El Instituto Jurídico de Género del Colegio de Abogados de Salta denunció al“aparato del Estado, como el principal generador de la violencia de género, a través de la violencia institucional”, en referencia al cuestionado informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales donde se relativiza una denuncia por abuso de una menor al considerar que la niña “tenía un cuerpo que podía llegar a ser objeto sexual”. “Nos encontramos ante el avasallamiento y la impunidad de quienes, como funcionarios/as del Estado, atentan contra nuestros derechos y ponen en peligro a un sistema democrático de gobierno”, respondió el Instituto Jurídico de Género del Colegio de Abogados.
“Estamos frente a violaciones por parte del Estado a la Ley de Protección Integral de las Mujeres Nº 26485, al poner el aparato del Estado, como el principal generador de la violencia de Género, a través de la violencia institucional”, asegura un documento dado a conocer este martes por parte del Instituto Jurídico de Género del Colegio de Abogados de Salta, en relación al informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta que justificó el abuso de una niña de 9 años por considerar que la misma tiene “un cuerpo desarrollado que puede llegar a ser objeto de deseo sexual».
El informe del CIF lleva la firma de la titular del mismo, Gabriela Buabse, fue enviado a la Fiscalía Correccional Nº 7 que investiga la denuncia del papá de una niña de 9 años, con fecha del 13 de octubre de 2011, contra el propietario del transporte escolar que llevaba a la niña a la escuela y que es el sujeto acusado de abusar de la menor.
Cabe consignar que Buabse encabeza una lista del gobernador Juan Manuel Urtubey para ocupar un cargo como fiscal penal.
El informe firmado por Buabse motivó el repudio generalizado de diversos sectores en todo el país, y principalmente, de la Multisectorial de Mujeres de Salta y del INADI. A ello se sumó, ahora, este documento del Instituto Jurídico de Género del Colegio de Abogados de Salta que no duda en denunciar al “aparato del Estado, como el principal generador de la violencia de género, a través de la violencia institucional. Nos encontramos ante el avasallamiento y la impunidad de quienes, como funcionarios/as del Estado, atentan contra nuestros derechos y ponen en peligro a un sistema democrático de gobierno».
El documento completo del Instituto Jurídico de Género del Colegio de Abogados de Salta, expresa:
En relación con el informe emitido por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales de la provincia de Salta en un caso que investiga dos supuestos abusos a menores por parte de un chofer de un ómnibus escolar y en el cual las autoridades que lo suscriben manifiestan que una de las víctimas, la más pequeña, «muestra (…) un cuerpo desarrollado que puede llegar a ser objeto de deseo sexual», el Instituto Jurídico con Perspectivas de Genero del Colegio de Abogados de Salta, ve con profunda preocupación, el pensamiento machista y patriarcal que se encuentra presente en hombres y mujeres, que tienen como deber insoslayable el velar por nuestra seguridad y garantizar la justicia en el caso concreto de violación a nuestros derechos.
Es lamentable que una funcionaria del Estado, emita informes cargados de prejuicio machistas y desconozca las circunstancias que un buen informe pericial podría determinar frente a un caso de abuso sexual, y cuáles son las secuelas por la que atraviesa una víctima de abuso. No se puede tomar a la ligera la investigación de los casos que atentan contra la integridad de las mujeres, y sobre todo de “niñas”. Decir que una menor “no se muestra como niña, sino que se ubica más bien en un lugar de mujer, mostrando un cuerpo desarrollado que puede llegar a ser objeto de deseo”, es denigrar a la misma, re-victimizarla, desconocer su carácter de persona y sobre todo de sujeto de derecho.
Estamos frente a violaciones por parte del estado a la Ley de Protección Integral de las Mujeres Nº 26485, al poner el aparato del Estado, como el principal generador de la violencia de Género, a través de la violencia institucional. Nos encontramos ante el avasallamiento y la impunidad de quienes, como funcionarios/as del Estado, atentan contra nuestros derechos y ponen en peligro a un sistema democrático de gobierno.-
Informe de Agensur