“Es un error de la Iglesia imponer su idea a todos”

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay estuvo en Salta y fue entrevistado por la periodista Gimena Granados de El Tribuno. Reproducimos la entrevista.

“El aggiornamento con la ley de matrimonio igualitario responde a hechos de la realidad que existen en la sociedad”. “Resultan penalizadas las mujeres de medios y bajos recursos. Someterlas a un trato ultrajante no corresponde”. El reconocido constitucionalista Daniel Sabsay se manifestó en contra de los cuestionamientos de la Iglesia Católica al proyecto para reformar el Código Civil.

Las autoridades eclesiásticas se oponen a la reafirmación de derechos para las parejas homosexuales, la simplificación de los divorcios y las técnicas de fertilización que se incluyen en la iniciativa que debe debatir el Congreso de la Nación.

El jurista estuvo en Salta esta semana para participar de un encuentro nacional de organismos de control y también cuestionó la enseñanza religiosa que se imparte en las escuelas públicas de la provincia.

Además, opinó que se debe facilitar que las embarazadas como consecuencia de una violación puedan interrumpir la gestación si lo desean. Según consideró, hasta ahora “las penalizadas son las mujeres de bajos recursos”.

En el proyecto para reformar el Código Civil ¿Qué puntos le parecen avances y cuáles cree que deberían debatirse más?

Veo muy bien que se haga una reforma mayor del Código Civil porque no sucedía desde 1967.

Sé que hay cuestiones vinculadas con el derecho de familia, como matrimonio y filiación, que dan lugar a muchos resquemores.

En general, me parece que el proyecto trata de regular lo que ya ocurre todos los días poniendo ciertos límites.

Creo que lo peor, cuando surgen nuevas nociones jurídicas, es no asumir la necesidad de darles un marco porque a uno le molestan. Digo que es peor porque igual se producen, pero sin límites.

Que se reconozcan distintos tipos de uniones o el aggiornamento con la ley de matrimonio igualitario responde a hechos de la realidad que existen en nuestra sociedad.

Son los aspectos que está cuestionando la Iglesia.

Para la Iglesia es difícil. Me parece que, con todo respeto, lo que debe entender la Iglesia es que es totalmente lícito y respetable que a sus feligreses se les impongan esas normas de fe porque voluntariamente han adherido a esa campana de valores y pensamiento.

Pero lo que me parece un error de parte de la institución eclesiástica es querer imponerlo a todos, porque en Argentina hay distintos credos e incluso gente que no profesa ninguno.

Creo que querer imponer la visión de un solo credo en cuestiones que tienen que ver con las acciones privadas es pecar de una actividad autoritaria que no condice con una autoridad moral tan elevada como es la Iglesia Católica. Y esto creo que le corresponde a cualquier otro credo.

En Salta existe un debate porque se enseña religión en la escuela pública. Hay padres que denuncian que se imparte la visión del catolicismo y no se incluye la de otros credos. Incluso hay un recurso de amparo por este tema ¿Qué opina?

Creo que marca una rémora que se presenta en muy pocos lugares del país… una situación de desigualdad.

Lo importante es el respeto a las minorías. Para los que no profesan el culto católico, imponer que se tengan que ir de la clase, genera una gran fractura entre los alumnos.

Me parece muy bien que esa instrucción se canalice dentro de cada institución religiosa y en los hogares católicos ¿Por qué también trasladarla al colegio?

Es una actitud, para mí, muy poco republicana porque república implica igualdad y división entre Estado e Iglesia. Creo que eso debe terminar.

¿No es argumento el hecho de que la Constitución diga que se sostiene el culto católico?

Para mí, no. En primer lugar, creo que esa es una norma que ha quedado cada vez con menos vigor. Es de la época en que existía el patronato y ya desde 1966 no existe.

Tenía alguna razón de ser cuando el presidente y el vicepresidente debían ser miembros de la religión Católica Apostólica Romana. Eso se terminó con la reforma constitucional de 1994.

Inclusive se terminó también la necesidad del juramento sobre los Santos Evangelios. Ahora se puede jurar por la religión que se comparta o del modo que se quiera.

Siempre fue difícil la interpretación de qué se quiere decir por “sostenimiento” y hay muchas interpretaciones. Hoy prácticamente ha perdido el significando.

