El Documento del Segundo Encuentro de Jueces Federales del Norte reunidos en Orán

28/05/2014 | Revista Norte

 

Jueces Federales del NOA y NEA en OránDocumento elaborado en el Segundo Encuentro de Jueces Federales del Norte en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán el 8 de mayo de 2014.

Nos reunimos en esta dignísima ciudad de la provincia de Salta, los Sres. Miembros de las Cámaras Federales de las Provincias de Tucumán y Salta, Dr. Ricardo Mario Sanjuan, Vicepresidente de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y Dr. Jorge Luis Villada, Presidente de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Salta, e invitados en ésta ocasión los Sres. Jueces Federales de Primera Instancia de dichas jurisdicciones: Dr. Domingo Luís Altieri, Juez de Cámara del Tribunal Oral Nº 18 de la ciudad de Buenos Aires y Consejero de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, en calidad de invitado oyente, Dr. Raúl Daniel Bejas, Juez Titular del Juzgado Federal Nº 1 de la provincia de Tucumán; Dr. Fernando Luis Poviña, Juez Titular del Juzgado Federal Nº 2 de la provincia de Tucumán y Juez Subrogante del Juzgado Federal Nº 2 de la provincia de Jujuy; Dr. Guillermo Daniel Molinari, Juez Titular del Juzgado Federal de la provincia de Santiago del Estero; Dr. Julio Leonardo Bavio, Juez Subrogante del Juzgado Federal Nº 1 de la Provincia de Salta; Dr. Ricardo Antonio Moreno, Juez Subrogante del Juzgado Federal de la Provincia de Catamarca; Dr. MarianoWenceslao Cardozo, Juez Titular del Juzgado Federal Nº 1 de la Provincia de Jujuy, Dra. Zunilda Niremperger, Jueza Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña y Juzgados Federales 1 y 2 de Formosa y Dr. Raúl Juan Reynoso, Juez Titular del Juzgado Federal de Oran; con el objetivo principal de llevar adelante políticas judiciales tendientes a promover la asistencia y/o sanción punitiva (según sea el caso) de acciones aisladas o actividades organizadas que generen o consoliden situaciones de riesgo actual o potencial para los individuos de estas regiones y del país todo como resultado del consumo, transporte y/o venta de estupefacientes, trata de personas, contrabando y lavado de dinero.

La determinación de dichas acciones se logran mediante la planificación, ejecución, relevamiento y análisis de resultados obtenidos como consecuencia de la implementación de herramientas de distintas índoles, que además y especialmente, tiendan afianzar la participación ciudadana e interjurisdiccional – poderes judiciales, fuerzas de seguridad, organismos de los ESTADOS Provinciales y letrados del fuero local – para contribuir de manera conjunta, activa y responsable a erradicar los flagelos que causa la comisión de dichos delitos. A su vez, con el ánimo de lograr la paz social, acordamos las políticas a seguir.

Tal como se pactara en la primera reunión celebrada en la ciudad de Rosario de la Frontera, provincia de Salta en el año 2.013, convenimos los Sres. Magistrados aquí presentes:

I) INSISTIR ante la Excma. Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación, para que:

1) Establezcan de manera definitiva los Juzgados Federales para las ciudades de Libertador Gral. San Martín y Tartagal; Juzgado Federal Nº 3, para la Provincia de Tucumán; el Juzgado Federal Nº 2 para la provincia de Santiago del Estero, el Juzgado Federal Nº 2 de Resistencia Chaco y Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca;

2) Se cubran los cargos de Jueces Titulares, designados de acuerdo al procedimiento establecido por la Constitución Nacional en: Tribunal Oral Federal de Jujuy (3 cargos vacantes) y Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy; Cámara Federal de Apelaciones de Salta (1 cargo) y Juzgado Federal Nº 1 de Salta; Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero(3 cargos); Tribunal Federal de Catamarca (1 cargo) y Juzgado Federal Nº 1 de Catamarca; Juzgado Federal Nº 1 de Formosa y Cámara Federal de Chaco (2 cargos).

II) EXTREMAR los mecanismos de comunicación entre los Juzgados Federales de las jurisdicciones aquí representadas, para facilitar los procedimientos destinados a la lucha contra los delitos mencionados. En ese sentido, acuerdan establecer la coordinación y comunicación entre los Secretarios de los tribunales aludidos para transmitirse los nombres de los involucrados y características particulares de las causas penales en las que se investigue organizaciones de ilícitos de narcotráfico, trata, contrabando y lavado de activos.

III) HACER SABER a los Ministerios de Justicia y de Seguridad de la Nación la necesidad imperiosa de contar con establecimientos Federales en las provincias en cuestión, debido al hacinamiento en las cárceles Provinciales y Federales de la Jurisdicción.

IV) SOLICITAR a los Poderes Ejecutivos Provinciales la adecuación de políticas de prevención, asistencia y tratamiento de las personas en riesgo, victimas de tales delitos; como así también, la construcción de los establecimientos respectivos para tratamientos no ambulatorios.

V) SOLICITAR a los Ministerios de Seguridad y de Defensa de la Nación: a) Extremar la provisión de recursos adecuados (humanos, tecnológicos y logísticos) para optimizar las acciones de prevención, investigación y combate de esta clase de criminalidad, especialmente en zona de frontera; y b) Se arbitren los recursos para que los juzgados en su tarea de investigación tengan inmediato acceso a la información recopilada por las fuerzas de seguridad intervinientes (radarización, tareas de investigación u otras similares).

VI) SOLICITAR a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la dotación del personal necesario, suficiente y capacitado para las secretarías judiciales, atento al crecimiento que se registra conforme las estadísticas existentes en las oficinas respectivas.

VII) PROMOVER EL ACCESO A LA JUSTICIA, a través de una “Campaña Por la Vida” y que consistirá en la instalación de buzones ubicados en lugares estratégicos en las provincias comprometidas, invitando a la ciudadanía a depositar denuncias anónimas que apunten a obtener información sobre dos ejes iniciales: a) iniciar investigaciones judiciales para identificar a los responsables de ventas de sustancias toxicas capaces de ocasionar daño a la salud física y psíquica de las personas; b) denunciar anónimamente a quienes se encuentren vinculados en situaciones de trata de personas, sexual y/o laboral, contrabando y lavado de dinero.

Es preocupación de los aquí firmantes extremar los recursos propios, y solicitar la cooperación de los demás organismos del Estado Nacional y Provincial para ahondar y profundizar las investigaciones respecto de los mencionados delitos. Con todo ello, que las organizaciones criminales observadas sepan, que el Poder Judicial de la Nación aquí representado no tiene intención de retroceder y que la idea de avanzar en la lucha contra el narcotráfico es decisión tomada.-

 

NOTA RELACIONADA: 

La Corte Suprema se hizo eco del Documento contra el narcontráfico de los Jueces Federales del Norte

 

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