El peronismo impulsa un proyecto de ley para limitar aumentos en los servicios públicos

CONGRESO NACIONAL

«Régimen de Equidad Tarifaria Federal». El oficialismo presentó La iniciativa en la cámara baja con el fin de que se limiten los aumentos de los servicios públicos. La propuesta es del diputado José Luis Gioja, y aspira a limitar los incrementos que afectan a los usuarios particulares y a las pymes.

Prevén la creación del «Régimen nacional y universal de beneficiarios de la tarifa social», el cual implica la conformación de un cuadro tarifario diferencial para jubilados, pensionados, beneficiarios de la prestación por desempleo, y monotributistas de las categorías más bajas, entre otros beneficiarios.

El diputado peronista, José Luis Gioja, impulsa la iniciativa oficialista para crear un régimen general de tarifas, que no podrán aumentar por encima de la variación del índice Ripte.

El proyecto se trata de crear un «régimen general de tarifas de servicios públicos de competencia nacional», que deberán ser «justas, razonables y transparentes».

La iniciativa establece que las tarifas y los valores de servicios públicos para usuarios de hogares no podrán tener incrementos que resulten superiores al índice determinado por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) acumulado desde la fecha de su último cambio o revisión tarifaria correspondiente.

También precisa que se encontrarán exceptuados los usuarios del servicio de gas doméstico que pertenezcan a la clasificación 3.4 o a categorías superiores y los de electricidad inscriptos en el rango 7 o por encima de éste.

Por otra lado, las tarifas de servicios públicos para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), las cooperativas de trabajo de fábricas o empresas recuperadas que se encuentren inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), no podrán incrementarse en una proporción mayor al valor que fije el Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) acumulado desde la fecha de la última modificación o revisión tarifaria.

A su vez, el proyecto instituye el «Régimen de Equidad Tarifaria Federal», que tiene por objetivo principal «evitar desproporciones y asimetrías en la aplicación de tarifas y de costos de jurisdicción nacional, que impactan negativamente en el desarrollo de regiones del país o en la calidad de vida de las personas que en ellas habitan».

La iniciativa de Gioja prevé la creación del «Régimen nacional y universal de beneficiarios de la tarifa social», el cual implica la conformación de un cuadro tarifario diferencial para jubilados, pensionados, beneficiarios de la prestación por desempleo, y monotributistas de las categorías más bajas, entre otros beneficiarios.

De acuerdo al texto, las tarifas de servicios públicos «se fijarán o modificarán con participación previa y no vinculante de asociaciones de usuarios y consumidores, del Defensor del Pueblo de la Nación y de organismos de control».

Además, también contempla la instauración de un«plan de sustentabilidad de los regímenes de servicios de gas y electricidad», que consistirá en una remisión directa de recursos para atender diferencias entre cargos de generación y/o transporte con servicios de distribución, y en la posibilidad de pagar diferencias a generadores y transportistas mediante títulos públicos.

Los ítems más importantes del proyecto:

Las tarifas y costos por servicios e insumos a abonar por los usuarios deberán contemplar el impacto de las condiciones climáticas de cada región o provincia, su nivel de desarrollo económico, la situación socioeconómica de sus habitantes y los perjuicios que provoque la imposibilidad de acceso a alguno de los servicios.

Es un deber del Estado Nacional fijar tarifas para promover el desarrollo y la mejor calidad de vida de las zonas más postergadas del país.

No se podrán fijar tarifas de costos más altos para usuarios residenciales que habiten en zonas con indicadores de necesidades básicas insatisfechas mayores en relación con otras de mejor calidad de vida.

Deberán adoptarse medidas tendientes a la eficiencia energética, el ahorro, la preservación ambiental y el consumo responsable, generando incentivos que eviten el derroche.

La iniciativa también dispone el dictado de la “emergencia energética” hasta el 31 de diciembre de 2022, que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a renegociar los contratos y licencias de prestación de los servicios públicos.