Denuncian ‘el recrudecimiento de la violencia hacia varias comunidades indígenas de Tartagal’

«Nos declaramos en estado de emergencia en nuestros derechos» 

Con un fuerte comunicado, la organización de mujeres indígenas ARETEDE alerta sobre la situación de los pueblos originarios del norte de Salta y pone en contexto las condiciones en que viven ahora agravadas por la pandemia.

 

EL COMUNICADO:

La organización de mujeres indígenas ARETEDE quiere denunciar públicamente el constante avasallamiento de los derechos de comunidades indígenas de Tartagal. Alertadas por los recientes episodios de violencia, intimidación y amenazas que perturban nuestro derecho a vivir con tranquilidad así como nuestros derechos a la tierra y territorio, a la identidad, a vivir conforme a nuestras pautas culturales y formas ancestrales, a gozar de nuestros recursos naturales y a que se respeten nuestras instituciones.

El acelerado incremento de casos positivos de coronavirus en Tartagal nos mantiene en estado de alerta. La gravedad de la situación pone en riesgo particularmente a las comunidades originarias quienes históricamente padecemos las desigualdades del sistema de salud. Es preocupante el avance de la pandemia en nuestros territorios, puesto que nuestras condiciones de vida son precarias. Muchas familias originarias se enfrentan cotidianamente a dificultades para alimentarse, para acceder al agua, a la falta de trabajo y a la discriminación. Por todo ello manifestamos nuestra preocupación ante las consecuencias que puede generar la llegada del virus a nuestras poblaciones, y solicitamos a las autoridades las medidas e intervenciones necesarias para cuidar la salud colectiva.

Recordamos que nuestra Constitución Nacional reconoce desde el año 1994 «la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos», «la propiedad y posesión comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan» y “la participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”. Nuestros derechos colectivos se encuentran también ampliamente reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Convenio 169 de la O.I.T.–ratificado por Ley Nº 24.071-, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Recientemente la Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar los derechos humanos de las comunidades indígenas nucleadas bajo la Asociación Lhaka Honhat de Salta. Ese tribunal internacional consideró que el Estado violó el derecho a la propiedad comunitaria al no haber titulado y mensurado las tierras comunitarias, así como también el derecho a la identidad cultural, a vivir en un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua de estas comunidades como resultado de las injerencias y depredaciones territoriales que el Estado toleró y permitió. Entre otras medidas el Estado fue condenado a dar seguridad jurídica al derecho humano de propiedad comunitaria indígena.

En este contexto nos parece inadmisible el recrudecimiento de la violencia hacia varias comunidades indígenas de Tartagal y que, denunciamos, tiene por objeto el despojo de sus territorios, la depredación, la apropiación de sus recursos naturales y el desconocimiento de nuestros pueblos como identidades distintivas, con derecho a mantenerlas y a definir prioridades de desarrollo

• El 20-06-2020, mientras se festejaba el día del padre, la comunidad Imakta Necke Wichi fue amenazada por la policía de que ese mismo día serían desalojados a las 18:00 horas. Ninguna orden de desalojo fue exhibida y pese a los pedidos nunca pudimos saber si la misma existía, tratándose así de un proceder ilegitimo de violencia institucional policial.

• La Comunidad Originaria Territorios Wichi desde hace años viene sufriendo ingreso de ganado, tala de árboles y alambrado de su territorio, teniendo que soportar todo tipo de amenazas y amedrentamientos por defender su tierra. Hace poco se obtuvo una medida cautelar que impide la realización de dichas actividades, lo que esperamos tenga efecto y comprometa a las autoridades a cumplir con su obligación de impedir las injerencias en territorios indígenas, las que como dijo la CIDH impiden el desarrollo de nuestro modo de vida tradicional.

• La comunidad Las Palmeras ha sufrido varios intentos de desalojo….

• El 20/07/2020 las comunidades del Pueblo Weenhayek Kyelhyuktaj (El Quebracho) y O Ka Pukie (La Troja), ubicadas en el kilómetro 5 de la ruta nacional 86, recibieron amenazas por parte de dependientes de la titular registral, María Monserrat, de que iban a ser desalojados. Denunciamos este actuar ilegitimo que no sólo amedrenta e impide a las 60 familias vivir en seguridad y dignidad, sino que desconoce su posesión y propiedad comunitaria, la cual fue relevada y declarada como tal por resolución administrativa del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas estando los desalojos suspendidos por Ley Nº 26.160.

• Nuestra compañera antropóloga Leda Kantor sufrió amenazas por parte de un cacique. Este hecho, que atenta contra su integridad personal, fue denunciado ante las oficinas de violencia de género, debido a que se cometió en un contexto de amedrentamiento e intimidación contra su condición de mujer activista. Este tipo de actos tienen como objetivo restringir la libertad de expresión y acción de personas que acompañan nuestras luchas desde hace más de 20 años. Exigimos la urgente protección de los derechos humanos de nuestra compañera.

Nos declaramos así en estado de emergencia en nuestros derechos haciendo un llamado a velar por el cumplimiento de los mismos. Solicitamos a las autoridades tomen las medidas necesarias para evitar la continuidad de estos episodios, las que en este contexto de aislamiento recrudecen nuestra histórica situación de postergación.