El tema de las jubilaciones en el Acuerdo con el FMI

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«Cuando analicen los números, van a notar que el problema es más complicado», señaló Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA-A.

En el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), surgieron versiones de una reforma jubilatoria en el país que luego fueron desmentidas por Alberto Fernández. “No habrá ninguna reforma previsional. Sólo estudiaremos el régimen de los diplomáticos y jueces. Y analizaremos la posibilidad de una extensión voluntaria de la vida laboral”, expresó el mandatario.

Al respecto, el coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma -Luis Campos- sostuvo  por Canal Abierto Radio:

“Siempre en el marco de programas del FMI, la cuestión de jubilaciones aparece casi como tema obligado, se ponga o no en los memorándum y cartas de entendimiento. Esto tiene una razón de peso, y es que estos programas suelen tener un componente muy fuerte de ajuste en gasto público, y uno de los principales componentes es el gasto jubilaciones y pensiones. Aún si no se pone en los textos que se firmen con el FMI, lo cierto es que cuando se analice el gasto público siempre van a figurar estos ítems”.

Teniendo en cuenta los discursos que circularon en los medios de comunicación respecto a modificaciones en los regímenes diferenciales, Campos explicó: “implica jubilarse con montos más beneficiosos en comparación con otras jubilaciones. Hay personas del sistema judicial y embajadores que cobran jubilaciones superiores a los 500 mil pesos por mes”.

Otra de las iniciativas que se hicieron públicas y que el Gobierno evalúa es “la ampliación de la edad jubilatoria”, ya que se hizo “referencia a trabajadores que voluntariamente quieran seguir trabajando luego de la edad máxima y puedan hacerlo”. “Cuando empiezan a hablar de voluntariedad hay que preocuparse porque es el mecanismo para postergar la jubilación y así reducir el gasto estatal”, alertó el dirigente de la CTA-A. Y explicó: “Esto sería que la persona siga trabajando y aportando sin cobrar jubilación”.

A su vez, Campos indicó que “a estos temas nunca hay que tratarlos de manera aislada, porque lo que en definitiva hace el aumento de la edad jubilatoria es generar mayor cantidad de trabajadores buscando trabajo generando una presión en el sistema que puede traducirse en mayor desempleo”.

El especialista recordó que esta reforma del sistema jubilatorio a magistrados del Poder Judicial se realizó hace dos años, por lo que es “llamativo” que se esté discutiendo nuevamente. Asimismo, anticipó que “cuando se pongan a analizar los números del sistema notarán que el problema es bastante más complicado” y explicó que el Poder Judicial tiene un régimen diferencial porque “no están sujetos al tope máximo de la jubilación que es de 220 mil pesos cuando hay magistrados que cobran por encima del millón” y “la contracara de esa diferencia es que tampoco hay un aporte máximo al sistema” cosa que si ocurre en el caso de los y las trabajadoras sujetas al régimen general de jubilaciones.

“Si se decidiera bajar el monto de la jubilación de jueces y que, por ejemplo, en vez de cobrar un millón de pesos cobraran 220 mil pesos que es la jubilación máxima del régimen general, también había que bajar los aportes que realizan esos jueces cuando están en actividad porque los aportes y el haber previsional son dos cuestiones que van de la mano”, especificó Campos, recordando que cuando el Ministerio de Trabajo hizo el cálculo años atrás “no necesariamente daba que el resultado de una modificación de este tipo de regímenes fuera beneficioso para el Anses”.

“Cuando se pongan a trabajar con los números finos yo no tengo tan claro que les vayan a dar tan bien para hacer una reforma integral del sistema si no se atacan al mismo tiempo los montos de las jubilaciones y de los activos que sostienen el sistema jubilatorio”, manifestó el coordinador del Observatorio.

“Hay que tener en cuenta que en los documentos que se firmen en estas semanas del acuerdo con el FMI puede que no hagan referencia al sistema jubilatorio, pero como bien se discutió estos acuerdos tienen revisiones trimestrales para revisar las pautas a las que se comprometa nuestro país. Si estas pautas no se cumplen el Estado deberá pedir perdón al Fondo por haber incumplido las metas lo que puede implicar una renegociación donde aparezcan exigencias ya sobre reformas concretas como sucedió en 2001 con el blindaje y megacanje entre otros programas que incluían, entre otras cuestiones, que el Estado Nacional redujese nominalmente el gasto al cual estaba comprometido en el pago de salarios y jubilaciones, de ahí se derivó ese famoso recorte del 13%”, concluyó Luis Campos.

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