia, recuerda tiempos que al asumir el actual gobernador había dado a entender que serían olvidados en tanto con su gestión se terminaba el «festival de los desmotes». Por el contrario, y pese a las leyes provinciales de Ordenamiento Territorial y de suspensión de desalojos de campesinos, y las nacionales de Emergencia Territorial Indígena y de Bosques, y de una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que frenó los desmontes hasta fines del año pasado, en Salta la actividad continuó con la diferencia que es una actividad no autorizada que involucra a su vez, por lo menos, la ineficacia de los controles de la provincia.

Confirmado por funcionarios

La afirmación anterior tiene su sustento en lo indicado por los técnicos del Defensor del Pueblo que sostienen en parte de su informe que durante el recorrido que habían realizado en distintos parajes se tomó contacto con el equipo de Fiscalización y Control del Ministerio de Ambiente». «El equipo tuvo una muy buena disposición para evacuar todas nuestras consultas ya que estaban buscándonos para que tuviéramos la versión del Gobierno», dijeron al destacar que «esta entrevista fue muy útil, ya que nos permitió confirmar buena parte de los dichos de los reclamantes».

De boca de los funcionarios de Ambiente los enviados por el Defensor pudieron verificar que: los mapas del INAI del relevamiento de comunidades no son considerados como documentos de ninguna validez (pese a que no debería ser así, dicen en otra parte del documento). También sostienen que detectaron cerca de 2800 hectáreas de desmontes ilegales en zona amarilla (donde no se puede desmontar), pero suponen y tienen detectados una superficie mayor». Otro tema comprobado (y que más de una vez es denunciado por entidades y especialistas en el tema), con los técnicos de Ambiente fue «que las multas no tienen ningún impacto sobre los desmontadores y habiéndose  retirado (los fiscalizadores de Ambiente), del predio las topadoras siguen su marcha» Agregaron que los funcionarios de la Provincia «han verificado esto con impotencia, lo que demuestra de manera indubitable, las escasas o nulas facultades legales de la autoridad de Fiscalización y Control». –

Publicado por Nuevo Diario