La Corte Suprema de Justicia resolvió que el aborto no es punible para mujeres embarazadas como producto de una violación. Sin embargo, hay provincias, como Salta, en las que hay reclamos porque el Estado está imponiendo la necesidad de que las víctimas hagan una denuncia policial u otros trámites que la Corte no dispuso para acceder a la práctica.

El fallo de la Corte Suprema sobre los abortos no punibles es un paso adelante importantísimo. Termina con una situación de seria desigualdad.

Una mujer violada en un medio social alto no tiene ningún tipo de inconveniente, porque lo hace en las mejores condiciones y sin que nadie se entere.

Las que resultan penalizadas son las mujeres de medios y bajos recursos que, además, son las más vulnerables a las violaciones. Someterlas a un trato absolutamente ultrajante me parece que no corresponde en esta época de la evolución de la humanidad.

Por otra parte, hay varios tratados internacionales, que en Argentina tienen jerarquía constitucional, contra la discriminación hacia la mujer y contra la violencia de género. Eso nos exige que, en materia de aborto, tengamos una mirada diferente.

Ahora bien, dentro del sistema judicial argentino los fallos de la Corte no obligan a los otros niveles de Gobierno o tribunales de provincia.

Pero por una cuestión de economía procesal, no tiene mucho sentido que los tribunales inferiores contradigan lo que dice la Corte porque obligan a que se vuelva a la Corte y ya sabemos lo que piensa.

No debemos olvidar de que en este caso es una jurisprudencia que trata de respetar la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos.

Se está debatiendo sobre la posibilidad de que se reforme la Constitución Nacional para habilitar una nueva reelección ¿Qué cree?

Soy abiertamente contrario a todas las reelecciones y lo he sido desde 1983 en todas las oportunidades en que un presidente, de manera directa o indirecta, suscitó la necesidad de modificar las instituciones simplemente para hacerse reelegir.

Me parece que las instituciones son algo demasiado importante para modificarlas para satisfacer las aspiraciones de una persona.

“Los medios tienen un rol de control”

El Gobierno nacional dice que en diciembre el grupo Clarín se tiene que desprender de licencias para cumplir con la ley de medios, lo que genera una fuerte tensión. Desde el punto de vista del derecho, ¿es así?

Creo que esta suerte de batalla que lleva el Gobierno nacional parte de una visión muy errada de lo que son los medios de prensa. Los medios deben investigar y tienen un rol de control.

Además, la interpretación que hace el Gobierno de la sentencia de la Corte de Justicia sobre el tema está totalmente alejada de la verdad jurídica.

La Corte dijo, frente a una solicitud interpuesta por Clarín, que era razonable que la medida cautelar (que suspende la necesidad de que el grupo se desprenda de licencias) durase hasta el 7 de diciembre. Pero ello podía ser revisado y se podía prorrogar la medida cautelar si no había una definición sobre el fondo de la cuestión… En derecho, no debería pasar nada en diciembre.

Después de algunos posicionamientos suyos sobre el tema, resurgieron cuestionamientos sobre la intervención de su estudio en el caso de una metalúrgica recuperada en Buenos Aires (Se denunciaron sobreprecios) ¿Qué puede responder?

A mí me sorprendió enormemente porque no tuve ninguna intervención en esa metalúrgica, en lo que fue el acuerdo.

Yo simplemente actué al principio, con el juicio de expropiación. Después me alejé porque, además, dejé de pertenecer al estudio en el cual se llevaban las actuaciones.

Cuando el Tribunal determina los honorarios, yo los cedo a favor de los otros estudios posteriores. No hay más que ir a los expedientes para darse cuenta de que es así.

No quiero creer que es algo contra mi persona. Me parece que se inscribe, más bien, en el conflicto de sectores del Gobierno nacional y el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Además, el acuerdo fue homologado por los dos jueces: el de la quiebra y el de la expropiación. Así que pasó todos los controles, además de la Fiscalía del Gobierno.

Me gustaría que quede claro. Son hechos incontrastables. No hay más que ir a las actuaciones.-

 

 

Fuente: Gimena Granados – El Tribuno – Publicado por Que Pasa Salta